Fotos: Dory Hernández
La situación laboral de los trabajadores sociales que operan en la Isla “es insostenible”. Las “excesivas condiciones” impuestas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a la hora de desempeñar sus funciones no sólo limita sus capacidades laborales sino que además obliga al sector a costear los gastos del material necesario para realizar el trabajo. Así lo ha denunciado uno de los afectados, Humberto Bailón, profesional que ejerce actualmente en el Instituto de Enseñanza Secundaria IES Las Salinas de Arrecife. No obstante, el caso de este trabajador no es aislado y recoge el sentir de otros tres compañeros que operan en los centros educativos de Lanzarote.
Hasta hace unos años los trabajadores sociales ejercían en Canarias mediante contrato laboral establecido con el área de Educación del Gobierno regional, que tiene transferidas las competencias en esta materia. Sin embargo, desde el curso pasado las condiciones cambiaron. El Ejecutivo fijó una serie de cláusulas que coartan la actividad de este sector de la enseñanza sobre el que recaen tareas como el control del absentismo escolar o el contacto con los padres y los docentes. El desempeño de sus labores comenzó a complicarse y en la actualidad se ven obligados a costearse incluso el material tanto en papelería como informático que requiere su trabajo.
Durante el curso pasado 2005-2006, los trabajadores sociales operaron como autónomos pero mediante un contrato con la administración pública que se renovaban cada tres meses. “El año pasado nos hicieron un contrato de autónomo pero un convenio un poco especial. Ellos nos ponían un sueldo de 1.260 euros brutos pero nos descontaban el siete por ciento del IRPF. Además pagábamos unos 200 euros a la Seguridad Social en concepto del seguro de autónomo”, explicó Bailón.
La sorpresa de estos profesionales llegó cuando a la hora de renovar los contratos para el presente curso descubrieron que además de hacer frente a los costes citados estaban obligados a financiar el material necesario para el desarrollo de su labor desde despachos hasta ordenadores. “No tenemos derecho a nada, ni a días de asuntos propios, ni a despacho, ni a ordenador, folios...nada. Y la única respuesta que nos han dado desde Promoción Educativa es que si queremos aceptar las condiciones que firmemos y que sino hay más profesionales en el mercado”, denunció el experto.
El horario que cumplían también se ha cambiado. Mientras que el pasado ejercicio el periodo de trabajo era similar al de cualquier docente, unas seis horas diarias, actualmente “si firmamos el contrato no tendremos horario e incluso el director podría determinar que trabajemos horas extras por las tarde o a conveniencia del centro”. Esto según el denunciante impide la organización de las tareas y le supone un empleo no pagado.
Relación con los afectados
A pesar de las precarias situación laboral, Bailón sostuvo que la relación con los afectados, tanto familiares como alumnado y profesores, es “fabulosa”. De hecho, en el marco de su actividad colabora asiduamente con el AMPA en el desarrollo de actividades y el intercambio de información sobre los recursos sociales que existe en la zona. “Con los estudiantes tenemos un trato muy cercano porque servimos de enlace entre los docentes y ellos, además acuden a nosotros a contarnos sus problemas y nos piden consejo para solucionarlos. Con el profesorado ocurre lo mismo, al principio fue un poco difícil dado que éramos una figura nueva en Educación pero ahora nos ven como piezas imprescindibles para el centro y como un canal para llegar a las familias”, explicó.
También desde centro reciben muestras de apoyo. “Desde el centro el apoyo es tremendo pero de la Consejería no hemos recibido respuesta. El contrato actual ha sido negociado con ninguno de nosotros sino que lo han impuesto añadiendo cláusulas como que no tenemos derecho a despacho y tenemos que comprarnos un ordenador, que tenemos que llevar los folios, carpetas, etc...”. Sin duda una problemática difícil para un sector que cuenta en el Archipiélago con más de un centenar de profesionales en activo.
