Los entes, organismos y entidades del sector público que estén en situación de déficit o cuyos presupuestos se hayan reducido un 5 % en el ejercicio corriente o un 7 % en los dos anteriores podrán aplicar despidos colectivos entre su personal laboral desde este miércoles.
Así lo fija el real decreto ley 1483/2012, que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada.
De acuerdo con el texto, los funcionarios quedan excluidos de los despidos colectivos, mientras que el personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición a través de un proceso tendrán "prioridad de permanencia" para seguir en su puesto.
Las regulaciones de empleo aplicables en las administraciones públicas podrán justificarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tal y como están previstas en el sector privado.
Se entenderá por causas económicas una "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes".
A esta situación se puede llegar por dos vías: porque en el ejercicio anterior la administración pública en la que se integra el departamento afectado hubiera presentado una situación de déficit presupuestario y porque los créditos, transferencias o aportaciones patrimoniales se hayan minorado en 5 % en el ejercicio corriente o un 7 % en los dos anteriores.
Para ello se tendrán en cuenta las minoraciones efectuadas en el presupuesto inicial y las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.
El procedimiento del despido colectivo se iniciará con una comunicación por escrito a los representantes de los trabajadores, a la autoridad laboral y al órgano competente en materia de función pública.
Será un despido colectivo si la medida afecta a diez trabajadores de un departamento de menos cien empleados, al 10 % de la plantilla de un organismo de entre 100 y 300 asalariados, y a 30 personas de una entidad que emplee a más de 300.
Entre la documentación a aportar por el empleador estará la causa alegada para el despido y su relación con los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
Además, deberá incluir los presupuestos de los dos últimos ejercicios (deberán constar los gastos de personal) y la plantilla laboral del departamento de que se trate, entre otros datos.
Si el despido es por causas técnicas u organizativas, las administraciones públicas deberán presentar una memoria explicativa que acredite la concurrencia de dichas causas.
En el real decreto no se recoge la posibilidad de que se apliquen reducciones de jornada o de salario, medidas de flexibilidad que se potencian en la reforma laboral.
Ambas medidas sólo son posibles para las entidades de derecho público y otros organismos dependientes de una o varias administraciones públicas que obtengan más del 50 % de sus ingresos del mercado.
Los despidos colectivos de más de 50 personas deberán ir acompañados de un plan de recolocación externa, que elaborarán los correspondientes servicios públicos de empleo.
Reividicación de UGT en Canarias
Por su parte, en Canarias, la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias ha mostrado este martes su preocupación por las declaraciones del presidente Paulino Rivero durante su reunión con la cúpula de la CEOE de Tenerife. Apenas unas horas después de la petición del presidente de la patronal, José Carlos Francisco, al Gobierno canario para que despida a 5.000 empleados públicos, vemos al presidente Paulino Rivero señalando a los periodistas que Francisco “tiene una opinión muy cualificada”.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias pedimos al presidente y a todo su gobierno que abandone su ambigüedad y que nos cuenten cuáles son sus planes. Le preguntamos ¿qué significa que hay que ajustar la administración a los tiempos que vivimos? No se puede estar con quienes quieren convertir la sanidad y la educación públicas en negocios privados a costa de despedir a empleados públicos y de la calidad de los servicios.
En la rueda de prensa que el presidente Rivero dio este lunes en la sede de la patronal tinerfeña manifestó que “ya hemos ajustado el 15% de altos cargos”. Lo que no dice es que en algunas empresas públicas se han aprobado Eres que afectan a más del 30% de la plantilla, dejando en la calle a trabajadores que cobran un tercio del salario de los altos cargos. El gobierno de Paulino Rivero lleva años aprobando y ejecutando EREs en empresas públicas, mientras coloca como altos cargos a cuadros de los partidos gobernantes que no salieron elegidos en las elecciones.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT consideramos que el “plante canario” hacia el Gobierno Central es un paripé, y el único objetivo que persigue es ocultar la letra pequeña de los presupuestos autonómicos que llevaran consigo el mayor recorte de la historia democrática de Canarias. Creemos que es muy positivo el recurso de inconstitucionalidad que el gobierno canario presentó contra los presupuestos del Estado de 2012 y que acaba de ser admitido a trámite. En esa línea pedimos al ejecutivo que cuando se aprueben de forma definitiva los presupuestos del Estado de 2013 vuelva a recurrirlos ante el Tribunal Constitucional.
