“Doce inmigrantes subsaharianos que trataban de llegar ilegalmente a Canarias en una embarcación murieron en su travesía desde África, mientras que otros 28 lograron sobrevivir. Los supervivientes relataron que durante su travesía arrojaron al agua los cadáveres de 11 compañeros que no sobrevivieron a la dura travesía. Dos cuerpos correspondían a menores de edad. De los hospitalizados por el mal estado de su salud, tres permanecen en estado grave. El domingo, una patera naufragó con 29 ocupantes cerca de la isla de Fuerteventura. Un barco español rescató posteriormente a 15 de ellos y 13 fueron evacuados por un helicóptero que los trasladó a un hospital, junto al cadáver de un hombre que no pudo sobrevivir al naufragio. Uno de los heridos que ingresó en el centro médico con quemaduras graves falleció este lunes, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno regional. Otros dos permanecen ingresados, aunque su estado no es grave, y dos más están en la unidad de observación”.
Este es el triste relato que se recogía en las crónicas de agencia de este lunes, hablando de un fenómeno que por desgracia en Canarias ya pasa casi desapercibido, puesto que son pocas las personas que lo siguen, hastiadas, aburridas, cansadas de ver que no se hace nada para remediarlo. Es triste, y aunque es cierto, como recordaba el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote en una entrevista concedida en la 95.8, en el programa Punto de Mira, que ha descendido la llegada de pateras y cayucos, no es menos cierto que el fenómeno sigue golpeando con crudeza.
Carmelo García Déniz hablaba además en esa entrevista del tema del centro de internamiento para inmigrantes en Lanzarote, un asunto que nadie quiere abordar pero que tendrá que volverse a tratar en la presente legislatura.
Nos han vendido no pocas veces la necesidad de que en Canarias cerráramos la boca y calláramos tanto las autoridades como los ciudadanos porque en la Península se estaba haciendo un esfuerzo tremendo para acoger a todos los inmigrantes irregulares que les enviábamos desde aquí. Desde luego, jamás se ha negado esta práctica, porque es cierto que se ha hecho. Y uno de los que la inició fue precisamente el presidente del Partido Popular (PP), José Manuel Soria, cuando era alcalde de Las Palmas y en Madrid gobernaba su partido, con José María Aznar al frente. El alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, puso el grito en el cielo cuando se enteró de que había llegado a Barajas un avión procedente de Gran Canaria cargado de inmigrantes irregulares que habían acampado durante semanas en el parque Santa Catalina. La determinación de Soria, al que en su día aplaudimos por la iniciativa, fue seguida por otros políticos canarios, conscientes de que estamos en un territorio pequeño, frágil y limitado que no puede asumir ni de lejos lo que en muchos casos ha sido una auténtica avalancha migratoria.
Durante este tiempo, insistimos, hemos tenido que escuchar las quejas de comunidades como Murcia, Valencia o Madrid, a las que llegaban los inmigrantes que evidentemente no se podían quedar aquí. Entendemos su queja, aunque no compartamos ni entendamos la falta de solidaridad.
Bien, resulta que la cosa es bastante más distinta a como nos la pintan. Así se puso de manifiesto en esta legislatura en la Cámara Alta. El senador de Coalición Canaria (CC) por la isla de Tenerife, Ricardo Melchior Navarro, expuso al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el pleno celebrado en el Senado que es “inexplicable” que la Comunidad Autónoma de Canarias albergue el 85 por ciento de las plazas permanentes y provisionales que existen en la red estatal de centros de internamiento y de acogida de inmigrantes irregulares. El senador tinerfeño subrayó durante su pregunta al ministro del Interior que “la mayor cuantía de inmigrantes que cruzan nuestras fronteras de manera ilegal lo hacen a través de puertos, aeropuertos y carreteras del territorio peninsular”. Un dato imposible de creer con todo lo que se ha piado en contra de Canarias. Nada menos que el 85 por ciento.
Los datos oficiales aportados por el Ministerio del Interior y publicados en las Cortes Generales reflejan que en Canarias existen 1.763 plazas fijas y en los centros de la Península tan sólo hay 805, mientras que los espacios provisionales habilitados por el Gobierno del Estado en el Archipiélago tienen una capacidad de 4.670 plazas, mientras que en el resto del Estado tan sólo podrían albergar a 350. El Archipiélago cuenta con un total de 6.433 plazas, que suponen el 85 por ciento de las que existen en toda España, que cuenta con una capacidad global para atender a 7.588 inmigrantes. Además, desde la publicación de estas cifras, en noviembre de 2006, el Ministerio del Interior no ha ejecutado nuevos proyectos en la Península para incrementar la cobertura de sus centros, pese a que el número de inmigrantes en situación irregular ha aumentado desde dicha fecha.
El ministro del Interior eludió responder al planteamiento expuesto por Ricardo Melchior y se limitó a contestar que “la cifra de llegada de inmigrantes irregulares a bordo de cayucos ha disminuido notablemente”.
Esperemos no volver a tener que oír disparates de otros lugares en los que evidentemente no tienen ni idea de lo que está padeciendo Canarias con la constante llegada de inmigrantes irregulares, sitios en los que evidentemente no viven de cerca el tremendo drama de las personas que se echan al mar de forma desesperada en busca de una segunda oportunidad y en la mayoría de los casos sólo encuentran la muerte.