En su celebrado “Diccionario de Economía y Finanzas” (Alianza Editorial, 1995), los reconocidos economistas Ramón Tamames y Santiago Gallego definen de la siguiente forma el significado cabal de una empresa pública, en la página 253: “La empresa pública es de capital total o mayoritariamente perteneciente a un poder público, en cuyo caso cabe hablar de empresa mixta”.
Hace unos días, un periódico editado en Santa Cruz de Tenerife una información de fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, en la que se venía a corroborar la buena salud de la que, siempre según esa fuente, gozan actualmente la mayor parte de las empresas públicas relacionadas o vinculadas con el Ejecutivo regional. Aquí ni quitamos ni ponemos rey, y bien que nos gustaría creernos a pie juntillas ese optimista análisis. Pero tampoco sería la primera vez que la clase política nos vende humo a los administrados.
Otros datos, acaso no tan optimistas como los citados en esa información, nos vienen a recordar periódicamente que Canarias figura entre las cinco regiones españolas cuyos respectivos gobiernos autónomos poseen más empresas públicas. Es un dato contrastado, dado a conocer recientemente en las páginas de la prensa nacional. Y es llamativo constatar que la marca o el listón de Canarias apenas lo superan los vascos, los navarros y los andaluces. Nuestro Archipiélago se encuentra al mismo nivel en número de tales sociedades que Cataluña, pero no hay que olvidar que los canarios no alcanzamos los dos millones y los catalanes son más de seis, así que no conviene sumar peras con manzanas ni hacer odiosas y falsas comparaciones, polémicos o clónicos Estatutos de Autonomía al margen.
Lo que sí parece más que claro a estas alturas es que, definitivamente, se quedaron en nada la falsas promesas políticas de proceder a la reducción de gran parte de esas empresas públicas, que son una suerte (desgraciada, casi siempre) de “agujeros negros” que se lo tragan todo. Finalmente, lo único cierto, visto lo visto, es que no hay quien le meta mano o quien tenga verdadera intención de ponerle el cascabel al gato, aunque se diga lo contrario cuando se está en la oposición, como han venido haciendo con todo el cinismo del mundo algunos dirigentes regionales socialistas, culpables en su día de ayudar a crear ese inútil e insaciable monstruo de cien cabezas y mil y una bocas voraces.
Contrasta la reiteración con la que se está cuestionando seriamente en los últimos tiempos lo de la continuidad de las citadas empresas públicas con el nulo caso que el poder político hace de esa queja. Por otra parte, resulta a todas luces desalentador el hecho de ver cómo el mismísimo Gobierno permite que existan empresas con dualidad de servicio (entiéndase, dos o más empresas para un mismo servicio o función), y que en su inmensa mayoría sólo justifican su razón de ser en el hecho vergonzante que nos habla de la "obligación" de pagar favores electorales u otros de peor naturaleza. Habrá que empezar ya a preguntarse cuándo se le va a poner coto a este inmenso disparate y a este despropósito dilapidador que tan caro nos cuesta a todos los canarios y tan pocos frutos reales nos reporta.
Desde la mencionada Consejería de Economía regional se asegura que las tales empresas públicas ya empiezan a ser rentables. ¿Rentables para quién?