Pueden pasar meses sin que tengamos noticias de los tribunales de justicia en los numerosos pleitos que mantiene en estos momentos el Cabildo insular con distintos promotores de planes parciales y con los ayuntamientos de Yaiza y Teguise por su diferente idea de entender el desarrollo de la última revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Luego, de repente, sucede lo que hemos visto en apenas tres días, en los que se han dado a conocer dos noticias de notable calado vinculadas con este polémico asunto y que caminan en direcciones absolutamente contrapuestas: por un lado, el sábado el Cabildo informaba con notable alegría del fallo judicial favorable que suspende el otorgamiento de una licencia dada por Juan Pedro Hernández en 2000 cuando era alcalde de Teguise, licencia que tenía como fin la construcción de unos apartamentos en la localidad turística de Costa Teguise, junto a Playa Blanca el lugar donde se posan todas las miradas inquisitorias en estos instantes; por otro, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la Modificación Puntual Número Uno del PIOT, lo que ha supuesto un notable varapalo para los intereses que defiende la Primera Corporación insular, como explica en nuestra edición de hoy el abogado de los dos ayuntamientos implicados, Felipe Fernández Camero.
Empezando por la segunda noticia, que es la más actual y posiblemente la de mayor repercusión, hay que destacar la contundencia de la decisión. En concreto, el TSJC ha vuelto a anular con una nueva sentencia judicial la Modificación Puntual Número 1 del Plan Insular referente a las determinaciones relativas a la ordenación de las actividades extractivas, sistemas generales insulares, regulación del turismo rural y establecimientos de criterios para la cuantificación de las plazas turísticas. Dicho así puede resultar complejo, incluso puede resultar lejano para la mayoría de los ciudadanos. No cabe duda sin embargo de que se trata de un nuevo y duro golpe al Cabildo de Lanzarote en su lucha por la contención del crecimiento que da la razón a los empresarios hoteleros, a las patronales turísticas y al Ayuntamiento de Yaiza. Como explica este diario en el análisis de la información, el tribunal canario determina que el planeamiento isleño, aprobado definitivamente el pasado año 2004 por el Gobierno de Canarias, “no se ajusta a Derecho”, por lo que incumple la norma en varios aspectos. En concreto, el fallo se basa en la vulneración de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales que prohíben las modificaciones del planeamiento que puedan alterar la clasificación del suelo y su calificación, si dichos cambios se inician antes de transcurrir un año desde la publicación de la aprobación de la última revisión del Plan.
Ahora sólo le queda al Cabildo la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, medida que al cierre de la edición de este lunes todavía no se había anunciado pero que sin embargo se intuye que se va a adoptar. De hecho, en la estrategia jurídica de la Primera Corporación insular no se entendió tampoco el primer fallo contrario en términos similares al que se dio a conocer este lunes.
Importante sin duda son las declaraciones efectuadas a este medio por el abogado de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise en este contencioso. Según su criterio, la sentencia tendrá también otras consecuencias, con unos equipamientos ya programados directamente en el Plan Insular que “podrían perderse”. Concretamente se declaraba de carácter público la sede la Fundación César Manrique y la Granja del Cabildo, haciendo desaparecer además el único campo de golf de la zona de Montaña Roja.
¿Hay motivos para la preocupación? Pues sí, sí que los hay. Y los hay porque la estrategia judicial que hasta ahora parecía soplar con vientos favorables se empieza a torcer en algunos aspectos importantes, como es este caso. Habrá que ver eso sí cuál es la posición que mantienen ahora los nuevos integrantes de las corporaciones de Yaiza y Teguise. En el caso de Yaiza se entiende que será la misma, a no ser que Coalición Canaria (CC), que es fundamental en estos instantes para garantizar la gobernabilidad, determine un cambio en la estrategia jurídica. Por lo que respecta a Teguise, su nuevo alcalde, José Dimas Martín, no ha dicho todavía si se van a mantener en los pleitos contra el Cabildo o si por el contrario se retirarán de los mismos, una cuestión importante a dilucidar en los próximos días. Eso no significa que los procesos se paralizasen, puesto que caminan paralelos también con las denuncias presentadas por promotores afectados por las decisiones que adoptó el Cabildo de Lanzarote cuando sacó adelante lo que popularmente se conoce como moratoria turística.
El segundo caso es totalmente distinto. El TSJC, en una sentencia emitida el pasado 15 de junio, declara la nulidad de la licencia concedida el 11 de mayo de 2000 por el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, para la construcción de 67 apartamentos (Galeón Playa), en la parcela 4123 de Costa Teguise. Dado que contra esta sentencia no cabe recurso de casación, será ratificada y declarada firme en próximas fechas. Es una buena noticia desde el punto de vista de la contención del crecimiento, sin duda, como bien explicaba en la nota de prensa enviada a este diario la nueva presidenta de la Primera Corporación insular, Manuela Armas, que parece seguir la misma estela de sus antecesores en el cargo en este farragoso terreno. La presidenta ha destacado el reconocimiento expreso realizado por el TSJC de la plena vigencia del PIOT del 1991, y su capacidad normativa para ordenar la actividad turística, de manera compatible con la autonomía municipal. Esto lo dijo, claro está, antes de que se conociera el nuevo fallo judicial. Habrá que esperar a este martes para conocer cuál es la nueva reacción del Cabildo y de sus servicios jurídicos.