El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y varios técnicos municipales han acudido este martes por la mañana a declarar para contestar a las preguntas del fiscal de Área, Fernando Rodríguez Navarro, y de la magistrada titular de la Plaza Número 3 del Tribunal de Instancia en su Sección de Instrucción, Silvia Muñoz, sobre el conocido caso de las multas, más de 2.000 infracciones que se dejaron sin cobrar en el Consistorio capitalino por un importe que supera el medio millón de euros.
Aunque Yonathan de León estaba inicialmente citado a declarar a las 10.30 horas, finalmente ha sido sobre las 11.45 horas cuando ha entrado por la puerta de los juzgados, saludando al enviado de este periódico y a algún vecino que se tropezó en la puerta. Lo hizo sonriente y tranquilo, sin pararse a hacer declaraciones, teniendo en cuenta que todavía no había declarado sobre el polémico caso y poco podía aportar en ese momento. Tal y como adelantó este diario, fue el fiscal quien pidió que De León acudiera a declarar en calidad de testigo porque durante su mandato se retiraron multas con una coletilla que ponían los técnicos en el sistema informático que rezaba "por orden directa del alcalde", asunto que tanto el Ministerio Público como la propia jueza querían aclarar. Al igual, en otra información adelantada la semana pasada por este medio, tenía que explicar el último episodio que se ha sumado a la causa, la retirada de una multa de aparcamiento inicialmente imputada al vehículo de su esposa, vehículo que, tal y como ha aclarado el propio alcalde, conducía él durante los últimos carnavales de la ciudad y se retiró por parte de una agente de la Policía Local que alegó que tenía permiso para estacionar donde lo hizo.
El titular de la Fiscalía de Área en Arrecife emitió el pasado mes de marzo un contundente decreto por el que anunció la interposición de una querella contra siete trabajadores que habían participado en la anulación de más de dos mil multas de tráfico en el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña por un valor que supera el medio millón de euros. Aunque en un primer momento el actual Gobierno municipal salió a la vez que Crónicas con una información en la que aseguraba que el asunto pertenecía a mandatos anteriores, la realidad es que algunas de las sanciones anuladas, todavía no se ha determinado el número exacto, eran del actual mandato, el del alcalde del Partido Popular (PP) Yonathan de León. Varios meses después, el mismo fiscal ha solicitado a la magistrada Silvia Muñoz, que es quien está llevando el polémico asunto, que solicite más información a la institución al haber tenido conocimiento de nuevos hechos que pudieran ser importantes para el desarrollo de la causa. En concreto, quiere tener toda la documentación y la testifical sobre una multa que se puso el pasado 9 de febrero de 2026, durante los carnavales de la ciudad, y que afecta según sus datos a un familiar directo del propio alcalde. Esa multa, tal y como ha sabido ahora el fiscal, se quitó por parte del personal del Ayuntamiento, concretamente por parte de una agente de la propia Policía Local, alegando que el vehículo contaba con un permiso especial para poder estacionar en el lugar en el que lo hizo por motivo de las fiestas.
La magistrada hizo llegar la semana pasada igualmente una providencia al Ayuntamiento en la que explica que, tras estudiar el informe del Ministerio Fiscal, cree necesario pedir que se libre oficio por parte de la institución a través de la Asesoría Jurídica para que a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes del 9 de junio, remitan al juzgado el expediente administrativo íntegro relativo a esa multa; la identificación de todos los usuarios que realizaron actuaciones en el sistema CGI respeto a ese expediente en concreto; el historial completo de modificaciones, anulaciones, incidencias y accesos al expediente en el sistema informático; copia de la autorización especial de estacionamiento que supuestamente amparaba al vehículo denunciado y la resolución administrativa formal que acordó el archivo o la anulación de la sanción.
