Coalición Canaria (CC) ha celebrado este lunes que la justicia haya desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el tránsfuga Juan Manuel Sosa, condenándolo en costas y ratificando que deberá devolver los 300.000 euros que cobró ilegalmente durante su etapa de consejero de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote presidido entonces por la socialista María Dolores Corujo. De este modo se pone casi fin a uno de los culebrones políticos de la Isla en la última década, el que provocó el Partido Socialista (PSOE) liderado por la propia Corujo para cambiar la voluntad de quien era en el Cabildo portavoz de CC, liberado no como consejero sino como médico que es del Servicio Canario de Salud (SCS), cobrando por el tiempo que lleva de servicio mucho más dinero del que podría haber cobrado por su puesto político. Lo curioso del caso es que cuando decidió abandonar su papel en la oposición, utilizando todo tipo de argumentos peregrinos, lo hizo pasando al Gobierno siendo consejero de Sanidad, departamento sobre el que no tienen competencias los cabildos, y siguiendo con el sueldo de galeno que en realidad no le correspondía, puesto que por Sanidad sólo se pueden liberar los portavoces de grupo, y él había dejado de serlo al transfugarse. Sus antiguos compañeros, que podrían haber gobernado en pacto con el Partido Popular (PP) de no haberse producido esta maniobra de compra de voluntad de un político que cambió de bando, no pararon hasta hacer ver que al menos su ruindad tendría que tener una contraprestación económica, puesto que sin darse cuenta o dándose cuenta había cobrado una cantidad de más en torno a los 300.000 euros, la diferencia de su salario de médico mal cobrado y el dinero que le habría correspondido simplemente como consejero de Sanidad. El tiempo y la justicia ha terminado dando la razón a CC, como desde el principio parecía claro que iba a suceder.
Los nacionalistas recuerdan este lunes en nota de prensa que Sosa presentó una demanda contra el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de anular las resoluciones que le obligaban a reintegrar el dinero cobrado irregularmente, pero el tribunal ha rechazado todos sus argumentos.
En la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, fechada el 30 de julio, se confirma la validez de las resoluciones dictadas por el Gobierno de Canarias y los informes del Consejo Consultivo que avalaban la ilegalidad de los cobros, exactamente lo que Coalición Canaria denunció desde el principio.
En este sentido, la sentencia supone un desmentido directo al entonces consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien aseguró en sede parlamentaria que las resoluciones estaban “bien dictadas” y que Sosa tenía derecho al cobro, cuando la justicia acaba de ratificar la anulación de ambas resoluciones y ratificar que no tenía derecho a percibir esos fondos.
Del mismo modo, el ex consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que negó repetidamente que existieran cobros indebidos y afirmó que no le constaba ninguna irregularidad, ha quedado igualmente desmentido: ahora la justicia confirma que no solo existieron esos cobros indebidos, sino que Sosa debe devolver hasta el último euro.
“No, señores Pérez y Trujillo, y no, señora Dolores Corujo. No tenía todo el derecho a cobrar, no tenía ninguno, y es por eso que primero el Gobierno, y ahora la Justicia, le exigen devolverlo todo, 300.000 euros cobrados ilegalmente”, subraya el secretario general de CC en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés.
La resolución judicial deja claro que “respecto a la actuación de la Comunidad Autónoma no hay mala fe” y que, por el contrario, fue el propio demandante quien “incumplió su deber de comunicar que había cesado como portavoz”.
En otras palabras, como destaca el líder nacionalista, “queda demostrado que quien actuó con mala fe y engañó a la administración fue el tránsfuga Juan Manuel Sosa, y que el gobierno de Ángel Víctor Torres, en connivencia con Dolores Corujo, diseñaron un traje jurídico a medida fraudulento para mantenerse en minoría en la Presidencia con el apoyo de un tránsfuga pagado con fondos públicos”.
El también senador autonómico añade así que “los tribunales confirman lo que Coalición Canaria denunció durante años: que se pagó un sueldo de médico a quien no ejercía ni tenía derecho, que se engañó deliberadamente a la administración y a la ciudadanía, y que tanto Dolores Corujo como los consejeros Julio Pérez y Blas Trujillo negaron reiteradamente las irregularidades, mintiendo en sede parlamentaria de manera consciente porque lo que ahora dictaminan los tribunales era de sobra conocido por todos ellos”.
CC recuerda que en 2022, tras destaparse el fraude, el Gobierno de Ángel Víctor Torres intentó maquillar la situación con una resolución de ratificación de errores, cuya anulación ha sido ratificada también por los tribunales. Esta maniobra confirma, en palabras de San Ginés, que “se trató de un entramado político-jurídico para sostener una mayoría inexistente con un tránsfuga financiado ilegalmente, burlando a la ciudadanía y al propio sistema democrático". "Una auténtica golfada política que no quedará aquí”, remarca por último de forma contundente San Ginés.
