martes. 05.07.2022
"La clausura de la desaladora habría provocado un desabastecimiento, yo elegí la opción menos grave para los vecinos", dijo. La abogada de Carlos Meca, Nora Ferrer, apretó al ex gerente de Canal Gestión Gerardo Díaz intentando vincular la incautación de la desaladora con un supuesto intento de mejorar sus retribuciones particulares

San Ginés insiste en su inocencia y dice que ordenó la incautación de la desaladora por el bien de los vecinos

Pedro San Ginés en el momento de iniciar su comparecencia.
Pedro San Ginés en el momento de iniciar su comparecencia.

El ex presidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés ha defendido este martes durante su intervención en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife su inocencia por los delitos que se le acusan al entender, como ha venido explicando todos estos años, que la incautación de la desaladora que controlaba la empresa Club Lanzarote en el Plan Parcial de Montaña Roja se realizó en todo momento por el bien de los ciudadanos que ya habían denunciado la situación y en base a los informes que se poseían.

La declaración comenzó con una aclaración, tras las preguntas de la fiscal de sus funciones como presidente del Consorcio del Agua que delegó en Soraya Brito. San Ginés señaló que Club Lanzarote era quien gestionaba el abastecimiento doméstico porque “no existía ninguna otra salvo esta”. Acerca de cómo surgieron los requerimientos de abastecimiento a terceros afirmó que “un vecino denunció que el precio que estaba pagando era superior al resto”.

En total, según el acusado, fueron 5 los recursos por inacción que se tramitaron a través del Diputado del Común y uno del Gobierno de Canarias, organismo público que, tal y como remarcó, llegó a solicitar incluso el cierre de la planta. Sobre si se informó de estos requerimientos a Club Lanzarote el antiguo dirigente confirmó esta notificación y que se solicitó desde el gerente del Consorcio un expediente de concesión y 10 días después se requirió el cese de la actividad. Posteriormente comentó que hizo constar que se realizaron diferentes reuniones tratando de alcanzar acuerdos pacíficos, lo que sólo se logró en una ocasión. "No fue posible hasta que el Gobierno de Canarias decretó el cierre de la planta”, expuso.

San Ginés destacó además que “la clausura hubiera provocado un desabasto” y que tras la validación de los tribunales se logró que “6.000 vecinos pagaran en tramos más bajos que los que tenían y el Consorcio facturó un canon de 300.000 euros anuales”. Ante esto, la Fiscalía preguntó que dónde estaba la urgencia que provocó la incautación que se realizó, a lo que el ex presidente del Cabildo aseveró que la subida de tono de los requerimientos del Diputado del Común, que era en aquella época el ex ministro Jerónimo Saavedra, que llegó a amenazar a la administración con poner en constancia los hechos en la propia Fiscalía, fue la causa de esta medida para evitar males mayores. San Ginés también informó de que se recibió asesoramiento tanto interno como externo, en este caso por parte de Ignacio Calatayud. Según el acusado, el secretario del Consorcio, Francisco Perdomo, le informó de que a su juicio no era necesaria una autorización judicial. Añadió que un juez afirmó que no era necesaria la autorización porque podía ser de dominio público y no era un domicilio privado. Ante la pregunta de por qué recuperó las competencias que le había delegado a Soraya Brito afirmó que “lo hice porque hacía 25 años que pasaba, había 4 requerimientos y Soraya únicamente llevaba un mes". "Mi decisión fue ponerme delante de un problema que sabia que iba a terminar siendo grave, era mi deber, por lo tanto, asumir las competencias”, remarcó.

La fiscal, Celia Asensio, continuó sus preguntas en esta ocasión solicitando al acusado una explicación del motivo por el que se acudió a un informe de un letrado externo como era Ignacio Calatayud para la elaboración de un informe de esas características. Pedro San Ginés señaló que “no había ningún impedimento y lo hicimos para tener garantías absolutas”. Además, añadió que el asesor jurídico suscribía el informe de Calatayud y que se pidió que constara por escrito las diferentes cuestiones porque sabían que tendrían problemas. Tras la incautación, San Ginés aseguró en la sala que se “prestó el servicio al único que podía realizarlo y que por eso no se podía sacar a concurso”.

Ante la pregunta de si no consideraba que se podía producir un conflicto de interés del letrado Ignacio Calatayud, quien también trabajaba para Canal Gestión, el acusado afirmó que “el letrado mostró dos opciones, incautar y clausurar, él se decantó por clausurar y yo elegí la menos gravosa, llegando incluso a darle las gracias por su consejo pero que prefería la incautación”.   

Pedro San Ginés declaró, ante las preguntas de la defensa de Francisco Perdomo, que “no fue necesario poner el informe ni lo creyó así el secretario”. Además, destacó la trayectoria de éste aclarando que valoró las distintas opciones pero aclaró que la decisión la tomó él después de todo lo que sabía sobre el tema. A continuación, indicó que la resolución estaba “perfectamente fundamentada” y que posteriormente se solicitó el informe escrito. Ante la insistencia de la defensa de Perdomo, el acusado afirmó de forma categórica que él no había dicho que fuera necesario el informe.

El final de la intervención estuvo en las manos de la defensa del propio Pedro San Ginés, quien comenzó su intervención preguntando si había un informe del entonces gerente Consorcio, José Juan Hernández Duchemín, documento que el acusado confirmó. Posteriormente, San Ginés pidió aclarar que la decisión fue suya y que no culpa al secretario de la situación, llegando esta puntualización tras varias preguntas del abogado del propio secretario. El ex presidente también detalló que la resolución de incautación coincidió con un informe que destacaba que se adoptaban medidas cautelares, pero que “no se determinaban que medidas eran cautelares, por lo cual no sé qué otra medida se podría haber tomado”. San Ginés también señaló que el asesor jurídico y él fueron quienes firmaron la resolución y que todos estos documentos se los traía su “secretaria, podía firmar decenas de resoluciones, pero no firmaba ninguna que no estuviera suscrita por el secretario".  Ante la pregunta de si tenía algún antecedente de que debía tener cuidado con los consejos que recibía de su asesor interno u externo, el acusado señaló que “por la parte que se me vincula en absoluto, Francisco Perdomo tiene una trayectoria intachable”.

José Juan Duchemín

El que fuera gerente del Consorcio insular de Agua comenzó su testimonio aclarando que sólo contestaría a las preguntas de la Fiscalía y las que realizara su propio abogado. La fiscal preguntó al acusado por las medidas tomadas y éste explicó que se produjo una “infracción administrativa y se realizó un expediente sancionador, con el que se aconsejaba que se estableciera la legalidad y se tomaran las medidas cautelares que se consideraran oportunas”. José Juan Hernández Duchemín resaltó que era un tema complejo porque “si ponías un precinto los vecinos se quedaban sin agua, por lo que se debían tomar medidas provisionales hasta que se resolviera el expediente”. Ante la pregunta de la atribución de la desaladora a Canal Gestión, el antiguo gerente señaló que “era la única que podía porque no se podía dar a cualquiera porque había que cumplir unos criterios”, ya que la empresa manejaba en aquel momento el ciclo integral del agua en la Isla.

La defensa del propio Hernández Duchemín preguntó a su cliente por el escrito del Diputado del Común, el cual afirmó recordar que llegó en “julio de 2011 y era una cosa seria ya que nos instaban a tomar medidas o de lo contrario se iría a la Fiscalía con esta cuestión”. Posteriormente aclaró que no era necesario su informe para tomar medidas ya que “el presidente podría haber iniciado el proceso de oficio”. También explicó el motivo por el que se apartó de su posición, el cual era en un principio médico, pero que posteriormente fue imputado por una cuestión jurídica y entendió que “no debía estar”.

Tras los testimonios de los acusados comenzaron las declaraciones de los testigos; el primero fue Gerardo Díaz, quien fuera gerente de Canal Gestión. El turno de preguntas comenzó con Nora Ferrer, de la Acusación Popular, quien comenzó su intervención preguntando por el sueldo que recibía por sus funciones y si éste aumentaba en base a sus objetivos, buscando una posible vinculación de la adquisición de la desaladora de Montaña Roja con esa situación particular. Díaz explicó que su sueldo contaba con un 20% de retribución por objetivos, pero que estos no se ceñían única y exclusivamente a la facturación. Posteriormente, afirmó que no había solicitado al Consistorio la regulación de la situación y que se realizara una intervención con la situación irregular que se vivía. Sin embargo, la letrada le mostró una entrevista en un medio de comunicación en la que sí afirmaba esto, tras lo cual el testigo aclaró que estaba implícito en el contrato que se había firmado con el Consorcio de Agua y que a la hora de hablar de normalizar se refiere a que “no había controlado suficientemente la calidad del agua”. El antiguo Gerente de Canal Gestión aseveró que recibieron desde el Consorcio la “petición de hacernos cargo de la desaladora porque así lo decía el contrato”. Además, explicó que se contaba con los servicios de Ignacio Calatayud pero que tras encontrar “un letrado en sintonía con Madrid y que podía hacer la labor suspendimos a Calatayud”. La Acusación Popular preguntó si el asesoramiento de Calatayud fue únicamente verbal, a lo que el testigo mostró su negativa añadiendo que “había emails y demás”. Ante esta afirmación, Nora Ferrer recordó al testigo que estas no habían sido sus palabras durante la instrucción. Otra de las cuestiones que acabó con una incongruencia entre las declaraciones realizadas anteriormente y las actuales fue la participación del propio Ignacio Calatayud en la empresa, ya que el antiguo gerente afirmaba que no estuvo en la compañía tras la incautación y la letrada le mostró un documento que certificaba que sí. Díaz finalizó su intervención narrando cómo fue la visita a la desaladora y la posterior adquisición.

José Miguel García, trabajador del grupo Club Lanzarote, destacó durante su testimonio ante la Acusación Popular como fue vivida la incautación de la desaladora por los trabajadores. García señaló que se realizaban analíticas al agua y que hubo una visita a las instalaciones cuatro meses antes de la incautación y que ésta fue realizada por el gerente del Consejo Insular, del Consorcio y de “jefes de Canal Gestión”.  Acerca del día de la incautación puntualizó que estaban los trabajadores y que “entraron Ignacio Pérez e Ignacio Calatayud con un documento y fuera se quedó la gente de Canal Gestión”.

Soraya Brito, quien ocupara la posición de consejera del Consorcio, testificó ante la Acusación Popular explicando que “no conocía el área y llevaba casi nada en el cargo”. Brito señaló que desconocía si se había incautado otras desaladoras y que no era habitual realizar acciones sin informes previos. Nora Ferrer mostró la resolución de relevo de Brito y le pidió que citará las fechas. De esta forma, mostraba que la medida era notificada de forma posterior a la resolución, ya que en el documento constaban las firmas y fechas.

La defensa de Pedro San Ginés solicitó que le explicara el motivo de por qué se regresaban las competencias al ex presidente. Brito señaló que se debía a que “en ese momento no estaba preparada para gestionar temas que tenían tanto tiempo”.

El letrado de Club Lanzarote, Pedro Soriano, fue el último de los testigos de esta jornada doble. La Acusación Popular comenzó preguntando a Soriano si se produjo algún encuentro con Pedro San Ginés; el testigo informó que estas visitas se produjeron de forma previa a la incautación y que se trasladaron las quejas de los vecinos y se solicitó información. Soriano destacó que “se avisó el mismo día que se iba a realizar la incautación”. Además, señaló que le manifestó a Ignacio Calatayud que sin una resolución judicial no podían hacer esa incautación. El letrado de profesión aseveró que no le dejaron realizar alegaciones previas debido a la rapidez de la ejecución, pero que si pudieron realizarse a posteriori.  El testigo resaltó las dificultades que sufrió a la hora poder obtener los diferentes informes y expedientes que solicitó.

La defensa de Pedro San Ginés preguntó al testigo si recordaba los diferentes requerimientos que se realizaron de forma individual. Ante esta especificación Soriano afirmó no recordarlos de forma específica. Sin embargo, si recordaba una advertencia pública, la cual fue según el testigo una “incidencia por la que se tuvo que poner una restricción hasta subsanar el problema”. El testigo también explicó que “en un principio buscamos llegar a un acuerdo, pero sobre la mesa estaba entregar la planta". "Luego el Juzgado de lo Contencioso Número 9 nos sugirió que viéramos a un mediador y entonces sí llegamos a un acuerdo”, apuntó.

Las declaraciones de los testigos proseguirán este miércoles en la segunda jornada del juicio.

San Ginés insiste en su inocencia y dice que ordenó la incautación de la desaladora por...
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