La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decretado el pasado 5 de marzo de 2010 la paralización del proyecto de ampliación de la carretera de Tahíche. La sentencia considera probado que ni se realizó el estudio de impacto medioambiental por parte del Gobierno de Canarias, ni que el proyecto fue sometido a exposición pública por parte de la Consejería de Obras Públicas.
En su sentencia, notificada este pasado lunes a los vecinos de Tahíche que prosiguieron con su lucha, iniciada a principios de 2007, a pesar del archivo de la causa por parte de la Fiscalía de Arrecife, se establece que la Consejería de Obras Públicas cuenta con diez días hábiles para recurrir. En teoría, las obras deben paralizarse de forma cautelar hasta que el Gobierno de Canarias cumpla con los requisitos legales dictados por el auto.
Josefina de León, una de las vecinas afectadas por las expropiaciones de la carretera, contra la que tantas protestas hubo al conocer el trazado, alega en su defensa que “en ningún caso” se ha pretendido perjudicar a los ciudadanos de Lanzarote. “Todas las administraciones sabían que estas impugnaciones existían pero, a pesar de ser conscientes de las irregularidades, el proyecto dio comienzo”, afirmó en declaraciones a Crónicas. “El proyecto no estuvo expuesto públicamente y no tuvimos el derecho a alegar de cara a posibles modificaciones”, agregó. Según Josefina de León, los afectados “no estamos en contra de una mejora o arreglos de la carretera, sino de que se hayan hecho las cosas ilegalmente”, es decir, contra las formas, y “también contra las dimensiones del proyecto, pues siempre nos ha parecido desmesurado que la carretera contara con aceras de 5 metros y una mediana de 3 metros”. Efectivamente, la calidad de vida de estos vecinos se verá afectada, tal y como reconoce en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. “Cuando esté terminada la carretera, tendré que circular por encima de la acera para llegar a mi casa, porque tampoco contaré con una vía de acceso”, sostiene.
Desde el inicio de las obras, de los 226 afectados, un 70 por ciento ha firmado el acta de ocupación voluntaria, aceptando la expropiación, y el 30 por ciento restante, se dividía entre los que se ausentaron y los que están declaradamente en contra e iniciaron en su día procesos judiciales.
Los vecinos explican que en el proyecto de ejecución de ampliación de la vía “no se respetó el eje central de la carretera, y hubo zonas en las que se rodaron 3 metros. En mi caso”, desvela, “iban a expropiar un metro con una zona de curva, y ahora me expropiarán más de 3 metros”. De León denuncia que incluso los operarios de la carretera pretendieron “entrar en una casa a cuya propietaria ni le había llegado la notificación sobre el fondo que le iba a corresponder”.
Contradicciones y justicia
Este grupo de vecinos de Tahíche alegaron en su contencioso-administrativo que no se había realizado ningún tipo de estudios relacionados con los ruidos y la acústica que conllevaría el tránsito de una carretera que contempla. “Al principio todos aseguraban que el proyecto sí estuvo en exposición; más tarde, cuando vieron que nuestra impugnación iba en serio, decían que no hacía falta que estuviera gracias a las Normas Subsidiarias, … yo sigo viendo contradicciones entre los representantes de las distintas administraciones”, asevera esta vecina.
Sin embargo, a día de hoy afirman que “por fin se ha demostrado que la justicia funciona”.
Las expropiaciones iniciadas por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para la nueva carretera de Tahíche cuentan con un presupuesto aproximado de casi 12 millones de euros, lo que supone el 42 por ciento del total del coste previsto para el proyecto. Las obras de la carretera, se estima, tendrán un importe de más de 16 millones de euros y el proyecto completo, sumando ambas inversiones, más de 28 millones de euros. Estas cifras, todavía estimaciones aproximadas, han sido confirmadas por el ingeniero director de obras, José María Riera, quien por cierto, este mismo miércoles, tras conocer la existencia de la sentencia, se ha dirigido telefónicamente a los vecinos que han ganado esta batalla parcial, cuyas obras, cabe destacar, han visto aminoradas curiosamente su ritmo de producción desde hace casi siete días.
