Francisco Rodríguez Batllori, el abogado y exconsejero de Justicia en el Gobierno de Canarias, imputado en cuatro delitos dentro de la Operación 'Jable' -pieza separada de la Operación 'Unión'-, ha pedido este miércoles a la jueza que instruye el caso, María Jesús Hernández Elvira, que revise el escrito en el que sus abogados solicitan el sobreseimiento de su causa.
"Respeto las decisiones de la señora jueza y del fiscal, pero he manifestado a través de mis abogados mi desacuerdo a través del escrito correspondiente de sobreseimiento", ha relatado durante su intervención en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. "Nos da la impresión de que el escrito lo hemos presentado dos días después de que la señora jueza dictase su auto", ha dicho, en referencia a la decisión por la que el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife concedía el pasado jueves, 14 de febrero, diez días al Ministerio Fiscal y a las distintas acusaciones personadas para que pidan la apertura del juicio oral en la causa abierta en su contra.
Rodríguez Batllori ha subrayado su malestar por que la actual magistrada sea la tercera jueza que instruye la causa. Además, ha recalcado que "nosotros nos enteramos de la decisión de la señora jueza de llevarme a juicio por los medios de comunicación".
Según ha expresado, "cuando ya estaba la noticia en la calle se había presentado el escrito de sobreseimiento, pero la impresión que tengo, pues aún no he visto todavía los documentos, es que la fecha del escrito de la señora jueza es de un par de días antes al otro escrito de sobreseimiento".
A su juicio, "el escrito que hemos presentado es de tal contundencia que solo cabe archivar y sobreseer la causa. Si se entra en el sumario, puede verse que todos los testigos que hemos presentado han certificado que, efectivamente, yo trabajé asesorando a algunos concejales del Ayuntamiento de Arrecife y también trabajé para Inalsa".
Cabe recordar que en la causa abierta contra Francisco Rodríguez Batllori, figuran también el líder histórico del PIL, Dimas Martín, la exconsejera de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote, S.A., Inalsa, Plácida Guerra, los exconcejales de Arrecife José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, y el exgerente de Inalsa Rafael Elorrieta, imputados por Tráfico de Influencias y/o prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
En la referida comunicación, Batllori critica la instrucción de la causa y niega que fuera el abogado de Dimas Martín, líder histórico del PIL, y que cobrara sin trabajar, hechos que aparecen reflejados en las diligencias previas llevadas a cabo por el Juzgado Número 5. Del mismo modo, el exrepresentante del Gobierno canario critica que sus conversaciones fueran grabadas con Dimas Martín en el caso, tal y como sostienen las partes dispositivas de la causa, que fuera el abogado del político lanzaroteño.
La magistrada del Juzgado Número 5, María Jesús Hernández Elvira, abrió esta pieza separada en el caso Unión para investigar si, efectivamente, los imputados colaboraron para que se le pudieran abonar facturas ficticias tanto desde Inalsa como desde el Ayuntamiento de Arrecife a Rodríguez Batllori, que ha alegado en este proceso que su detención fue ilegal pues no existía orden de detención en el momento en que fue trasladado de Gran Canaria a Lanzarote en helicóptero, y quien se ha defendido explicando que se dedicó a asesorar a los concejales del PIL en Arrecife y a los consejeros de este mismo partido acerca de asuntos relacionados con Inalsa. Según las diligencias previas, en realidad Batllori habría recibido dichos honorarios por el asesoramiento privado que le prestó al líder histórico del PIL, Dimas Martín. El auto dispone que ni José Miguel Rodríguez ni Luisa Blanco, que autorizaron esas facturas abonadas a Rodríguez Batllori, pudieron "concretar qué funciones tenía encomendadas, en concepto de qué lo hacía, mediante qué tipo de contrato (al margen del contrato verbal, de sobra conocido de imposible aplicación en el ámbito de la Administración Pública), si llegó a presentar algún informe en el sentido que fuera, cuáles eran las necesidades que venía a cubrir o por qué la Corporación precisaba de un Letrado".
La magistrada entiende que "existen claros indicios de la sustracción de caudales públicos y presentación de factura falsa para justificar el desvío" de este dinero.
Trabajos demostrados en Inalsa y Arrecife, según Batllori
En el mismo escrito presentado por Batllori a la titular del Juzgado Número 5 se exponen argumentos que para el abogado defensor de Batllori demuestran a las claras que no debería estar imputado por los cuatro citados delitos.
"Reitero una vez más mi absoluta inocencia ante los hechos que se me imputan, como ya ha quedado acreditado", sostiene el también exconsejero de Empleo, que asegura que los testigos a los que se hace mención en las "precipitadas" noticias forman parte de una "larga lista de nombres, todos propuestos por mi defensa, tanto los nombrados en los medios de comunicación como aquéllos que no figuran en los mismos, los cuales, todos, como ya digo, fueron propuestos por mi defensa y aceptados por el juez".
Según expone Batllori, de sus testimonios se deduce "con absoluta nitidez" cuáles fueron los trabajos y actuaciones que como abogado colegiado desarrolló tanto para concejales del Ayuntamiento de Arrecife como para la empresa Inalsa. "A mí en el tema de Inalsa se me presentó un tema de viabilidad que iba dirigido a despedir a muchos trabajadores. Hice una consulta en la Inspección de Trabajo, que también ha declarado ante Su Señoría, y me confirmaron que con ese número de horas extra era imposible llevar a cabo un ERE. Hablé entonces con técnicos de la empresa, que aconsejaron reestructurar la plantilla. Planteé un ajuste de acuerdo al convenio. Asesoré, desplazándome a Lanzarote cada 14 ó 15 días y también tuve contactos con el jefe de personal, que también ha declarado. Me reuní con Juan Carlos Betancort, secretario de FEMEPA, donde está integrada Inalsa por su actividad. Se organizan entonces cursos de formación para evitar despidos. Y todo eso se hizo gracias a mí", ha detallado.
En cuanto a su asesoramiento para concejales del Ayuntamiento de Arrecife, Batllori expone que "aparte de asesorar a la concejala de Personal y reunirme con el Consejo de Política Territorial para ver si era posible anular lo que se había hecho del Plan General y que se hiciera otro nuevo, según manifiesta el propio expresidente de la Autoridad Portuaria, Sánchez Simón, con mi intervención se consiguió desbloquear las negociaciones que se estaban llevando a cabo desde Arrecife para poder tener el Puesto de Inspección Fronteriza, que ya está hecho y a punto de inaugurarse. Eso lo organicé yo, con reuniones y trabajo. Incluso en el tema de Inalsa me reuní con el juez Cobo Plana y tuve reuniones con el gerente. Es que es todo tema de letrado", ha subrayado.
El abogado advierte de que "en ningún caso se ha iniciado por parte de mis abogados acción alguna en contra de ninguna de las instituciones o personas que intervinieron en dicha detención y en su difusión mediática, lo que no quiere decir que en su momento se lleven a cabo las acciones legales que en defensa de mi honor e intereses se estimen oportunas por los letrados que me asisten".
Detención y vulneración de los preceptos legales
Además, la defensa de Batllori alega que el pasado día 23 de abril de 2010 su representado fue detenido en su domicilio por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su posterior puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Arrecife de Lanzarote, dentro de la “Operación Jable”, del “Caso Unión”, que se instruye en ese Juzgado.
A pesar del teórico secreto de las actuaciones, la detención de Batllori y su posterior traslado en helicóptero desde Las Palmas de Gran Canaria hasta un lugar indeterminado de la isla de Lanzarote "se llevó a cabo estando presentes los medios de comunicación, que filmaron y fotografiaron las escenas para su posterior divulgación a través de todos los medios informativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y algunos otros de ámbito nacional, como los diarios “El Mundo” y “El País”, arguye el abogado de Batllori.
La defensa de Batllori también denuncia que se divulgó la noticia de la detención y el traslado en helicóptero en los informativos del canal autonómico andaluz “Canal Sur”, "suponemos que para mayor escarnio de mi mandante, ya que es una persona conocida en las ciudades de Sevilla, Huelva y Cádiz, ciudades con las que mantiene estrechos vínculos por motivos familiares y profesionales".
Tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, el abogado asegura que pudo comprobar que aunque los agentes de la Guardia Civil solicitaron autorización judicial para la detención de Batllori y el resto de imputados, el magistrado que entonces llevaba el caso, el juez Romero Pamparacuatro, no acordó la detención de su representado. "Los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional números xxx y xxx acordaron, sin autorización judicial, comisionar agentes para la práctica de la detención de mi mandante (folio 1423)", expone la defensa de Batllori.
Además, sostiene que tras ser detenido, su representado no fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, sino que fue trasladado a Lanzarote en helicóptero, aterrizando en un lugar indeterminado "delante de las cámaras de televisión".
Consecuentemente, "solo pudo ser la Guardia Civil la que avisó a los medios de comunicación para que captaran y divulgaran tanto la detención como el traslado de mi mandante", afirma.
"De los delitos imputados a mi representado y de la instrucción del procedimiento, se evidencia que fue detenido de manera totalmente innecesaria (bastaba una mera citación judicial como imputado), de la manera más denigrante posible y con la única finalidad de causar un daño personal, familiar y profesional, con clara vulneración de los preceptos legales aplicables".
Por tal motivo, advierte de que se reserva el derecho de ejercitar en su momento las acciones legales que le asisten exigiendo las responsabilidades legales a que haya lugar por las circunstancias en que se produjo su detención que hemos reseñado y personas intervinientes en aquella.
"Tras su detención mi mandante fue incomunicado durante dos días en las dependencias de la Guardia Civil en Teguise, antes de pasar a disposición judicial, en un calabozo de tres metros de largo por un metro y medio de ancho, con un rigor totalmente desproporcionado a sus circunstancias personales y a los hechos presuntamente delictivos que se le imputan pues ni existía el menor riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas ni mucho menos de peligrosidad personal que le hiciera acreedor de dichas medidas de seguridad".
El abogado alega que en las diligencias no consta que se haya llevado a cabo durante los dos días que estuvo detenido las dependencias de la Guardia Civil en Teguise ningún tipo de diligencia de averiguación que justificase su detención e incomunicación (salvo prestar declaración ante los agentes de la GC)".
