El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, aseguró esta semana en el Parlamento de Canarias que el aumento de los índices de delincuencia en Lanzarote y Fuerteventura son “muy graves”. En la primera, en el último año, el número de expedientes incoados creció un 20,68 %, mientras que en el partido judicial de Puerto del Rosario fue del 39,69 %. Ruano anunció la elaboración de un balance propio ante los contradictorios datos de la Delegación del Gobierno y la memoria de 2006 de la Fiscalía General del estado.
Inmediatamente después el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Carmelo García Déniz, dijo en la Isla que las cifras ofrecidas en la Cámara regional no se corresponden con la realidad que cada día despacha en su oficina. ¿A quién debemos creer? Pues de momento a la sensación generalizada que se tiene, la de una isla que ya no es tan segura. Para muestra un botón, la denuncia que hizo este jueves en los micrófonos del programa “El Despertador” de la 95.8 el ex consejero del Cabildo Pedro Hernández, quien aseguró que a un ganadero de Tinajo le han robado nada menos que una veintena de ovejas y un importante número de aperos de labranza y herramientas.
En la provincia de Las Palmas se pasó a 112.482 en 2006 desde los 104.000 de 2005. En Santa Cruz de Tenerife, el aumento fue de los 93.000 de hace dos años a los 95.492 de 2006. Esta variación representa un incremento medio en las Islas del 6,39 %.
El consejero de Justicia y Seguridad declaró en el Parlamento regional que estos datos “claros” muestran que “no hay un ajuste” con la reducción del número de delitos ofrecidos por la delegación del Gobierno.
¿Es en estos momentos Lanzarote una isla segura? Si atendemos estrictamente a las noticias que un día sí y otro también tenemos la obligación de publicar en este diario, la respuesta es no. Sin embargo, abordando un tema de tanta importancia hay que hacer un análisis sereno y sosegado, sin extremismos y sin exageraciones. Lanzarote en general es una isla segura, pero cada vez menos. El crecimiento poblacional que ha experimentado en los últimos años y el cambio de costumbres introducido en una sociedad tradicionalmente tranquila y pacífica han provocado una mutación en este sentido.
Es curioso, porque la percepción ciudadana y las cifras caminan por lugares totalmente distintos. De hecho, el número de delitos y faltas cometidos en la capital lanzaroteña en el último año se redujeron un 18,53% respecto a 2005. En cifras absolutas se pasó de 3.256 denuncias presentadas ante la Comisaría Nacional de Policía en 2005 a las 2.913 registradas en el año que acaba de terminar. La reducción fue superior en las faltas con una diferencia de 219 en un año frente a una reducción de 204 delitos.
Aunque desde la marcha de Raimundo Villanueva la información emanada de la comisaría de Arrecife ha descendido más que notablemente -ahora es nula-, lo cierto es que los datos que se dieron como oficiales ya se habían transmitido a este medio por otras fuentes. Parece que hay que estar esperanzados ante una situación que hace unos años se planteaba ciertamente compleja, pero insistimos que la realidad, al menos la realidad que muchos ciudadanos perciben, difiere bastante.
Arrecife sigue siendo una ciudad en constante expansión que arrastra numerosas carencias en materia de seguridad, que necesita de grandes e importantes mejoras en este campo.
Por eso no es extraño que el jefe de la Policía Local de Arrecife, José Antonio Lasso Tabares, dijera en declaraciones realizadas al programa “El Despertador” de Lanzarote Radio que necesitan incrementar sus efectivos, que la demanda de vigilancia en la capital cada día es mayor y ascendente el número de vehículos circulando que exigen intensificar los controles. No obstante, la plantilla en servicio de este Cuerpo de Seguridad no alcanza a responder a todas las necesidades de la capital. La plantilla de la Policía Local la conforman 72 personas, incluidos los mandos. Sin embargo, no es el número de efectivos que a diario está en la calle, ya que algunos están de baja, otros en excedencia y también los hay, que por su edad, desarrollan otras actividades que no son de vigilancia, pero igualmente necesarias. En definitiva, alrededor de 50 policías son los que realmente están operativos, lo que significa una de las cifras más bajas de todo el país en proporción al territorio y a los habitantes que se vigilan.
Tanto el Ayuntamiento capitalino como el Gobierno canario y el Gobierno central tienen que hacer un esfuerzo para seguir dotando de seguridad a la capital lanzaroteña, un lugar que por unas razones u otras termina siempre estando dejado de la mano de Dios. Haremos hincapié en esta cuestión las veces que sea necesario.