domingo 22/5/22

Después de una larga y tensa espera, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado este jueves que el ex presidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés se tendrá que sentar de nuevo en el banquillo para responder a la acusación que se le hace por la decisión que adoptó en su día de acceder al interior de la desaladora de Montaña Roja, en el municipio de Yaiza, rompiendo el candado de la puerta propiedad de la empresa Club Lanzarote, S.L. Lo hará en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife en una sesión que se iniciará a las 9.30 horas el próximo 17 de mayo con la idea de determinar si existe algún delito en la incautación de la planta que desala agua en el sur de la Isla en el año 2014. El plenario de un asunto que ha generado una enorme polémica en Canarias, se celebrará en la sala de vistas que habitualmente utiliza la Audiencia Provincial de Las Palmas en sus desplazamientos, la misma que se ha utilizado estos días para el conocido caso Montecarlo, y está previsto que se prolongue la semana siguiente, los días 24 y 25 de mayo.

Lo más llamativo del asunto es que, como se ha quejado San Ginés, el juicio se va a celebrar cuando la empresa que acusó inicialmente y que fue afectada por la orden del ex presidente, Club Lanzarote, retiró la denuncia, y el Ministerio Fiscal, lógicamente, calificó que no continuara el proceso, proceso que está sustentado en la acusación particular representada por los ex representantes de Podemos en la institución insular.

El pasado 17 de noviembre de 2020 la magistrada del caso en el que se juzgaba la incautación de la desaladora, María Luisa Moreno, decidió suspender la vista oral al inicio de la segunda sesión del juicio al entender, como explicó José María Calero, que no era competente para llevar el procedimiento y que éste se debía llevar a cabo, una vez que no se decidió suspender en su totalidad, en la Audiencia Provincial de Las Palmas al reclamarse para los tres acusados, el ex secretario del Cabildo Francisco Perdomo y el técnico José Juan Hernández Duchemín penas de más de 10 años de inhabilitación especial por sendos delitos de prevaricación, 12 años en concreto, y entender el letrado que ése era el órgano competente. Posteriormente, en diciembre de ese mismo 2020 fue la Audiencia Provincial la que acordó en diciembre que los tres acusados sí debían ser juzgados en Arrecife, con lo que devolvió el procedimiento al lugar del que en teoría no debería haber salido.

San Ginés se volverá a sentar en el banquillo el 17 de mayo por el caso de la...
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