El Colegio de Abogados de Lanzarote ha reclamado por carta al Cabildo insular que se persone en la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) para que los juicios de la Audiencia Provincial de Las Palmas se celebren en Lanzarote y Fuerteventura, y no en la isla de Gran Canaria, como es la pretensión de "un cierto número de magistrados de la Audiencia Provincial, que ha recurrido la resolución del Consejo General del Poder Judicial, que establece que obligatoriamente que las vistas orales de causas relacionados con Lanzarote y Fuerteventura deben celebrarse en las islas conejera y majorera, respectivamente.
En un escrito remitido el pasado 10 de junio por el decano del Colegio de Abogados, Francisco Torres Stinga, al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el órgano colegial, que representa a más de 400 abogados en la Isla de los Volcanes, solicita a la Primera Corporación que "se persone en defensa de los derechos de los ciudadanos conejeros, en el procedimiento Recurso 2/143/2013, que se tramita actualmente en el Tribunal Supremo".
"De prosperar" el recurso de los magistrados de las distintas secciones penales de la Audiencia Provincial, advierte Torres, "los magistrados quedarían facultados para celebrar juicios en las Palmas, debiendo desplazarse a Gran Canaria un número importante de personas entre abogados, perjudicados, peritos, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, etcétera, con lo cual", explica el decano, "no solo se aleja la justicia del ciudadano, sino que, además, se produciría desigualdad y un manifiesto retroceso en la prestación de un servicio público esencial como es la Administración de Justicia en una isla cuya población supera los 145.000 habitantes de derecho", manifiesta el máximo responsable del Colegio de Abogados.
Torres Stinga advierte de que si sale adelante el recurso de los magistrados para que las vistas orales se celebren en Gran Canaria "se pondría en grave riesgo un principio básico, como la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, convirtiéndose por este motivo los conejeros en ciudadanos en peor derecho que los de las islas capitalinas, pudiendo llegar a producirse una importante quiebra no solo de los derechos jurídicos -procesales de los residentes en nuestra isla, sino también de los derechos políticos y sociales del conjunto de la sociedad conejera", concluye.
