lunes. 09.06.2025
Acusa a Pedro San Ginés y al actual Consejo de Administración del Consorcio de "dejación de funciones"

Manuela Armas teme que se esté fraguando "una estrategia perversa para privatizar Inalsa"

La ex presidenta, que ha solicitado una reunión con el juez de lo mercantil que gestiona la administración concursal de Inalsa, asegura que el Consorcio del Agua no ha transferido a la empresa pública 2,3 millones de euros ingresados por el Estado desde enero, con los que podría hacer frente a la deuda actual de 7 millones con Unión Fenosa, a la que no se le ha pagado desde octubre de 2009

- La portavoz socialista califica de "chapuzas" las acciones del grupo de gobierno respecto a la apertura de la quesería insular y el Centro de Disminuidos Psíquicos y cree que CC, PP, PIL y PNL "juegan al pierde"

La ex presidenta del Cabildo insular de Lanzarote y actual portavoz del Partido Socialista (PSC) en la Primera Corporación insular, Manuela Armas, ha mostrado este jueves su preocupación y temor por los "indicios racionales que apuntan a que se está llevando a cabo una estrategia perversa para que Inalsa sea privatizada". Según recordó, el vicepresidente, [Fabián Martín], sugirió esa posibilidad y el presidente, [Pedro San Ginés], no la ha negado ni desmentido".

En una rueda de prensa ofrecida en la cafetería del Cabildo debido a que "ni la oposición ni el Comité de Empresa tienen representación actualmente en el Consejo de Administración", Armas acusó de "dejación de sus funciones" al actual presidente de la Corporación, Pedro San Ginés, y al resto de miembros que componen el actual Consejo de Administración del Consorcio Insular de Aguas, que a su vez son los mismos responsables políticos que sustentan el actual pacto de gobierno (CC, PP, PIL y PNL).

A pesar de que la empresa pública está a día de hoy inserta en un proceso de administración judicial debido a los casi 40 millones de euros de deuda que arrastra, según Manuela Armas el artículo 36 de la administración concursal obliga a los responsables políticos a "interesarse por la gestión de los administradores" y, por ende, a que "se tengan que dar cuentas al Consejo de Administración de Inalsa".

La ex presidenta del Cabildo ha denunciado que el actual grupo de gobierno, que "no deja voz ni voto a la oposición en los órganos políticos de Inalsa", no está controlando la gestión de los administradores concursales "ni se ha preocupado por poner en marcha ni una sola de las medidas contempladas en el Plan de Supervivencia" de Inalsa, diseñado durante la etapa de Gobierno del PSC en esta misma legislatura. Ente éstas, acusó al actual grupo de gobierno de haber desmantelado el departamento de seguimiento de fraudes.

La portavoz socalista recordó que en su día "se elaboró una lista con las plantas no autorizadas, pero no se ha hecho nada, cuando ahora éstas podrían normalizar su situación siempre y cuando estuvieran justificadas para abastecer a determinadas zonas sin servicio".

Además, señaló que el Consejo Insular de Aguas tampoco se ha entregado a Inalsa la subvención de 600.000 euros para sustituir las viejas membranas en red, "que repercutiría en ahorro energético y en la mejora de la calidad del agua de Lanzarote". Del mismo modo, criticó que el Consorcio de Aguas tampoco haya actualizado todavía la tasa de alcantarillado.

Por todos estos hechos y ante el "abandono" a que, a su juicio, tiene sometido el actual Gobeirno insular la gestión de Inalsa, Armas ha solicitado una cita con el juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, que es el encargado del procedimiento concursal, precisamente para trasladarle estas circunstancias.

7 millones de deuda con Unión Fenosa

Por otro lado, Armas ha explicado que después del cambio de operador eléctrico en octubre de 2009, pasando de Unelco a Unión FENOSA -lo que, recordó, supuso un ahorro de 10 millones de euros para Inalsa- la empresa pública no ha abonado ni un solo euro al nuevo operador, al que se le deberían ahora mismo unos 7 millones de euros.

"Desde octubre de 2009 se ha dejado de pagar", a pesar de que, según Manuela Armas, el Estado ingresó en enero casi 2,4 millones de euros al Consorcio Insular de Aguas cpor las subvenciones nacionales a las desaladoras. Una cantidad que, según denunció, todavía no ha sido transferido al Consejo de Administración de Inalsa para que haga frente, entre otras cosas, a este pago a Unión Fenosa.

Además, advirtió de que "está en peligro el contrato de interrumpibilidad de la luz, y por el que Inalsa recibe 2,5 millones anuales".

"Juegan al pierde"

Manuela Armas se quejó también de la falta de respuesta por parte del Gobierno de Canarias al recurso interpuesto en su día por el Cabildo contra la resolución del Ejecutivo regional en el concurso eólico del Archipiélago en el que, según declaraciones del consejero dfe Industria, Jorge Rodríguez, a Lanzarote le corresponde un parque eólico en Punta de los Vientos con capacidad de 3,5 megawatios, mientras que ha sido rechazada la creación del otro parque eólico con potencia prevista de unos 12 megawatios. A juicio de la consejera socialista, CC, PP, PIL y PNL "en Inalsa, juegan al pierde, en lugar de velar por los vedaderos intereses de Lanzarote (...) pueden ser torpes, pero están demostrando mala fe”.

Asimismo, la portavoz del PSC denunció que tras la entrada del nuevo grupo de gobierno en el Cabildo "se desmantó" todo el equipo jurídico que se había contratado anteriormente, y que había logrado ahorrar casi 3,5 millones de euros en pocos meses". Critió que, mientras las medidas auspiciadas por el PSC contaban con el visto bueno de los jueces, se sustituyera al ex juez Cobo Plana para los trámites del concurso de acreedores y se pusiera en dicho proceso a Ignacio Calatayud.

Otras "chapuzas"

Por otro lado, Manuela Armas ha hablado también sobre la querella interpuesta este miércoles por el secretario general del PSC en Lanzarote, Carlos Espino, contra la actual consejera delegada de los Centros Turísticos y presidenta insular del Partido Popular (PP), Ástrid Pérez, por un supuesto delito contra los derechos cívicos y en la que se alega presunta ocultación de documentación. "Me da la sensación de que [Ástrid Pérez] es una persona con muy mala fe, y eso ya me pone en guardia". A su modo de ver, "es normal que haya una denuncia, ya que es injusto que no se entregue la documentación que se pide, cuando uno pertenece al Consejo de Administración de la EPEL, cuando además es consejero, y cuando la ley en general y la ley de régimen de base le ampara, para pedir documentación. Es injusto que no se le dé, y que basándose en esa documentación se hagan manifestaciones públicas para despretigiar". Armas cree "lastimoso que todo lo tengamos que llevar al juzgado, pero quizás esta sea la única manera en que algunas personas resuelvan y hagan ciertas cosas".

La ex presidenta ha calificado de "chapuzas" la gestión del actual grupo de gobierno en asuntos como la quesería insular, cuyo concurso ha quedado desierto, o la apertura del Centro de Disminuidos Psíquicos (CAMP) de Lanzarote. "El PSC ya advirtió de los errores en el pliego de condiciones de la quesería", afirmó. "No se ha contado con un sector que tiene compromisos con Maxorata y que de momento tiene garantizadas las ayudas del programa POSEI" [Programa de Acciones Específicas por el Alejamiento y la Insularidad].

En cuanto al concierto del Cabildo con Adislan, que se trasladó al edificio del CAMP, Armas recordó que "ya advirtimos de que era importante tener un pliego de condiciones para sacarlo a concurso público. Lo que hicimos fue ampliar las plazas mientras se procuraba el transformador que hacía falta". Mientras el PSC postulaba que la ausencia de electricidad fuera lo primero, el grupo de gobierno "ha firmado un concierto con Adislan hasta final de año, y luego tendrá que sacar a concurso público la instalación". Con ello, según la portavoz socialista, "todas las personas que tengan que acudir como residentes, tendrán que esperar a final de año para poder residir y, en segundo lugar, tendrán todavía que sacarlo a concurso público", concluyó.

Manuela Armas teme que se esté fraguando "una estrategia perversa para privatizar Inalsa"
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