Pasada ya la euforia de los primeros días, la lógica alegría de los que pensamos que es bueno para Lanzarote que haya representantes de la política local en el Gobierno autonómico, debemos explicar que el departamento que le ha tocado a Inés Rojas no es precisamente una perita en dulce. Más bien todo lo contrario: sólo el nombre ya encierra problema, porque garantizar el “bienestar social” y la “vivienda” en estos momentos en las Islas es una tarea harto compleja. Pero es que además Rojas tendrá que lidiar con varios toros complicados, sobre todo con uno que por desgracia machaca sistemáticamente las estructuras administrativas de las Islas desde que se inició el fenómeno de la inmigración irregular: la situación de los menores.
La situación de los menores inmigrantes que siguen llegando en oleada a España es un problema mayúsculo. Y no sólo es ya un problema que afecta a Canarias, donde evidentemente se ha hecho más que sensible a raíz del terrible acto de violación de un joven en La Montañeta hace unos años, es un problema que afecta a Andalucía, a Murcia, a Madrid... No es extraño que muchas comunidades autónomas, a través de sus consejerías de Asuntos Sociales, hayan pedido a gritos una intervención del Gobierno central para que de una vez por todas se determine qué hacer con estos menores inmigrantes. Lo más lógico, como se sostiene en todo momento, sería repatriarlos a sus países de origen. Sin embargo, en ocasiones, en muchas ocasiones, no impera la lógica, y se impone una serie de despropósitos administrativos que provocan la situación que se está viviendo en estos momentos. Llevamos un tiempo sin oír hablar de este problema, lo que no quiere decir que haya desaparecido.
No hay que olvidar además que muchos países de los que proceden estos menores no cuentan con tratado de extradición, lo que complica sobremanera la cuestión. Pero incluso con los países con los que sí que hay este tratado, como es el caso de Marruecos, no resulta sencillo devolver a los jóvenes, que evidentemente sueñan con quedarse a vivir en Europa y huir del hambre y la miseria que en la mayoría de los casos han dejado atrás. Adán Martín pidió en su día ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo que sea la Unión Europea (UE) la que asuma la responsabilidad de acoger y tutelar a los menores inmigrantes que no puedan repatriarse, una petición que como tantas otras cayó en saco roto.
Durante su intervención, el presidente del Gobierno de Canarias insistió además en que era necesario reforzar los medios técnicos y humanos de la Agencia Frontex para que ésta cumpla con eficacia su objetivo, y pidió que la UE facilite la inversión privada en los países africanos como fórmula para frenar la inmigración irregular. ¿Se ha hecho algo? Pues no, no se ha hecho nada, o casi nada.
Canarias ha tenido que pedir, casi suplicar, a los Estados miembros de la UE que asuman con solidaridad la responsabilidad de acoger y tutelar a aquellos menores inmigrantes cuya reunificación familiar no sea posible. De esa forma, se contribuiría mejor al desarrollo, madurez e integración en la sociedad de estos jóvenes, cosa que no ha pasado. Esa es sin duda una de las claves de toda la historia que rodea a la inmigración irregular, la falta de implicación de los países de la UE, que no son conscientes en su mayoría de que el problema no sólo afecta a España por ser frontera sur, afecta a países como Francia, Holanda, Bélgica o Gran Bretaña, que son los verdaderos destinos a los que aspiran llegar muchos de los inmigrantes que llegan hasta aquí.
En el plano más quimérico del asunto, en aquello que no se va a realizar jamás mientras la política internacional mantenga su política actual, se han planteado medidas como instar a los estados miembros a que faciliten la inversión privada en los países africanos emisores de inmigración irregular como fórmula para frenar este fenómeno. Pedir eso y nada hoy por hoy es lo mismo.
Pero no será el tema de los menores el único que tendrá que preocupar a Inés Rojas. Canarias sigue teniendo demasiada gente que vive por debajo del umbral de la pobreza. Aunque suene a utopía, habría que pelear por conseguir que la riqueza se distribuya de forma más equitativa. Para eso se paga a los políticos, y estamos convencidos de que Rojas al menos lo va a intentar. Si no, se lo recordaremos.