El Gobierno autonómico ha conminado al presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero Vega, a convocar elecciones y cumplir así con lo que determinaba la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que precisamente permitió que él regresara a su puesto. Según ha podido saber este diario tras consultar fuentes oficiales, el presidente recogió la certificación este mismo miércoles. Pese a que la sentencia judicial no determinaba una fecha concreta para la convocatoria de los comicios, en el Gobierno de Canarias daban por hecho que se realizarían en un plazo de tres meses, plazo que ya se ha sobrepasado. Ahora, viendo que no se cumplía lo que entendían que se iba a hacer, han dado por carta certificada un plazo de 10 días para que el actual presidente explique cuál va a ser su hoja de ruta.
En concreto, según el documento al que ha tenido acceso Crónicas, la Dirección General de Deportes Autóctonos requiere al presidente, a la Junta de Gobierno y a la Junta Electoral Central para que en el plazo de 10 días hábiles acrediten las actuaciones llevadas a cabo para la ejeccuión del fallo judicial y del acto administrativo dictado por la propia Dirección General el pasado 14 de noviembre de 2025, en lo relativo a la convocatoria y desarrollo del proceso electoral acordado por la Junta de Gobierno del pasado 9 de febrero de 2022, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electoral y restante normativa de aplicación, dando cuenta del estado actual del proceso electoral.
En un párrafo final la Dirección General recuerda que el incumplimiento del presente requerimiento llevará aparejada la adopción de las medidas precisas para llevar a cabo y debido efecto la ejecución de las referidas resoluciones, conforme a las facultades conferidas por el artículo 74 de la Ley 1/2019, así como para la depuración de las responsabilidades que procedan en el marco de las competencias que en materia de tutela se atribuyen al departamento del Ejecutivo regional a través del Área de Deportes.
En el caso de no convocar las elecciones, que podría darse la circunstancia si así lo estiman los que llevan ahora el timón una vez que lleven a cabo su propia interpretación de lo que determina la sentencia del TSJC, se barajaría la posibilidad de repetir la historia, al igual que en el año 2022, al verse obligado en teoría el Gobierno de Canarias a relevar a Rivero Vega de sus funciones y poner una nueva gestora al frente de la Federación. Con este relevo, la gestora tendría, ahí sí, quince días para convocar elecciones y determinar un mandato que se entendería hasta el año 2028, cuando habría unos nuevos comicios en todas las islas.
