Este diario lleva meses publicando informaciones sobre la particular situación en la que se encuentran los vecinos de El Golfo por el repentino ataque de celos que le ha entrado con la zona al canario José Fernández, director general de Costas, un tema que, como recordarán los más memoriados y los que cuentan con más canas, no es ni mucho menos reciente. Hace años que se está hablando del asunto, y hace años que se está pendiente de que se busque una solución. Lo peor, que cuando todo hacía indicar que se podía arreglar el asunto sin tener que ir a juicio, se ha confirmado el pronóstico más negativo.
Como explica nuestra compañera Laura Ramírez en la edición del fin de semana de Crónicas (ha sido la periodista que ha llevado el asunto desde el origen del nuevo conflicto, la periodista que dio a conocer el trabajo del abogado José Ortega), después de todo tipo de mediaciones y de agotar todas las vías anteriores al procedimiento contencioso administrativo, los vecinos de El Golfo tendrán que esperar a que sea el tribunal el que dé respuesta al futuro de sus propiedades. La Dirección General de Costas entiende que sus casas no conforman un núcleo de población y rechazará el recurso de reposición presentado por los vecinos para bajar de 100 a 20 los metros de servidumbre de protección.
Tremendo pero cierto. Así se lo comunicaba este miércoles el propio director general de este Área, José Fernández, al abogado que lleva el caso de más de 50 de los afectados, José Ortega. Según Ortega, Costas ha decidido denegar la solicitud de rebajar de 20 a 100 los metros afectados por la servidumbre de protección, con lo que la única posibilidad que les queda a los vecinos para que este conflicto se resuelva a su favor está en el contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Yaiza. Además, la mediación del Gobierno de Canarias parece haber complicado aún más la situación porque desde Costas se plantean ahora impugnar ante los tribunales el documento emitido por el Ejecutivo regional para demostrar que El Golfo era un núcleo de población antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.
Precisamente este jueves tenía lugar también la reunión entre el senador socialista por Lanzarote, Marcos Hernández, y el director general de Costas para tratar diferentes asuntos relacionados con la Isla. El senador, que no sabe cómo afrontar este asunto porque sus propios compañeros le dan una de cal y otra de arena, asegura que por parte de la Dirección General de Costas hay una “total disposición” para solucionar este asunto, que parece que no se ha resuelto aún porque las pruebas de que se trata de un núcleo de población consolidado antes del 88 son “inconsistentes”.
Según explicó en su día el propio abogado en su clarificador testimonio, era tan fácil solucionar el conflicto como haber hecho un certificado, que lo firmase el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y se habría acabado todo. Según su interesante versión, la Dirección General de Costas no podría haber aprobado el deslinde que se hizo público en julio si la autoridad urbanística hubiera presentado una certificación que demostrase que la zona era un núcleo urbano. Ortega aseguró en sus manifestaciones a este diario que “el Ayuntamiento ha tenido una actuación muy rara, porque han presentado iniciativas de defensa, en el que se decía que era un núcleo de población y por lo tanto tenía un carácter de suelo urbano, pero sin embargo no han hecho lo que tenían más fácil, que es poner ellos su certificación como autoridad pública y urbanística de que eso es suelo urbano”.
Tenga quien tiene razón, que mucho nos tememos que la tienen siempre los vecinos, lo cierto es que en ninguna de las dos instituciones se hicieron los deberes en este importante asunto, y habría que pedir a sus responsables públicos que depuraran las responsabilidades que haya que depurar, puesto que los que no tienen culpa de nada de lo ocurrido son los vecinos. Y qué decir del director general de Costas. Parece mentira que tenga que ver con las Islas. No estaría mal que desde el Gobierno central y desde el Partido Socialista Canario (PSC), tanto el canario como el lanzaroteño, intentaran hacerle entender a este hombre que no se puede estar todo el día fastidiando a los vecinos con cuestiones de este tipo, como no se puede anunciar que se va a derribar un hotel como el Papagayo Arena para luego no hacer nada y para asustar al personal con una multimillonaria indemnización que además tendríamos que pagar entre todos. ¿O de dónde sale el dinero de las indemnizaciones?