El Ayuntamiento de Teguise ha comunicado este viernes en nota de prensa que la institución municipal se hará cargo finalmente de la demolición de una de las parcelas de Costa Teguise, la 214, que alberga un esqueleto de hormigón, construcción inacabada a nombre de Lanzagal Promotores, ante la negativa de la propiedad. Es sin duda alguna el caso más preocupante de los que había heredado el actual Gobierno que lidera Oswaldo Betancort, puesto que está a la entrada de la urbanización y actualmente está lleno de personas que viven allí. El propio alcalde ha repetido en infinidad de ocasiones que le habría encantado ordenar el derribo de aquella obra inacabada el primer día que cogió el bastón de mando, cosa que no ha podido hacer y que se ha eternizado por los distintos procedimientos judiciales que afectan a la parcela, alguno de ellos todavía abierto.
El Ayuntamiento explica en su nota que el pasado 15 de noviembre el procurador de los tribunales y de la mercantil emitió un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en relación al cumplimiento de la sentencia mediante la aportación de un Decreto emitido por la Alcaldía de Teguise sobre el inicio de un expediente a fin de que se procediese a la demolición de dicha construcción a consecuencia de la licencia anulada, ante el cual la propiedad ha mostrado absoluta disconformidad alegando que “la referida sentencia anulaba la licencia, pero no hacía ninguna mención a una posible condena”.
A este respecto, la responsable de Urbanismo y Oficina Técnica del Ayuntamiento de Teguise, Olivia Duque, ha aclarado que “tras un largo proceso judicial, y siempre en aras de que los propietarios costeasen su derribo y no supusiese una merma de los fondos municipales, finalmente la propiedad se ha negado a cumplir con la solicitud de derribo y con el plazo dado por Teguise, por lo tanto, emprenderemos las acciones pertinentes para acometer el derribo”. “La Oficina Técnica municipal ya está trabajando con los trámites para contratar un proyecto de demolición de una de las obras abandonados que más problemas colaterales ha traído por la ocupación ilegal de personas en su interior”, ha manifestado Duque, asegurando que “se han agotado todas las vías para que no fueran los contribuyentes los que cargasen con esta losa, aún a riesgo de las advertencias de multas contra el patrimonio personal del propio alcalde de Teguise, y me consta que nuestros servicios jurídicos municipales han actuado con diligencia y máximo respeto a la ley y a los plazos”.
La institución, asimismo, recuerda que en mayo de 2022 ya se procedió a la demolición de otro esqueleto urbanístico, situado en la parcela 210 de Costa Teguise, en las inmediaciones de la residencia de La Mareta, gracias al compromiso de la mercantil Armadores de Puerto Rico S.A., mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, devolviendo décadas después la parcela a su estado original.
El Ayuntamiento conoció hace unas semanas la intención del derribo de otra de las construcciones inacabadas en Costa Teguise, propiedad de la mercantil Promontoria Coliseum Real Estate, la cual presentó un proyecto para la demolición del esqueleto de la parcela 242-B, con el que se hará efectiva la orden dictada por el TSJC a tenor de su ilegalidad.
El efecto colateral de la ocupación
Uno de los efectos colaterales que ha conllevado la situación de abandono de estos inmuebles inacabados es la ocupación ilegal de los mismos. El alcalde de Teguise se ha pronunciado sobre la gravedad del problema, exigiendo soluciones contundentes. “Estamos en permanente contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que estas propiedades privadas sean ocupadas de manera ilegal y la solución no la tienen las entidades locales, sino que la ley y la justicia sean todo lo contundente que puedan ser”, considera Betancort, poniendo en tela de juicio “la escasa protección de la propiedad privada, algo evidente ya que es una problemática que no han sabido atajar”.
“Es un despropósito absoluto el fracaso en la gestión de la ocupación ilegal en toda España, porque no se aplica la ley, actuando en detrimento de los propietarios”, considera Betancort, “y otro fracaso palpable es que no han sido capaces tampoco de promover viviendas sociales, y como ejemplo podemos hablar de la nula promoción de estas viviendas en toda Canarias y, por supuesto, en la isla de Lanzarote”, denuncia Betancort.
