Este miércoles se ponía en escena un absurdo más de los muchos que todavía forman parte de nuestras normas y leyes en Canarias. Los 16 consejeros del Partido Socialista Canario (PSC) y Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria presentaron la moción de censura contra el investido este martes presidente de la Corporación insular, José Manuel Soria, al que relevará en el cargo el próximo 9 de julio, tras su aprobación, el socialista José Miguel Pérez. Es increíble que a día de hoy sigamos permitiendo que se produzcan esperpentos políticos de esta magnitud. Y no nos referimos por supuesto al democrático derecho que tienen dos partidos -aunque ninguno de ellos sea el más votado por los ciudadanos- a pactar para derrocar a un tercero. Nos referimos a la obligación que sigue existiendo de que el candidato de la lista más votada a cualquiera de los siete cabildos asuma la presidencia del mismo incluso a sabiendas de que cinco minutos más tarde se le va a colocar una moción de censura, como ha sido el caso de Gran Canaria.
Lo normal es que se empleara un sistema parecido al de los ayuntamientos, que cada grupo proponga a su candidato o vote por el que estime oportuno. Así nos habríamos evitado la comedia que supone ver a un presidente censurado cuando no ha tenido tiempo para dar motivos a nadie para censurarle.
La otra parte de esta importante historia (debería servir para propiciar el cambio del que hablamos) tiene que ver con la distinta forma en la que unos políticos y otros asumen los torcidos renglones de nuestra democracia.
En poco o en nada se ha parecido la reacción que ha tenido José Manuel Soria a la que tuvo en su momento Juan Fernando López Aguilar cuando supo que perdía el poder. El presidente de los populares canarios, admitiendo como admitió que no le hacía mucha gracia lo que iba a ocurrir, destacó que se trataba de un acuerdo absolutamente democrático. No habló en ningún caso de que se vulneraba el mandato de las urnas ni cosas parecidas como sí llegó a decir el líder socialista. También es cierto que muchos pensarán que la reacción de Soria habría sido distinta en el caso de que no tuviera asegurado ya el cargo como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del próximo Ejecutivo regional.
Aunque no había razones para censurar a alguien que todavía no había empezado a gobernar, los firmantes de la moción de censura las encontraron. Según manifestaron este miércoles en una rueda de prensa los portavoces de ambos grupos, José Miguel Pérez y Román Rodríguez, con la conformación de una nueva mayoría de gobierno “de progreso y plural”, el PSC y NC persiguen “crear en Gran Canaria el trampolín principal de lo que debe ser, más pronto que tarde, un cambio de contenidos en toda la política canaria”. Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias y ex presidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, aludió a la necesidad de dar respuesta a la demanda ciudadana de cambio político expresada en las urnas en los comicios del 27 de mayo, al tiempo que recordó que los próximos socios de gobierno en el Cabildo grancanario trabajarán para que esta isla “no pierda ni una sola oportunidad para conquistar el futuro que se merece”. Más de lo mismo con el “cambio político” pedido por los ciudadanos. O mucho nos equivocamos, o el PP fue la fuerza política que más voto recibió de los ciudadanos de Gran Canaria. En fin, todo depende del color del cristal con el que se mire.
Cambio en el sistema electoral
Puestos a cambiar cosas, una vez que nuestros representantes públicos le metan mano al asunto de los cabildos, no estaría mal que repasaran también el escabroso e injusto sistema electoral que seguimos teniendo en Canarias. Sabemos que a algunos no les interesa, pero va siendo hora ya de que interese. No es posible que miles de ciudadanos de las Islas se queden sin representación, sin voz y voto, en la Cámara autonómica porque los grandes partidos se niegan a rebajar los topes del 6 por ciento regional y del 30 por ciento insular. Es tan absurdo como que deja fuera de la Cámara al segundo partido más votado en Lanzarote, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), y le da dos diputados en esta isla al que va por detrás a miles de votos de distancia, el Partido Popular (PP).
En este medio de comunicación siempre hemos defendido, en ésta y en otras etapas, lo injusto que resulta el actual sistema electoral canario, un mecanismo sin comparación posible con nada de lo que existe en la Unión Europea (UE), cuestión que formaciones como el PIL no se cansaron de repetir durante los últimos procesos electorales. Fue precisamente el PIL, partido contra el que parecía estar hecha la norma, el mejor ejemplo de lo injusto del sistema. En las elecciones locales y autonómicas de 1999 consiguió ser la segunda fuerza política más votada al Parlamento autonómico en Lanzarote, a muy pocos votos de Coalición Canaria (CC). Sin embargo, por ser un partido de ámbito insular, no ser la lista más votada y no superar el 30 por ciento de los votos emitidos en Lanzarote ni el 6 por ciento de todos los emitidos en Canarias se quedó sin representación, permitiendo que Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario (PSC) y CC se beneficiaran del reparto de sus escaños. Lo mismo que le ha vuelto a pasar en 2007.
En la presente legislatura se ha discutido largo y tendido sobre este importante asunto, aunque los dos grandes partidos estatales, PP y PSOE, (también CC) han tratado de desviar lo trascendental, evitando en la medida de sus posibilidades el debate sobre los topes electorales y centrando las discusiones en la imposición de una lista regional que terminaría definitivamente con la triple paridad, con el sistema que ofrece equilibrio entre islas capitalinas y no capitalinas para tener al menos un hemiciclo igualado en número. De los topes electorales prácticamente nadie hablaba, tal vez porque no interesaba. CC, para sorpresa de muchos, llegó a anunciar que había llegado a un acuerdo con el PSC sobre el nuevo sistema electoral, eliminando “el último escollo” para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía Canarias. En virtud del mismo, las dos fuerzas políticas aceptaban que se rebajen las topes electorales, ya en las elecciones de mayo de 2007, pasándose del 6 por ciento al 3 por ciento en la circunscripción autonómica y del 30 por ciento al 15 por ciento en la insular para tener representación; en segundo lugar que se cree una lista autonómica; en tercer lugar, que sea una ley del Parlamento canario la que desarrolle el sistema electoral; y por último, como disposición transitoria que se mantenga el sistema actual hasta su renovación. Imaginamos que de aquel acuerdo ya no quedará nada. ¿O sí? ¿Habrá valor para tocar nuevamente el tema de la triple paridad, el tema de la lista regional?