Ninguna de las dos partes emplazadas en el caso Forelan ha recibido hasta este jueves, 29 de noviembre, notificación oficial alguna por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, órgano desde donde se filtró, hace ya nada menos que nueve días, la absolución de los cuatro imputados, Forelan, Basilio González Tejera, Eugenia Villalba Hernández, Valentín Elvira Berriel y Elena Ángel Gutiérrez. De momento la acusación particular, la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (Aetur) guarda cautela y anuncia que en breve estudiará si interpone o no recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Valentín Elvira Berriel, Eugenia Villalba Hernández, Elena Ángel Gutiérrez y Basilio González Tejera han quedado absueltos en el caso Forelan. Fiscalía y acusación particular disponen de diez días para presentar un recurso.
La sentencia se hizo pública a través de los medios de comunicación el pasado miércoles, 21 de noviembre. Tras nueve días transcurridos, según fuentes cercanas al caso, todavía no se ha recibido la sentencia ni en la sede de la acusación particular, Aetur, y ni siquiera le ha llegado a los cuatro procesados. Así al menos lo confirmaron este jueves a este diario cada una de las partes implicadas.
En el caso Forelan (Fundación Insular para la Formación y Empleo), Basilio González Tejera, Eugenia Villalba Hernández, Valentín Elvira Berriel y Elena Ángel Gutiérrez estaban imputados de los delitos de fraude de subvenciones, apropiación indebida y falsedad.
Por el momento, la Fiscalía sólo ha anunciado que estudiará si interpone o no de oficio un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para lo cual dispone de un plazo de diez días hábiles.
De hecho, en cuanto se filtró la sentencia del caso, el fiscal jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, adelantó que no le convencía el fallo, pero aclaraba que en todo caso lo valoraría en profundidad para decidir si propone finalmente a la Fiscalía de Madrid que, a su vez, presente el recurso extraordinario de casación.
A la que sí le ha llegado la sentencia es a la Fiscalía e Las Palmas, desde donde se aseguró este jueves que el asunto del recurso en el caso Forelan está “en estudio todavía”. Según fuentes de la Fiscalía, después de que la Fiscalía territorial, en este caso la de Arrecife, anuncie su intención de interponer el recurso, ante el Tribunal que dictó la sentencia, luego dicha propuesta se dispone formalmente en Madrid, cuya Fiscalía es, en última instancia, la que tiene la última palabra, pudiendo darle curso de forma oficial al recurso de casación o, por el contrario, desecharlo.
Del mismo modo, desde la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (Aetur), su presidente, Victoriano Elvira, mostró este jueves bastante cautela ante la posibilidad de que la acusación particular pueda seguir los pasos de la Fiscalía. “Antes de decidir si recurrimos la sentencia necesitamos tenerla por delante. A día de hoy en la sede de Aetur no se ha notificado absolutamente nada de manera oficial”, explicó. Sin embargo, este diario ha podido saber que la procuradora que intervino en el juicio oral del caso Forelan visitó este jueves al representante legal de la Federación, con lo que la notificación a la acusación particular podría producirse a lo largo de la jornada de este viernes.
En cualquier caso, Victoriano Elvira adelantó que en cuanto les sea remitido el fallo de la Audiencia Provincial, será la Asamblea de la patronal -la misma que decidió personarse en el caso Forelan como acusación particular- la que dilucide si finalmente presenta o no recurso de casación a la sentencia. “De momento vamos a mantener respeto y seriedad ante el posible fallo judicial. Preferimos no adelantarnos ni hacer ningún tipo de juicio de valor hasta que no tengamos la documentación por delante y hasta que nos asesore nuestro abogado”, afirmó.
La sentencia
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó entre los días 8 y 9 de noviembre en Arrecife el denominado caso ‘Forelan', un polémico expediente con el que se descubrió en 1995 la supuesta existencia de toda una presunta trama con la que varios empresarios, según las conclusiones del fiscal, desviaron presuntamente importantes cantidades de fondos públicos procedentes tanto del Gobierno canario y de los Presupuestos Generales del Estado como del Fondo Social Europeo, y que iban destinadas en principio al desarrollo de formación y empleo en la isla de Lanzarote.
En el caso Forelan, tal y como rezaba en el escrito de calificación del sumario, redactado por el Juzgado de Instrucción Número 1 en 2003, Basilio González Tejera, Eugenia Villalba Hernández, Valentín Elvira Berriel y Elena Ángel Gutiérrez estaban acusados de un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social - previsto y penado en los artículos 308 y 74 del Código Penal-, y de otro delito continuado de apropiación indebida, previsto y penado en los artículos 249, 250,6 y 252.
El fiscal jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, y la representante legal de Aetur, durante la vista oral.
El juicio del caso Forelan quedó visto para sentencia el pasado viernes 9 de noviembre después de que las partes expusieran sus conclusiones y los cuatro acusados hicieran uso de su derecho a la declaración final.
El fiscal, Miguel Pallarés, pidió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas una sentencia “valiente”, mientras que Manuel Farjardo Palarea, abogado de tres de los cuatro acusados, dijo sentirse extrañado por una petición como la del fiscal, “que nunca había escuchado”, y, antes de emitir su informe final, pidió un falló “ajustado a derecho”.
Los dos abogados defensores pidieron la absolución de Basilio González, Eugenia Villalba, Valentín Elvira y Elena Ángel, y el fiscal ratificó su solicitud de 10 años de prisión para cada uno y 500.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y otro de apropiación indebida.
Además, Pallarés pidió que los acusados devolvieran a la Fundación Insular para la Formación y Empleo (Forelan) más de 600.000 euros. La acusación particular se adhirió a la solicitud de la Fiscalía y exigió cinco años más de cárcel por uso de documento falso.
El Tribunal debía probar que los acusados defraudaron subvenciones públicas del Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma por valor al menos de 80.000 euros, para aplicar la condena solicitada por dichos delitos, tal y como reza en el Código Penal. Sin embargo, la sentencia expone que “no se ha acreditado que los acusados se apropiaran en su propio beneficio de parte de las subvenciones referidas con anterioridad en cuantía superior a 80.000 euros”.
El fallo agrega que “no se ha acreditado tampoco que los cursos incluidos en las acciones formativas subvencionadas no se impartieran o que los acusados falsearan los alumnos a los que iban dirigidos o las horas efectivamente impartidas”.
