Apenas se habían conformado, después de las recientes elecciones locales del pasado mes de mayo, los nuevos grupos de gobierno cabildicio y municipales, la comidilla callejera, el principal tema de conversación en oficinas, bares y cafeterías hacía referencia, inevitable e invariablemente, a la decisión de las distintas mayorías de gobierno de autoadjudicarse una sustanciosa y golosa subida salarial, que en algunos casos no sólo alcanzaba a los propios consejeros, alcaldes o concejales sino también, del bolichazo, a asesores de unos y otros. Teniendo en cuenta que las cuentas -valga la redundancia- de casi todas esas instituciones oficiales están al límite o al borde del colapso, tamaña y tan repentina primera decisión política tiene todavía hablando solos a la inmensa mayoría de los lanzaroteños, que somos los finalmente pagaremos esas jugosas soldadas con nuestros impuestos y demás contribuciones.
Es inevitable: en el país de la picaresca, lo lógico es que se hable mucho por las esquinas, las barras de los bares y otros mentideros sobre los sueldos o sueldazos que se embolsan los políticos lugareños y sus mozos de espadas o asesores de la nada. No vamos a entrar en mayores detalles porque siempre es de muy mal gusto hablar de sueldos y dineros ajenos, pero es lo cierto que a día de hoy, y como no ignora ningún lector de este único diario impreso lanzaroteño, la práctica totalidad de los políticos con cargo público que ejercen en Lanzarote reciben una remuneración (por lo demás, bastante generosa) por su labor, suponiendo que la hubiera, que en no pocos casos sabemos que es mucho suponer. En cualquier caso, tampoco es que tenga que ser obligatoriamente algo negativo el hecho de que en los últimos años haya crecido el número de los políticos locales que han convertido esa labor en una profesión, en un negocio redondo o cosa parecida. De lo que se trata es de que, una vez instalados en el poder -o en los aledaños del mismo- luego sepan rendir con auténtica profesionalidad y con la eficacia y la dedicación que se merece el pueblo al que, al menos en teoría, se le va a servir.
Sin embargo, esos casos de auténtica profesionalidad y valía suelen ser la excepción que confirma otra regla mucho menos edificante o gozosa. Pero, además de todo lo dicho hasta aquí, sigue existiendo también en muchas instituciones públicas asentadas en Lanzarote un miedo inexplicable (inexplicable al menos desde el punto de vista puramente democrático) a que la opinión pública conozca, con todos los pelos y señales que la teórica y casi nunca vista transparencia administrativa exige, lo que cobran, además de los propios gobernantes, los asesores de los respectivos alcaldes, concejales o consejeros. Unos asesores que, por desgracia y como tampoco se le escapa a casi nadie a estas alturas, es el diplomático nombre que se les suele colocar eufemísticamente a los que no son otra cosa que simples enchufados, para no andarnos con rodeos y llamar a las cosas por su verdadero nombre.
Otro magnífico botón de muestra de la falta de buena o mínima profesionalidad y talante democrático de los políticos que gozamos o sufrimos por aquí abajo nos lo ofrece en bandeja esa otra manía tan penosa como ridícula de intentar trabajar "por el pueblo, pero sin el pueblo”. Eso por no hablar de esa enorme y peligrosa distinción que se está haciendo entre los políticos y el denominado ciudadano de a pie, lo cual conlleva la creación de una especie de castas: la de los gobernantes arriba, en su torre de marfil y ajenos a las necesidades ciudadanas más básicas, y la de los gobernados por debajo, huérfanos de auténticos representantes públicos. En suma, la total degeneración de la democracia. Campo abonado, una vez más, para que siga creciendo la abstención electoral de la que luego se quejarán los mismos que la propician con su ineptitud política y su descaro salarial.