El titular de la Fiscalía de Área en Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, ha firmado un contundente decreto por el que anuncia la interposición de una querella contra siete funcionarios que han participado en la anulación de más de dos mil multas de tráfico en el Ayuntamiento de Arrecife por un valor que supera el medio millón de euros. En un escrito que ha entrado esta semana en la institución y al que ha tenido acceso este diario, el mismo fiscal que ya estaba investigando la denuncia formulada por el abogado socialista Octavio Topham sobre asuntos como el levantamiento de reparos o el gasto en ferias como Navilán, funcionario que depende directamente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, describe cómo a lo largo de los años un grupo de personas con acceso al sistema informático fueron anulando todo tipo de sanciones, en algunos casos utilizando la excusa de que se hacía "por orden directa del alcalde", lo que ha provocado igualmente que el actual máximo responsable de la corporación capitalina, que también lo es de la Policía Local, Yonathan de León, vaya a ser citado como testigo.
En su relato de los hechos el fiscal explica que el pasado 9 de enero recibió en su departamento escritos y documentación adjunta de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, dando cuenta de la posible existencia de irregularidades en la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico tramitados por la institución mediante el sistema informático de gestión CGI. Cuenta, además, que las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la propia Policía Local, que puso en conocimiento de los responsables municipales la existencia de expedientes sancionadores que aparecían anulados o cancelados directamente en el sistema informático, sin que constara expediente administrativo que justificara dicha actuación.
"Ante tales hechos, mediante providencia de Alcaldía se acordó solicitar a la empresa responsable del sistema informático la realización de una auditoría técnica del sistema de gestión de multas, con el fin de analizar las actuaciones realizadas por los distintos usuarios del sistema. La auditoría practicada puso de manifiesto la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizadas directamente en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones", describe en su texto. Como resultado de la investigación administrativa llevada a cabo por los servicios municipales se emitieron diversos informes por parte de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica. De dichos informes se desprende que durante el período analizado se procedió a la anulación o cancelación directa en el sistema informático CGI de al menos 2.279 expedientes sancionadores en materia de tráfico, sin que constara en los expedientes administrativos la correspondiente resolución formal dictada por el órgano competente. Asimismo, los informes municipales cuantifican que tales anulaciones supusieron un importe total de sanciones no ingresadas en las arcas municipales de al menos 575.583,27
euros.
"Las anulaciones se realizaron mediante actuaciones directas en el sistema informático por distintos usuarios pertenecientes a empleados públicos del Ayuntamiento, sin que en numerosos casos conste soporte documental que justifique dichas actuaciones. En el curso de la investigación administrativa se procedió a identificar a los funcionarios y empleados públicos cuyos usuarios del sistema informático aparecen vinculados a las anulaciones de expedientes sancionadores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a otras personas que resulten identificadas durante la instrucción", relata el escrito al que ha tenido acceso Crónicas, empleados entre los que figura una persona que ejerció la función de interventor accidental de la institución en mandatos anteriores.
El fiscal señala, de acuerdo con el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento, que la anulación de expedientes sancionadores en materia de tráfico exige la tramitación de un procedimiento administrativo que incluya la correspondiente resolución expresa dictada por el órgano competente, que en materia sancionadora corresponde con carácter general a la Alcaldía-Presidencia, sin perjuicio de su eventual delegación mediante decreto formal. "Sin embargo, según consta en los informes obrantes en el expediente administrativo, las anulaciones detectadas no se realizaron mediante resolución administrativa formal, sino directamente mediante actuaciones en el sistema informático. Asimismo, en algunos de los registros del sistema informático utilizados para justificar la anulación de determinadas sanciones consta como motivo la expresión `orden directa del alcalde´, circunstancia que deberá ser esclarecida en el curso de la instrucción", determina el responsable del Ministerio Público.
En sus fundamentos jurídicos el fiscal determina que los hechos descritos podrían ser constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación, de un delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, al haberse realizado actuaciones administrativas presuntamente arbitrarias al margen del procedimiento legalmente establecido. Además, y a la vista de que las anulaciones de expedientes sancionadores habrían supuesto la no percepción por las arcas municipales de cantidades que, según los informes administrativos, los hechos podrían igualmente ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, previsto en los artículos 432 y siguientes del Código Penal, al haberse podido ocasionar un perjuicio al patrimonio público mediante actuaciones realizadas al margen del procedimiento legalmente establecido.
En su conclusión afirma que no puede descartarse que determinadas anotaciones o registros introducidos en el sistema informático para justificar la anulación de expedientes sancionadores pudieran no responder a la realidad, lo que, en su caso, podría ser constitutivo de un delito de falsedad documental cometido por funcionario público, previsto en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, extremo que deberá esclarecerse durante la instrucción.
Entiende por todo ello que procede la interposición de querella al existir indicios racionales de criminalidad que aconsejan la apertura de diligencias penales para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que pudieran derivarse. Así, determina que la competencia para el conocimiento de los hechos corresponde al Juzgado de Instrucción de Arrecife, de conformidad con los artículos 14 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Entre las diligencias de investigación el fiscal entiende necesario tener la recepción del expediente administrativo completo remitido por el Ayuntamiento de Arrecife relativo a las irregularidades detectadas en la gestión de multas; el requerimiento al Ayuntamiento de Arrecife para que aporte relación completa de expedientes sancionadores anulados o cancelados en el sistema CGI, con indicación de fecha de anulación, usuario que realizó la actuación, motivo consignado en el sistema e importe de la sanción correspondiente; la recepción de declaración en calidad de investigados de los empleados públicos cuyos usuarios aparecen vinculados a las anulaciones de expedientes sancionadores; la recepción de declaración testifical del alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, al constar en algunos registros del sistema informático que determinadas anulaciones de sanciones se realizaron con el motivo “orden directa del alcalde”, a fin de esclarecer dicha circunstancia; la recepción de declaración testifical de los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y de los responsables de la auditoría del sistema CGI; y cualquier otra diligencia que el Juzgado estime oportunas¡ para el completo esclarecimiento de los hechos.
Con todo ello, reclama al Juzgado la incoación de diligencias previas, practicando las diligencias interesadas para el
esclarecimiento de todo lo sucedido.
Nota de prensa del Ayuntamiento
Casi de forma simultánea a la información adelantada por este diario, el Gobierno de Arrecife sacó su propia nota para destacar que toda la historia es fruto del impulso que le ha dado el actual alcalde de la capital. Así, indica que fue Yonathan de León quien ordenó en otoño pasado una investigación interna para determinar si existían en los sistemas informáticos del Ayuntamiento anulaciones de sanciones de tráfico sin los correspondientes expedientes de descargos realizadas durante pasados mandatos.
"A través de una providencia de la Alcaldía, se ordenó la realización detallada de este informe interno para conocerse las identidades de las personas que anularon esas sanciones en los sistemas informáticos del Ayuntamiento, sin seguir los procedimientos establecidos. El alcalde de la ciudad, que es además titular directo de la Policía Local, quería esclarecer si durante mandatos anteriores se pudieron estar realizando actuaciones contrarias a las normativas en las anulaciones de tráfico. Para esta investigación mandatada por el alcalde, se requirió a la empresa responsable del sistema informático del Ayuntamiento la realización detallada de una auditoría", explica el Gobierno en su nota.
"Esta auditoría acreditó que se han anulado sanciones de tráfico sin regirse por lo establecido en las normas. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, adscrita a la Alcaldía, remitió a la Fiscalía el contenido del citado informe municipal. Ahora, la Fiscalía ha incoado un procedimiento de investigación judicial para dilucidar las actuaciones en el pasado", dicen, sin concretar exactamente que lo que ha emitido la Fiscalía es un decreto por el que se ordena incoar diligencias previas bajo la premisa de una querella contra siete funcionarios, amén de la investigación sobre lo ocurrido y otras cuestiones que se pudieran derivar.
