Este martes el Cabildo de Lanzarote daba a conocer una nueva sentencia en la que se avalan de alguna forma las tesis que ha defendido el Cabildo insular en su lucha contra las licencias dadas en dos ayuntamientos en concreto durante el periodo de tramitación de la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), lo que popularmente conocemos como moratoria. Esta última, la número once en un verano muy curioso desde el punto de vista judicial (se supone que a partir de este primero de agosto en la justicia no se trabaja) tiene que ver con el polémico hotel Papagayo Arena. En la información difundida por el Cabildo a todos los medios (hay que decir que ahora sí se distribuyen a todos los medios por igual las sentencias, cosa que aplaudimos, a pesar de que la número diez, la del Rubicón Palace, nos llegara el lunes en lugar del viernes o el sábado como al resto) se explica que este establecimiento, con capacidad para 747 camas turísticas, levantó sus 12 plantas de altura en primera línea de la Playa de Las Coloradas (Playa Blanca) amparándose en dos licencias urbanísticas otorgadas por el alcalde de Yaiza en las parcelas 1 y 2 del Plan Las Coloradas, que eran contrarias a la ordenación territorial y urbanística. En sentencia dictada el pasado 8 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote contra las dos licencias urbanísticas, una para el proyecto básico y otra para el proyecto de ejecución, concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza el 1 de junio de 1998 y el 11 de agosto de 2000, respectivamente. El Cabildo, además, advierte de que es muy probable que esta sentencia sea declarada firme próximamente por no caber contra la misma recurso de casación.
Independientemente del contenido de la sentencia, contra el que evidentemente no tenemos nada en absoluto (seguimos en nuestra línea de protección a ultranza de nuestro frágil territorio y de perseguir las muchas ilegalidades que nos invaden), tenemos que hacernos eco de una cuestión que empiezan a preguntarse muchos ciudadanos en la calle, cuestión que además nos han trasladado algunos lectores: ¿realmente se están notificando las sentencias según entran en el Cabildo o existe una estrategia jurídica para difundir la información por goteo? Ciertamente, no lo sabemos, aunque preferimos creer, como entendemos que cree la mayoría, que las sentencias se van notificando por orden de llegada, sin que exista ningún tipo de estrategia. De ser así, haría falta una explicación por parte de la presidenta, Manuela Armas, para que diga a todos los afectados por qué se estaría actuando de este modo, para que diga a los ciudadanos si realmente es efectivo dosificar la información.
Este último caso además es muy especial. Para el Cabildo de Lanzarote, el caso del Hotel Papagayo Arena supone el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico, dado que la propia Corporación insular había denegado ya, a través de una resolución de la Presidencia con fecha de 16 de agosto de 2005, la licencia de apertura y puesta en funcionamiento del establecimiento, debido a las múltiples irregularidades y anomalías advertidas. En este sentido, la sentencia que nos ocupa viene a refrendar las tesis de esta Institución.
Este lunes, además, llegaban varias informaciones a esta redacción sobre la posibilidad de que los propietarios del establecimiento y el Gobierno central hayan llegado a un acuerdo económico para proceder a su inmediato derribo, lo que se podría anunciar durante la visita que va a hacer a la Isla el director general de Costas, José Fernández, este fin de semana en compañía del senador por la isla de Lanzarote, Marcos Hernández. Sea o no sea así, convendría aclarar la situación del hotel, especialmente para la tranquilidad de su personal, que suponemos que en estos días no lo estará pasando nada bien. Y hay que determinar con claridad que ellos no tienen culpa de nada de lo que ha sucedido ni de nada de lo que está sucediendo.