El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, esquivará la prisión, pero verá limitada su libertad. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le prohíbe salir de España, y le obliga a entregar el pasaporte y a comparecer en el juzgado cada quince días. La magistrada le advierte de que su situación podría variar si incumple alguna de estas medidas. Sin embargo, pocos minutos después se supo que la juez decidió sin embargo enviar a la cárcel madrileña de Soto del Real a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los presidentes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, considerados los agitadores en la calle del movimiento secesionista.
La magistrada considera suficientes estas medidas para garantizar la disponibilidad de Trapero ante la justicia, y descarta que exista riesgo de que el mayor vuelva a cometer sedición, aunque admite que la investigación podrá ampliarse. En el segundo caso, entiende que se dan las circunstancias para que las dos personas deban ingresar en prisión antes de ser sometidas a juicio.
En el auto, Lamela explica que la investigación actual se limita por ahora a lo sucedido el 20 y 21 de septiembre, cuando una masa de independentistas acosó a la Guardia Civil para entorpecer su labor investigadora contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. «No se conoce otra clase de actividad anterior o posterior», dice la juez.
El mayor de los Mossos estaría vinculado a la estrategia del independentismo, reconoce la magistrada, según el documento incautado en el domicilio del número dos de Oriol Junqueras.
Trapero declaró durante una hora y media, cuestionado por la Fiscalía, quien le acusa de no haber tomado medidas para evitar el asedio a los agentes. El mayor se escudó en que abrieron los pasillos para los arrestados y para la salida de la comisión judicial, pero que no fueron utilizados «en los momentos previstos». También justifica la pasividad de la Policía autonómica contra los concentrados porque «ello podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas».
Antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rectificó sobre la marcha, por el curso de los acontecimientos, y pidió prisión incondicional para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la pasividad de la policía autonómica.
El interrogatorio de la Fiscalía de la Audiencia, representada por Miguel Ángel Carballo, ha sido muy duro con Trapero y con la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, contra quien ha solicitado prisión eludible bajo una fianza de 40.000 euros, rechazada por la magistrada al finalizar su interrogatorio. Laplana, quien ha declarado por videoconferencia durante una hora y media, deberá entregar su pasaporte, no podrá salir de España y tendrá que comparecer cada quince días en el juzgado, ha acordado la magistrada.
Piden prisión para Sánchez y Cuixart
El testimonio de la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha sido muy duro con el comportamiento de los investigados, con descripciones muy gráficas de lo sucedido, según han informado a ABC fuentes jurídicas presentes en los interrogarorios. Los dos guardias civiles que también han testificado este lunes han cargado, con más frialdad, contra el líder de ANC, Jordi Sánchez. Para él y para Jordi Cuixart, presidente de Ómnium, la Fiscalía pide prisión sin condiciones. Por ello, será la juez Lamela quien resuelva su futuro.
Estas comparecencias han coincidido con el vencimiento del plazo que el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia durante su intervención en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre. La respuesta del «president», de la que dependía la articulación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Rajoy, no ha convencido en Moncloa. Se ha puesto en marcha el segundo plaza dado para que Puigdemont rectifique y vuelva a la legalidad.
La Guardia Civil, en un informe, extendió las sospechas contra los Mossos y los líderes independentistas desde el 20 de septiembre, cuando tuvo lugar el asedio, hasta el 1 de octubre, el día del referéndum ilegal. Los investigadores consideran que los policías autonómicos permitieron que la votación ilegal se celebrase sin ningún obstáculo, a pesar de la orden de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pidió que se impidiese. Los investigados están imputados por sedición, un delito que castiga a los que se alcen tumultuariamente para impedir por la fuerza la labor de los agentes judiciales o policiales.
La competencia de la Audiencia Nacional se justificaría, según la juez, porque el objetivo de esos actos era empujar hacia la independencia unilateral: es decir, alterar la formad de Gobierno por las vías ilegales.
Prisión para los otros dos acusados
El proceso independentista ha llevado sin embargo a prisión por primera vez a dos de sus líderes. La juez de la Audiencia Nacional envió este lunes por la noche a la cárcel madrileña de Soto del Real a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los presidentes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, considerados los agitadores en la calle del movimiento secesionista.
La magistrada, que dejó en libertad al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, considera necesario encarcelar a Sànchez y Cuixart para evitar que sigan empujando hacia la independencia por medios ilegales. Lamela aprecia un riesgo claro de que ambos reiteren en su actividad delictiva, al formar parte de «un grupo organizado de personas» que llevan a cabo «de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria» para lograr «fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España».
Ese proceso se encuentra en marcha -explica la magistrada- que cita como ejemplo que los dos «Jordis» han protagonizado eventos similares más allá del 20 y del 21 de septiembre, cuando una masa de independentistas asedió a la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat que estaban siendo registradas. Esta investigación, aun así, se centra por ahora solo en lo que sucedió aquel día, sin considerar la actuación del independentismo en el referéndum ilegal del 1 de octubre, pues la Fiscalía no ha ampliado su denuncia.
Concentración «no pacífica»
Para justificar por qué Sánchez y Cuixart van a prisión (y no Trapero y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana), la juez alega el «papel clave» de los líderes de la ANC y Òmnium en el acoso a la Guardia Civil, «alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente» de las concentraciones durante todo el día. Sànchez y Cuixart llevaron la «iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes» en cada momento del día.
La congregación a las puertas de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat «no se trataba realmente de concentraciones pacíficas y tampoco de una protesta aislada», argumenta la juez. Lamela explica, por ejemplo, que ni Sànchez ni Cuixart pidieron a la masa que seguía sus instrucciones «que no se violentaran los vehículos oficiales» de la comisión judicial, que quedaron destrozados. Los peritos han cifrado el daño causado en los coches en 135.631,92 euros.
El asedio a los agentes del pasado 20 de septiembre estaba orientado, en definitiva, «a impedir la aplicación de la ley y las resoluciones dictadas como medio para impulsar el referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España». La juez ubica esa actuación dentro de «una compleja estrategia» para alcanzar la secesión por medios ilegales.
Según la magistrada, también existe riesgo de que los líderes soberanistas se fuguen -ante el grave horizonte penal que supone el delito de sedición- y de que destruyan pruebas. Lamela señala que los dos encarcelados ya han protagonizado actividades en las que han tratado de entorpecer la labor de la justicia. Un ejemplo sería la sustracción de carteles incautados por la Guardia Urbana de Badalona el 25 de septiembre por Cuixart.
Nada más conocer la decisión de la jueza, las reacciones no se hicieron esperar. La ANC convocó un paro a las 12 horas de hoy y una concentración a las 19 horas «ante las delegaciones del Gobierno» de las cuatro capitales de las provincias catalanas. La CUP se ha sumado a las movilizaciones de protesta.
Reacciones políticas
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, señaló en Twitter que la prisión «era una muy mala noticia» e indicó que «pretenden encarcelar ideas». Carme Forcadell calificó la decisión judicial de «injustificable» y definió a Sànchez y Cuixart como «dirigentes pacíficos». El vicepresidente Oriol Junqueras acusó al PP de ser el responsable de «la prisión incondicional».
