Una nueva patera llegó este lunes a las 04:30 horas de la madrugada a la costa norte de Lanzarote, en Arrieta. Tras desembarcar y dispersarse, la Guardia Civil montó un dispositivo de búsqueda que ha permitido la detención de 12 inmigrantes hasta ahora, entre ellos cinco menores. Este es el resumen de la noticia que publica este diario en su edición de hoy, referida a un asunto que por desgracia nos suena demasiado por esta parte del Archipiélago, la constante llegada de inmigrantes irregulares.
Con el cambio de orientación de las mafias que controlan este vil negocio la llegada de inmigrantes irregulares pasó a Gran Canaria y Tenerife, pasando de las pateras a los cayucos. Fue entonces cuando se produjo una monumental reacción en el Gobierno canario y en el Gobierno central, convirtiendo el asunto en un tema de Estado. ¿Habrán cambiado ahora de opinión, dejarán pasar el tiempo como lo dejaron pasar en la década de los noventa porque el asunto afecta ahora a Lanzarote y a Fuerteventura? Suponemos que no serán capaces de hacer algo así, porque en todo estos viajes se siguen poniendo en riesgo muchas cosas, sobre todo vidas humanas.
La situación de Canarias sigue siendo preocupante, aunque poco a poco vaya remitiendo el problema y se extienda la solidaridad. De hecho, hace unos días el Gobierno y las comunidades autónomas alcanzaron “un acuerdo de fondo” para el reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a la Península, resolviendo uno de los problemas más graves de los que se arrastran con el fenómeno de la inmigración. Se trata sin duda alguna de un acuerdo notable, no sobresaliente porque no está suscrito por todas las comunidades autónomas.
Parece que poco a poco se ha entendido en la Península que el problema de la inmigración irregular que afecta seriamente y con crudeza a Canarias no es una broma, ni mucho menos una cosa que pueda resolver una sola Comunidad Autónoma. Pero falta mayor intensidad en las actuaciones.
De hecho, que haya más de quinientos menores inmigrantes en los centros de acogida de las Islas supone algo más que un serio problema. Sin ser alarmistas, debemos recordar ahora los problemas que se crearon en los centros de acogida de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote cuando los menores inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí, causaron todo tipo de problemas, no sólo con graves amenazas y agresiones a sus cuidadores sino con destrozos de material como el que se padeció en la sede de la Cruz Roja en Arrecife. El tema de los menores inmigrantes es serio y delicado. Ni quinientos niños ni cien pueden estar en un solo lugar a la espera de que se encuentre el modo y la forma de atenderlos correctamente. En este asunto, como en el del reparto de los inmigrantes no menores, se necesita, se requiere, la inexcusable colaboración del resto de las comunidades autónomas. No se trata de solidaridad sin más, se trata de justicia. Además, ya se sabe que a las malas se puede emplear la fórmula que ya empleó hace años José Manuel Soria con los inmigrantes que se encontraban en el parque de Santa Catalina o que se utiliza en estos momentos por parte del Gobierno regional, subirlos en un avión de línea regular y dejarlos en cualquier provincia de la España peninsular.
Como aquí no creemos que haya que llegar a esos extremos, lo más lógico es que el asunto, a falta de que se encuentre una solución de mayor calado, se arregle por otros cauces. Y parece un cauce adecuado el de la asunción por parte de otras comunidades autónomas de una porción del problema.
A pesar de todo, las muertes siguen golpeando con crudeza en nuestras narices. Fuentes policiales detallaron que los inmigrantes supervivientes del naufragio detectado este miércoles declararon que la lancha neumática se partió en dos y que un grupo se hallaban en la proa y otro en la popa de la embarcación cuando fueron auxiliados por el buque a 120 millas al sur de Gran Canaria. ¿Cuántos seres humanos están muriendo en el mar, cuántas personas están perdiendo la vida por intentar llegar a la tierra de las oportunidades? Nunca lo sabremos.