Hay un miembro del grupo de gobierno del Cabildo conejero que reconoce, mediante correo electrónico enviado a la dirección que aparece al final de esta columna, que la subida salarial que se han autoadjudicado es exagerada y “un poco pornográfica, como escribías en tu artículo titulado La Soldada Obscena; pero entenderás que si a mí se me ocurre decir esto en público aguanto en el Cabildo lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Aunque no me creas, a mí sí me da un poco de vergüenza cobrar esa cantidad justo ahora que, como tú apuntabas en aquella columna, las hipotecas suben y el turismo baja, porque tengo familiares directos que ya están padeciendo esa situación. Espero que todos sepamos ganarnos este sueldo que yo también creo excesivo porque crea agravios comparativos, y hace que los votantes vean a los votados como una casta privilegiada y ajena a sus preocupaciones diarias. De ahí a tu querida abstención electoral sólo hay un paso”.
La vergüenza torera de la que habla ese integrante del equipo de gobierno cabildicio no mueve molino. Los sueldazos ya están aprobados oficialmente y no hay vuelta atrás. Y los más desvergonzados de ese mismo equipo de privilegiados encima van diciendo entre ellos, o a sus más íntimos, que “con este asunto de los sueldos siempre pasa lo mismo: se habla de ello tres días en los periódicos, y a la semana siguiente ya nadie se acuerda de eso”. Y lo peor es que tienen razón. Una razón que se la concedemos nosotros mismos, los desmemoriados de los medios de comunicación, los amnésicos lanzaroteños que pagamos la obscena soldada a los que sólo han tenido vista para ver un agravio comparativo, el que más les afecta a ellos: los consejeros de Fuerteventura cobraban más. No se mira si sus colegas majoreros trabajan más o son más eficientes (la cesta de la compra, un suponer, es allí menos onerosa que por aquí, a lo mejor porque los políticos de ahí al lado no se han limitado a hacer como que hacen algo por arreglar esa situación tan alarmante como injustificada). Sigo sin entender cómo es que no están legalmente regulados los sueldos de concejales o consejeros, de la misma manera que está estipulado el número de ediles que corresponde a cada ayuntamiento arreglado al número de habitantes del municipio. No se entiende, o se entiende demasiado bien. En Mijas han forzado la dimisión del alcalde, luego de que éste convocara un pleno extraordinario para autoadjudicarse un sueldo de 125.367 euros. Al respecto, el domingo publicaba El Mundo un certero editorial: “Lo del alcalde de Mijas ha vuelto a llamar la atención sobre la arbitrariedad y nebulosa que rige las retribuciones de los ediles. Más del 90% de los alcaldes de capitales de provincia se ha subido el sueldo en más de un 30% de media, tras el 27-M. La discrecionalidad y los agravios comparativos (el alcalde de Las Rozas gana más que el de Madrid, por ejemplo) son moneda corriente en lo que atañe a los emolumentos de los munícipes. La regulación de sus sueldos es un debate antiguo, y ninguna de las muchas leyes aprobadas para ordenar esas retribuciones ha servido para contener la falta de escrúpulos de muchos políticos, amparados en la autonomía administrativa local. Un asunto que toca de lleno la honestidad de los políticos y salpica la imagen de la función pública en un país en el que el sueldo medio se sitúa en 20.000 euros anuales”. Comparto el contenido del editorial desde su título (“Los ciudadanos deben saber, antes de votar, qué cobrarán los políticos”) hasta su conclusión: “Los aspirantes deberían especificar en sus programas cuánto piensan cobrar, del mismo modo que un gerente o un presidente ejecutivo acuerda su paga con el consejo de administración”. Amén. ([email protected]).
