Los que siguieran las informaciones del día, saben que la Policía Nacional detuvo este jueves a tres personas presuntamente involucradas en la captación y facilitación de información considerada secreta, siendo el tercero el encargado de hacer llegar dicha documentación o información a partes directamente interesadas en las investigaciones abiertas. El asunto tiene que ver con el denominado caso “Faycán”. Este jueves se cumplió un año de la primera detención en esta investigación abierta en el municipio de Telde y que causó la destitución de parte del anterior grupo de Gobierno.
El hecho en sí es realmente grave. Podría calificarse incluso de gravísimo. Como ya se había dicho en varias ocasiones, el asunto de las filtraciones, no sólo a los interesados sino también a la propia prensa, en asuntos de este calado ha significado un tremendo problema no sólo político sino social.
Escribimos recientemente que no hay mejor forma de hacer periodismo de calidad que manteniendo la prudencia y la cordura en aquellos asuntos que requieren del sosiego necesario para no meter la pata. Precisamente esto es lo que les faltó a muchos medios que se lanzaron a la piscina intentando ver al presidente de todos los canarios, Adán Martín, como a un delincuente juzgado y condenado.
Esta actitud, como la de los propios tribunales de justicia que se dedican a airear estas cuestiones sin pararse a pensar en sus consecuencias, tiene que ser calificada de lamentable. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora. Lamentable es que se filtre de forma interesada que nada menos que el presidente de una Comunidad Autónoma ha sido escuchado telefónicamente e investigado por si pudiera estar relacionado con una trama de corrupción que todavía está por dilucidar. Lamentable es que se ponga en entredicho la honorabilidad de una persona que en tres décadas de dedicación a la vida pública jamás se ha visto golpeado por la sombra de la sospecha. No estamos en contra de que se investigue a la clase política, todo lo contrario, estamos en contra de que se haga un uso partidista y partidario de determinadas actuaciones judiciales y de determinadas investigaciones.
Exactamente lo mismo que dijimos sobre el presidente lo publicamos en su día sobre el caso del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y lo publicamos en su día sobre el alcalde de Antigua, Juan José Cazorla. Exactamente lo mismo lo publicaríamos sobre cualquier político al que se le saque esposado de su casa -como fue el caso del edil majorero- sin que esté demostrado que es culpable de haber cometido un delito, o simplemente se le intente vilipendiar utilizando un juego sucio con el que los medios honestos no deberían comulgar.
Hemos hablado de tribunales, aunque también, como demuestra la información difundida este jueves, hay policías metidos en el tema de las filtraciones. Al respecto, la propia Policía envió un interesante comunicado a los medios en los siguientes términos: “En relación a determinadas descalificaciones de algún representante político canario que ha cuestionado la actuación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las Islas por las detenciones de ediles en el curso de investigaciones contra la corrupción, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil desea manifestar lo siguiente:
El trabajo de los policías que han participado en la investigación de los hechos, así como de los responsables de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se ha ajustado siempre plenamente a la legalidad y al Estado de Derecho, y ha estado en todo momento bajo la supervisión de la judicatura y de la fiscalía.
Las actuaciones policiales, incluidas las detenciones realizadas, han estado sujetas de manera permanente a la instrucción judicial. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ante expresiones que ponen en duda el propio funcionamiento del Estado de Derecho, quiere defender la labor que realizan los funcionarios policiales en Canarias en favor de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos y que, como en el caso de los ediles detenidos, es ejercida con total respeto al ordenamiento jurídico.”
Nadie, al menos no en este diario, ha cuestionado nunca la actuación de los policías. Ellos al fin y al cabo cumplen órdenes. Lo que sí que es cuestionable, como escribía recientemente el periodista Andrés Cháves, es que a una persona se la detenga y se la espose cuando está llevando a sus hijos al colegio simplemente porque podría estar implicado en una trama de corrupción. Estamos convencidos de que situaciones así se podrían evitar, como se podría luchar con más contundencia contra las filtraciones.