El polémico consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa, actual responsable de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote, ha logrado que suceda algo insólito en la historia reciente de la institución, que todos los grupos con representación política, Partido Socialista (PSOE), Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Lanzarote en Pie-Sí Podemos, tengan que personarse en el contencioso que ha interpuesto contra la decisión del secretario, Mariano de León, de dar por buena su expulsión del grupo con el que se presentó a las elecciones.
Como ya adelantó este diario, Sosa pretende judicializar su expulsión del Grupo Nacionalista entendiendo que se conculcan sus derechos fundamentales, ya que no está de acuerdo con el informe que firmó en su día el secretario y que se elevó al Pleno. Ahora, en un nuevo episodio de la rocambolesca historia, este diario ha podido saber que la propia presidenta de la institución, la socialista María Dolores Corujo, se ha visto en la obligación de informar a todos los grupos, incluyendo al suyo, de que su compañero de pacto responsabiliza a todos de la toma de conocimiento de la decisión de la Secretaría y que por tanto les conmina a comparecer en los tribunales de justicia para que justifiquen su posición en el pleno, algo insólito teniendo en cuenta que ninguno de los grupos votó nada, se limitaron a darse por enterados de lo que De León había determinado jurídicamente para considerar que el consejero que se presentó con CC debía pasar al Grupo de los No Adscritos una vez que se indisciplinó y se sumó primero al Gobierno conformado por el PSOE y el PP y posteriormente al que crearon en la actualidad el PSOE y Podemos.
Lo que recibieron este miércoles los grupos fue un oficio de fecha 24 de enero de 2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que obligó a Corujo a elaborar un decreto para determinar que toda la documentación recogida en el expediente se debía trasladar a los cuatro grupos políticos. En segundo lugar, que se remita el documento a “cuantos aparezcan interesados en el expediente”, es decir, a todos los que participaron en el pleno, “y que aparezcan como demandados”, para lo que se les da un plazo de 9 días para que acudan “debidamente asistidos y representados”.
Fuentes del Gobierno insular han confirmado a este diario que el asunto no deja de ser un mero formalismo, que no tiene la importancia que inicialmente se podría desprender de la simple lectura del decreto firmado por la presidenta, puesto que consideran que ninguno de los grupos realmente está demandado y que por tanto podrían acudir o no a declarar en el procedimiento. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, seguramente en el caso de PSOE y Podemos para testificar que a ellos Sosa no les parece un tránsfuga, agarrándose una vez más al argumento de que iba en la lista de CC pero representando la cuota de San Borondón, partido que como determina el secretario del Cabildo no se presentó a las elecciones y que en todo caso dio instrucción clara posterior a Sosa de revertir su actuación.
Fuentes de la oposición, sin embargo, no lo ven así, y les parece que no deja de ser una cuestión disparatada en la que se ven envueltos también los partidos que sostuvieron o sostienen al consejero tránsfuga, en su momento el PP y ahora Podemos. A su modo de ver, todos están demandados y todos tienen 9 días para prepararse para ir a testificar al Juzgado de lo Contencioso también porque la presidenta lo ha interpretado de esa manera en el decreto. Por ello, tanto en CC y PP preferirían conocer el expediente completo y lo que determina el Juzgado para pronunciarse con mayor contundencia.
Lo cierto es que la razón de este movimiento en el Juzgado por parte de Sosa, según las fuentes jurídicas consultadas, es que los nacionalistas no iban mal encaminados cuando afirmaron públicamente que los privilegios de los que ha disfrutado el consejero tránsfuga durante este tiempo, como estar liberado cobrando el sueldo íntegro de médico del Servicio Canario de Salud cuando no está ejerciendo en su consulta, terminan en el momento en el que se aplica la Ley Antitransfuguismo y se obliga a los no adscritos a reincorporase a su trabajo o a quedarse sin sueldo de la institución en la que se encuentran. Eso, además de un evidente intento de tratar de dilatar la situación actual en el tiempo, toda vez que se confía por parte de los que quieren que no se haga efectivo el asunto en la lentitud de los tribunales de justicia y en que en menos de año y medio habrá una nueva convocatoria electoral.
