Las primeras protestas por la situación de desequilibrio existente entre los derechos de los trabajadores del Cabildo que contraen matrimonio y los que deciden inscribirse como parejas de hecho comenzaron antes del verano. Una trabajadora solicitó que se le concediesen los días de permiso correspondientes por su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho. Ante la negativa de la Primera Institución, la solicitante presentó formalmente una queja que apoyó el Grupo Popular en una moción que aprobaron por unanimidad todos los votantes en el pleno del Cabildo.
El responsable del Área de Recursos Humanos de la Primera Corporación insular, Juan Santana, apoyó en ese momento la propuesta, con la que se preveía modificar el convenio colectivo para que se equiparasen los derechos de las parejas de los dos estados civiles. Casi tres meses después, y en vista de que no se ha dado un solo paso para hacer realidad esta medida, la trabajadora ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo Social para que se le concedan sus vacaciones, un derecho que cuenta además con la jurisprudencia de casos en ayuntamientos de otras localidades españolas.
Para conocer cuál es la versión del responsable del personal del Cabildo, esta redacción se puso en contacto con Santana, que en principio afirmó no conocer este caso, pero que aseguró que la situación cuestionada se resolvió antes de que el Partido Popular (PP) presentara la moción y que si esta trabajadora no se ha tomado sus días de descanso puede ser porque no ha presentado la documentación pertinente.
Lo que sí que aclaró con total seguridad es que ellos no han recibido ningún tipo de notificación sobre la denuncia, aunque también recordó que esos asuntos los lleva otro miembro de su equipo, por lo que “podría ser que haya ocurrido algo así”.
Una denuncia para conseguir un derecho
Ya son muchas las comunidades autónomas que han reconocido a los trabajadores de sus órganos de gobierno los mismos derechos si contraen matrimonio que si deciden registrarse como pareja de hecho.
Una de las últimas es Navarra, que recoge en su boletín oficial la modificación del convenio del Ayuntamiento de Berriozar, que incluye una cláusula en la que “se equipararán a las parejas de hecho, los derechos aplicables a las parejas por matrimonio en lo referente a licencias y permisos”.
Por eso todos los que apoyan a esta trabajadora entienden que se ha creado la suficiente jurisprudencia como para que el Cabildo insular reforme ya su convenio y reconozca este derecho, que por otra parte cuenta además con el respaldo de una moción aprobada en pleno que asegura que se modificaría el convenio para reconocer específicamente “el derecho del personal laboral a los permisos correspondientes por inscripción como pareja de hecho en el Registro de la Comunidad Autónoma”.
Esta decisión se tomó en mayo de este año. A día de hoy aún no se ha tomado ninguna medida para que esta decisión sea efectiva, por lo que la trabajadora afectada decidió el pasado 26 de septiembre presentar una denuncia en el Juzgado de lo Social de Arrecife para resolver ante los tribunales una cuestión que parecía haber quedado resuelta por vías políticas.
Por su parte, la consejera del PP en el Cabildo de Lanzarote Astrid Pérez mantiene que en su momento Juan Santana se comprometió con esta causa y aseguró que se resolvería, por lo que no entiende “por qué no ha empezado ningún trámite para que se haga efectiva la modificación prevista”. Asegura que el consejero conoce “perfectamente” este caso y que se ha mantenido de brazos cruzados a pesar del compromiso que adquirió.
Los argumentos
En un principio el principal argumento que esgrimió Santana para defender la postura del Cabildo ante este caso se basó en la circunstancia de que el puesto que ocupa la trabajadora es como personal laboral y no el de funcionaria, un hecho que entendían que le negaba la posibilidad de acogerse a este derecho.
Pero la afectada presentó ya no sólo el amparo que la ley prevé para regular esta situación y que especifica que estos derechos se aplicarán para “todo personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias”, sino que presentó los casos de ayuntamientos españoles que ya han reconocido esta circunstancia.
Es el caso del Consistorio de Barcelona, el primero que resolvió positivamente una situación similar a la planteada en el Cabildo insular y que también tuvo que pasar por el juzgado de lo social. Éste resolvió que el demandante tenía la razón y le correspondían estos días de descanso como al resto de sus compañeros casados. Eso sí, la sentencia llegó ocho meses después de haberse unido a su compañero como pareja de hecho.
Esta trabajadora no entiende que se pueda mantener esta pasividad cuando existe toda una lista de casos resueltos positivamente y cuando es un derecho reconocido por ley. Por eso espera que se tomen en cuenta sus argumentos para poder disfrutar de unos días con su pareja.
