La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, y el diputado nacional por la provincia de Las Palmas, el lanzaroteño Francisco Cabrera, han celebrado un nuevo encuentro con el director General de Costas, Pablo Saavedra, para seguir profundizando en los efectos que tendrá la reforma de la Ley en el litoral de las Islas y, de forma más específica, en Lanzarote y La
Graciosa.
Tras culminarse el tramite parlamentario en el Senado, y a la espera
de su culminación definitiva en el Congreso a lo largo del próximo mes
de mayo, la dirigente insular del Partido Popular trasladó a Saavedra
la preocupación que persiste en relación con los núcleos afectados y,
sobre todo, en la importancia que juegan a partir de ahora en el
procedimiento tanto la Administración Autonómica como los
Ayuntamientos.
En este sentido, Astrid Pérez, pide al Gobierno de Canarias y a las
Corporaciones Locales que hagan un esfuerzo para aprovechar los tres
meses de plazo con los que contarán las administraciones para realizar
las alegaciones y certificar los núcleos que reúnen alguna de las
condiciones que se han establecido para poder declararlos como
“urbanos consolidados”.
Esta modificación, que se ha conseguido introducir en la tramitación
de la Ley, permitirá normalizar la situación de zonas como El Golfo o
La Santa.
Durante el encuentro celebrado recientemente en Madrid, al que asistió
además la Subdirectora General de Dominio Público Marítimo-Terrestre,
Raquel Orts, los responsables públicos del Partido Popular se
interesaron también en cómo puede afectar la nueva Ley a aquellas
actividades productivas tradicionales que se desarrollan en el litoral
de la isla, como es el caso de las explotaciones salineras, que
cuentan con un enorme arraigo histórico además de un alto valor
natural y turístico, sobre todo, desde el punto de vista paisajístico.
Por último, Astrid Pérez y Francisco Cabrera insisten en el mensaje
que Costas ha lanzado desde el primer momento de la tramitación en
cuanto a que las modificaciones estarán sujetas al cumplimiento de la
legalidad y se realizarán siempre bajo la máxima de otorgar seguridad
jurídica y garantizar la protección del litoral.
