La representación socialista canaria en el Congreso de los Diputados ha valorado este viernes la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para dar trámite al proyecto de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, una ley “fundamental, que avanza en derechos y libertades para la ciudadanía”, como destacó la diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tamara Raya, y que cuenta con el respaldo “del 70 por ciento de la población española, que está a favor de que se apruebe una ley de estas características”, valoró.
En una rueda de prensa simultánea realizada en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, los diputados y diputadas de ambas provincias canarias destacaron el carácter “social y necesario” de una ley que “atiende una reclamación defendida y avalada por miles de firmas y permite la posibilidad de una muerte digna tanto a los pacientes económicamente solventes como a los que no lo son”, explicó la diputada por la provincia de Las Palmas Ariagona González, para quien esta medida viene a regular una práctica que ya se realiza “aunque de manera clandestina en casa o en viajes al extranjero para quien pueda afrontar el gasto”.
En ese sentido, la diputada lanzaroteña aclaró que dicha ley “no obliga a nadie a morir, como la Ley de matrimonio igualitario no obliga a nadie a casarse ni la Ley del aborto obliga a nadie a interrumpir un embarazo”, sino que busca que, en los casos en los que proceda, “sea posible poner término a la vida de un paciente bajo el paraguas del sistema público de salud, con seguridad y garantías”.
El diputado socialista Héctor Gómez, por su parte, consideró que la iniciativa “pivota sobre tres consideraciones legales esenciales”, como son la Constitución Española, la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y “evidentemente también” sobre el Código Penal, toda vez que se tramita como Ley Orgánica orientada a despenalizar las situaciones que se dan y la cobertura a las personas “que en un momento dado pueden ayudar a poner punto y final a un proyecto de vida cuando se encuentren en situaciones excepcionales”, explicó.
Así, desde esas garantías éticas, jurídicas y también sanitarias, es una
ley que reconoce no solo garantías para los pacientes “sino también para
los profesionales sanitarios, que cuentan además siempre con la
objeción, es decir, la posibilidad de no participar en este proceso si
así lo desean”, matizó.
Por otra parte, el diputado tinerfeño trasladó la “preocupación por los mensajes que una vez más expresa la derecha en este país”, que en el caso del Partido Popular ha llegado a comunicar que dicha ley nace con el propósito de minimizar gastos en el ámbito social y sanitario. En ese sentido, Gómez criticó “la deriva de confrontación incluso en un aspecto tan importante como éste, y que sean capaces de articular mensajes tan contradictorios de cara a la ciudadanía”, consideró.
Para el diputado majorero por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo
Fuentes, por su parte, es “un orgullo” que en España termine la consideración de suicidas “para quienes solo desean irse en paz”. Así, con la aprobación de dicha Ley, “se acabó la criminalización de los allegados colaboradores, se acabó morir solo en un país desconocido para liberarse del dolor, se acabó que decidan por nosotros y nosotras en una cuestión tan íntima y tan personal como descansar para siempre”, sentenció.
