Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife han denunciado este martes que el grupo de gobierno de la capital de Lanzarote (CC-PSOE) ha respaldado, durante la sesión plenaria celebrada este lunes, la iniciativa de la concejal del Grupo de los No Adscritos Nayra Callero, exedil del PP que ha conservado su acta municipal, para que el Ayuntamiento pague los servicios jurídicos que defienden a trabajadores y concejales imputados en causas judiciales.
“Hasta hora desgraciadamente en el Ayuntamiento ha habido y hay muchos imputados, políticos de unos y otros partidos, y también técnicos, en las operaciones Unión, Montecarlo, etcétera”, ha recordado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el portavoz del PIL en Arrecife, Juan Jesús González Docal. “Hasta ahora nadie ha solicitado que se le pague el abogado y no entiendo por qué se le está dando tantas vueltas, si no es porque hay alguien que tiene interés por que el Ayuntamiento le pague el abogado. Es una enmienda a los presupuestos de doña Nayra Callero, para que no se pague a los abogados a posteriori, sino que se vaya pagando ya. La interventora en su informe dice que no lo ve bien pues puede pasar que posteriormente, si alguien resulta condenado, no pueda devolver ese dinero”, ha aseverado.
El Gobierno de Arrecife respaldaría así la iniciativa de Nayra Callero para que el Ayuntamiento pague los servicios jurídicos de, entre otros, José Montelongo y Cándido Reguera.
Para el alcalde, todo entra dentro de la normalidad
Por su parte, el que ha ofrecido también su versión propia sobre este asunto ha sido el propio alcalde de Arrecife. manuel Fajardo ha insistido este martes en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote en lo habitual y ordinario que resultan este tipo de prácticas relacionadas con los servicios jurídicos de trabajadores y concejales "en todos los ayuntamientos".
“Hay informes y jurisprudencia con respecto a eso, y no es algo que se haga solo en Arrecife. Hay una cuota máxima y se trata de dar carácter de legalidad a algo que se está produciendo en otras instituciones: todas las corporaciones locales tienen la obligación de prestar asistencia judicial a sus empleados y a sus representantes públicos, hasta un máximo. Ahora bien, si la condena es condenatoria, hay un instrumento administrativo para que se retroceda en la entrega de ese dinero. Pero no se ha hecho nada distinto a lo del resto de corporaciones", ha manifestado el regidor capitalino.
A modo de resumen, Fajardo Feo ha advertido de que está "de acuerdo con todo lo que sea legal. Y además, me equivocaré, pero siempre que me equivoco trato de corregir. La utilización de los instrumentos y herramientas que te da la función pública va muy ligada a tus credos personales”.
Responsabilidades por el crédito SWAP
Por otro lado, el propio González Docal ha denunciado que en el punto cuarto de la resolución aprobada este lunes por el Pleno, y a instancias del informe elaborado por el tesorero municipal, se resuelve depurar responsabilidades políticas de los anteriores dirigentes que aprobaron el contrato con una entidad bancaria y sus sucesivas confirmaciones de permuta financiera de tipos de interés (SWAP). El representante del PIL acusa directamente a la que fuera alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz, quien gobernaba en aquella época con el PSOE de Enrique Pérez Parrilla.
“Tanto el Consejo Consultivo como el propio instructor del expediente entienden que para firmarse ese SWAP, con tres contratos en total, con esa cantidad de 30 millones de euros, el asunto se debía haber llevado a Pleno. La Ley dice que todo lo relacionado con el 10 por ciento del presupuesto tiene que ir a Pleno, y como eso no ocurrió, se ha paralizado ahora esa sangría. Creo que ese fue el punto más importante del pleno de ayer”, ha relatado González Docal.
