El titular de la Fiscalía de Área de Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, ha firmado este jueves un oficio con el que deja clara su intención de seguir investigando el conocido como caso Sosa, los múltiples sucesos que rodearon a la incorporación del que era portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote a las filas del Gobierno de la socialista María Dolores Corujo para evitar que pudiera ser censurada durante su mandato. Tal y como ha podido saber este diario, el oficio, dirigido precisamente a la sede del Cabildo insular, tiene como objeto recabar más documentos, a lo que ha añadido una cédula de citación para contar con un nuevo testimonio, en esta ocasión el de la que fue cuando se produjeron los hechos coordinadora del Servicio de Recursos Humanos, María Begoña Pérez Delgado, que deberá acudir a los juzgados de Arrecife el próximo día 23 de junio en calidad de testigo. Su testimonio servirá entre otras cosas para determinar si al margen de lo que informó en varias fases de la historia la Intervención del Cabildo, se produjo algún otro tipo de advertencia sobre la insólita situación en la que quedó el galeno.
Dentro de las diligencias de investigación que ha abierto el Ministerio Público, que está analizando inicialmente el decreto que firmó María Dolores Corujo y las cantidades económicas que recibió de manera irregular el médico que decidió transfugarse en teoría por un extraño enfado que dijo que había tenido con su grupo político, el fiscal pide ahora en este nuevo oficio que el Cabildo le envíe los documentos que certifiquen las cantidades recibidas por Juan Manuel Sosa durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023 por asistencia a plenos, comisiones informativas y demás órganos colegiados y las cantidades que recibió como consejero delegado del Área de Sanidad y Planificación Sanitaria desde su nombramiento mediante decreto el día 30 de diciembre de 2019 hasta la finalización de su mandato.
Como ha venido informado Crónicas, el fiscal lleva ya varios meses con este asunto, dentro de la enorme carga de trabajo que tiene su departamento con otros temas de marcado carácter político como los que tienen que ver con el Ayuntamiento de Arrecife. De hecho, fue el pasado 25 de marzo cuando envió el primer oficio dirigido al Cabildo de Lanzarote sobre este polémico tema, oficio en el que solicitaba copia íntegra y debidamente foliada del expediente relativo a la situación administrativa de Juan Manuel Sosa Rodríguez desde el año 2019, su nombramiento como consejero normal y como consejero delegado, el régimen de dedicación y retribuciones asignadas y cualquier informe jurídico de Intervención o de otro carácter emitidos en relación con esos extremos que quería analizar. Según ha ido avanzando en sus pesquisas se ha dado cuenta de otros matices de la historia, de ahí que el pasado miércoles decidiera no tomar declaración a María Dolores Corujo como testigo del caso y le informara de que tendrá que ir cuando la cite formalmente acompañada de asistencia letrada, en un evidente cambio que ha provocado una discusión esta semana sobre si su situación es de sospechosa o de investigada, lo que sustancialmente no cambia en absoluto el tema de fondo y lo que la Fiscalía concluya una vez que termine con su trabajo de campo y decida si finalmente da traslado del asunto al juzgado correspondiente con su calificación sobre unos hechos que ya indiciariamente ha visto que pueden ser constitutivos, entre otros, de delitos penales de malversación de caudales públicos y de prevaricación.
Por tanto, toda vez que ya conoce el fondo de la historia, que no es sencilla de entender, está ahora en la fase de saber, además de los 300.000 euros que cobró ilegalmente al liberarse como médico del Servicio Canario de la Salud (SCS) cuando no podía hacerlo al dejar de ser portavoz al transfugarse, cuánto dinero percibió como extras cuando en teoría se había certificado que tenía régimen de dedicación exclusiva en la institución, con lo que, como el resto de compañeros, tampoco podría haber recibido dinero por asistencia a plenos y comisiones. Es decir, otra cantidad importante que se llevó en los cuatro años que estuvo con Corujo que el fiscal quiere que le certifiquen y le cuantifiquen.
La investigación
El titular de la Fiscalía de Área de Arrecife, como ya adelantó este diario a comienzos del mes de junio, emitió el pasado 25 de marzo un oficio dirigido al Cabildo de Lanzarote en el que solicitaba dentro de las diligencias de investigación que ha abierto que "a la mayor brevedad posible" se le enviara copia íntegra y debidamente foliada del expediente relativo a la situación administrativa de Juan Manuel Sosa Rodríguez desde el año 2019; su nombramiento como consejero normal y como consejero delegado; el régimen de dedicación y retribuciones asignadas y cualquier informe jurídico, de Intervención o de otro carácter emitidos en relación con esos extremos que quiere analizar. También pidió el fiscal que le enviaran desde el Cabildo todos los escritos, solicitudes y comunicaciones presentadas por el consejero tránsfuga en relación con su situación administrativa y retributiva durante el periodo indicado en el decreto de Corujo que se analiza.
Rodríguez Navarro elaboró posteriormente un decreto en esta fase de diligencias preprocesales en el que determinaba que "de la documentación aportada se desprende, indiciariamente, que el referido (Sosa) habría continuado percibiendo retirbuciones como funcionario de la Comunidad Autónoma de Cnarias tras haber perdido la condición que habilitaba su pase a la situación administrativa de servicios especiales, concretamente la de portavoz de grupo político, sin haber comunicado dicha circunstancia a la Administración competente, manteniéndose dicha percepción durante un periodo prolongado de tiempo". "Asimismo, se hace referencia a la posible adopción de resoluciones administrativas que habrían permitido el mantenimiento de dicha situación, pese a la inexistencia de los requisitos legales exigidos", añade.
El fiscal entiende que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y otros ilícitos penales conexos.
En la parte testifical el decreto ya anticipa que iba a llamar a declarar al director insular de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, David Monte, en calidad de testigo y como denunciante del caso, y a Juan Manuel Sosa, en su caso ya desde el inicio con asistencia letrada en calidad de investigado, o sospechoso, como parece que entienden algunos de los afectados que hay que calificarles en una figura que se manejaría dentro de la Fiscalía. Eso fue lo que determinó en el mes de marzo en la primera prospección que hizo del asunto, cuestión que cambió más adelante.
De hecho, el 14 de mayo de este año, el fiscal elaboró otro oficio, esta vez para que el Cabildo le remitiera certificación expresa del secretario general del Pleno y del responsable del Archivo Administrativo sobre "si existe o ha existido informe del Área de Recursos Humanos de fecha 8 de enero de 2021 relativo a las retribuciones de los consejeros con dedicación exclusiva y en caso afirmativo la identificación del autor, fecha de emisión, número de registro, soporte documental y expediente administrativo en el que hubiera sido incorporado".
De igual forma, reclama que le remitieran "copia íntegra del expediente administrativo número 10851/2021 y del expediente de aprobación de los Presupuestos del Cabildo de Lanzarote para el ejercicio de ese año a fin de comprobar la existencia y contenido de la documentación referida en el decreto 5684/2021", decreto firmado por la entonces presidenta del Cabildo y que es el principal objeto de análisis de esta nueva investigación.
El otro cambio importante ha sido el que tiene que ver con la parte testifical, ya que la responsable y principal beneficiaria de este caso de transfuguismo, la líder del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote y actualmente diputada nacional, María Dolores Corujo, inicialmente tenía que acudir simplemente como testigo pero finalmente lo tendrá que hacer de otro modo y acompañada de abogado para que el Ministerio Público determine el grado de implicación en el asunto, que podría terminar por la vía penal si se concreta que ha habido indicios claros de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Informe jurídico del Cabildo
La actuación de la Fiscalía se basa también en un extenso y demoledor informe jurídico del propio Cabildo, en el que, entre otras muchas cosas, se justifica el porqué de la solicitud de la revisión de oficio del decreto de María Dolores Corujo con la finalidad de facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta que tiene, evitando que la situación en la que ha incurrido el reconocimiento de la declaración exclusiva y posterior retribución a Juan Manuel Sosa no produzca efectos jurídicos al tener vicios esenciales de tal relevancia y trascendencia que tienen que ser aclarados.
En sus conclusiones, el Servicio Jurídico del Cabildo dictamina que el decreto de Presidencia número 5684/2021, de 5 de noviembre, incurre en vicios de nulidad de pleno derecho conforme a la concurrencia a las causas recogidas en los artículos 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en sus apartados b y f, y del 47.2 de la misma normativa.
Ese mismo documento habla de la incompetencia manifiesta del órgano de la Presidencia del Cabildo para reconocer y asumir la dedicación exclusiva con carácter retroactivo desde el 30 de diciembre de 2019, amén de la misma incompetencia para levantar el reparo de legalidad interpuesto por la Intervención de la administración insular.
Según el criterio de la jurista que avalaba el informe del pasado 20 de octubre de 2024, era necesario así iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de ese decreto de Presidencia de 2021.
