El Pabellón de Argana Alta debería ser hoy el símbolo de la dignidad recuperada de un barrio olvidado. Una instalación deportiva pública, construida con dinero público, pensada para miles de vecinos que llevan años reclamando servicios básicos. Pero no: lo que se ha inaugurado es otra cosa. Un proyecto que nació torcido, creció entre sobrecostes, estuvo salpicado por corrupción y ahora remata con tarifas de gimnasio privado… y sin una sola bonificación para pensionistas o personas con discapacidad. Una vergüenza.
Para entender el despropósito actual, hay que recordar de dónde viene este edificio. Su coste inicial rondaba los 8 millones de euros, pero terminó disparándose hasta casi 13 millones, tras nuevas adjudicaciones y complementos técnicos. A eso se le sumó que Arrecife tuvo que pagar medio millón extra a FCC por retrasos en los pagos. Y no olvidemos que para ponerlo decentemente en marcha se aprobó otra modificación de contrato por más de 1,2 millones. Cada euro, por supuesto, salido del bolsillo de todos.
Y como si eso fuera poco, la historia del pabellón quedó marcada por el caso Jable, una trama de corrupción que salpicó a excargos municipales y a directivos de FCC. Hubo sobornos, viajes pagados, favores indecentes y condenas firmes. Es decir: el pabellón, desde su origen, fue un nido de irregularidades. Un proyecto público contaminado por intereses privados.
¿Y cuál fue la respuesta del Ayuntamiento? En lugar de garantizar que el barrio recuperara lo que la corrupción le quitó, decidió entregar la gestión a Clece por veinte años. Una empresa privada, con lógica privada, que no va a poner tarifas sociales por voluntad propia. Si no está obligado por contrato, no lo hace. Punto. Y ahora, por si fuera poco, se plantea un reajuste económico de hasta 2 millones para compensar gastos adicionales. Más dinero público para un modelo de gestión que excluye.
Y aquí está el resultado final:
Un pabellón público sin tarifas públicas.
Nada de descuentos para pensionistas.
Nada para personas con discapacidad.
Nada para familias con bajos ingresos.
Nada para el barrio que más lo necesita.
Argana Alta recibe una instalación deportiva que no pueden permitirse. Es como construir un hospital y cobrar entrada. Un insulto.
Este pabellón es el ejemplo perfecto de cómo se convierte un derecho en un negocio:
– primero lo pagamos entre todos,
– luego lo mancha la corrupción,
– después lo privatizan,
– y al final solo pueden disfrutarlo quienes se lo pueden permitir.
Lo mínimo es exigir tarifas sociales ya. Y una revisión completa del contrato con Clece. El barrio no debe aceptar limosnas, sino justicia.
Porque Argana no necesita más fotos, titulares ni propaganda.
Lo que necesita es que lo público sea realmente público.
Y que dejen de tratar a sus vecinos como clientes. Son ciudadanos. Y han pagado este pabellón dos veces: con dinero y con paciencia.