- Manuela Armas reconoce que el alcalde de Teguise no conocía el proyecto del CIE durante el Pleno municipal en que se aprobó su ubicación
- El Cabildo se dirigirá al Gobierno de Canarias para que redistribuya los especialistas médicos y traiga a Lanzarote el endocrino que tantos pacientes demandan
Fotos: Dory Hernández
El equipo de gobierno del Cabildo (formado por el Partido Socialista, PSC-PSOE, y el Partido de Independientes de Lanzarote, PIL) continuará tramitando el Plan de Viabilidad y Modernidad de la empresa Insular de Aguas S.A., Inalsa, aprobado en el último Consejo de Administración, a pesar de las numerosas advertencias sobre su probable inviabilidad que mostró este martes la oposición.
Tanto Coalición Canaria (CC), como Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Canario (PNL-NC) alertaron al grupo de gobierno de que es “rigurosamente imposible” que la empresa pública pueda hacer frente al pago de los 77 millones de euros en que se desglosa el Plan, al menos en los plazos fijados en el documento. “Aparte de los 17,5 millones de euros de deuda reconocida, Inalsa tendrá que afrontar íntegramente los 77 millones de euros que dispondrán tanto entidades bancarias como fuentes privadas de financiación, y de ellos el Cabildo sólo aportará 312.000 euros”, explicó el portavoz de PNL-NC, Juan Carlos Becerra. “Paralice usted el Plan por el bien de Lanzarote, consensuémoslo y luego aprobémoslo”, pidió Becerra a la presidenta del Cabildo, Manuela Armas.
Por su parte, el portavoz popular, Francisco Cabrera, resaltó que el Plan de Viabilidad de Inalsa ya está en su fase de ejecución tras haber sido aprobado “sin consenso” en el Consejo de Administración. Cabrera recordó que el Plan tampoco contempla que el consumo de agua y, por tanto también su producción, está íntimamente sujeto a los ritmos de crecimiento de población y de crecimiento de actividades económicas.
A diferencia de PNL-NC y PP, que solicitaron la comparecencia de la presidenta ante la ausencia de la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, CC defendió una moción en la que pedía que el Consorcio Insular de Aguas revocara el acuerdo de aprobación en los términos planteados del Plan de Viabilidad; que la interventora del Consorcio realice un informe para saber si el endeudamiento planteado con el Plan cumpliría la Ley de Estabilidad Presupuestaria; y que se pida también un informe a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Así, el portavoz nacionalista, Pedro San Ginés, criticó las formas con que se aprobó el documento. “Se llevó al Consorcio Insular durante la misma mañana que se elevó luego al Consejo de Administración, donde quedó aprobado 30 segundos antes de que a los miembros nos presentaran un Plan de esta magnitud”, afirmó. Por estas razones, el PP también pidió que el Consorcio Insular de Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos, recuperara las competencias del Consejo de Administración de Inalsa, y que todas las decisiones que la presidenta adopte en el seno del Consorcio estén maniatadas por el Pleno, moción que también respaldó el resto de la oposición pero que no contó con el beneplácito del grupo de gobierno.
Finalmente, y a pesar del acalorado debate de este martes en el salón de plenos, tanto la moción del PP como la de CC fueron rechazadas por el voto de calidad de la presidenta. Manuela Armas esgrimió para ello que “el Plan es sólo una hoja de ruta, una declaración de intenciones en el que”, tal y como mostró con un certificado rubricado por el secretario, “cada acción del Plan tendrá su propio plan de cuentas y ficha financiera”.
Armas alegó que el procedimiento de aprobación del Plan de Viabilidad había sido del todo legal, y mostró su acuerdo en que son necesarias nuevas vías de financiación para afrontar el documento, pero se negó a que el Plan fuera revocado. “Inalsa no puede afrontar las 21 medidas de este Plan sólo con los ingresos de los usuarios y las ayudas del Estado”, dijo. Sin embargo, “no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras perdemos en red más del 38% del agua que producimos”, explicó.
En cualquier caso, tanto PIL como PSC negaron que hubiera intención alguna de privatizar Inalsa con el Plan de Viabilidad. “La estructura es buena, pero no nos podemos permitir dilatar más las decisiones”, comentó el portavoz del PIL, Ramón Bermúdez, a lo que San Ginés (CC) contestó que “no es culpa de los usuarios de Inalsa que los intereses por esos créditos del Plan se incluyan en los gastos de producción, por eso es injusta esa subida en las tarifas que se plantea”. El portavoz nacionalista, que también pidió información sobre el nuevo gerente, cuestionó la autoría del Plan, que Manuela Armas atribuyó con exclusividad a los técnicos y directivos de Inalsa.
El acuerdo del laudo
Además, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria mostraron su rechazo al reciente acuerdo adoptado por el grupo de gobierno con la UTE Edad Janubio, en referencia al pleito iniciado tras el laudo arbitral por la planta desaladora de Janubio, y por el que las arcas cabildicias pagarán un total de 2,5 millones de euros a la empresa privada a cambio de que ésta abandone los recursos judiciales interpuestos hasta la fecha.
“¿Contó usted con algún informe jurídico de este Cabildo para tomar ese acuerdo?”, preguntaron los consejeros del PP. “No hay ningún informe pero el abogado que lleva Inalsa y que también es el del Cabildo me dio su visto bueno verbalmente”, respondió la presidenta.
No a la Comisión de Investigación
Por otro lado, PSC y PIL se negaron una vez más a reabrir la Comisión de Investigación de los contratos de la Planta Desaladora de Janubio, un grupo configurado el pasado 26 de octubre de 2006 y que finalizó su actividad en junio de 2007. El PP solicitó durante el pleno que se desbloqueara la Comisión y que se emitiese un dictamen con unas conclusiones que entienden aún no han sido expuestas a la ciudadanía. Para Francisco Cabrera, el grupo de gobierno sigue "hurtándole a la ciudadanía el debate de los grandes temas, de ahora y de anteriores legislaturas, como el agua, el territorio o las contrataciones". El portavoz popular subrayó que "la legislatura pasada terminó, pero no la investigación de Janubio". "Luego son ustedes los que nos hablan de transparencia y democracia”, aseveró.
El grupo de gobierno, por su parte, alegó a través del portavoz socialista, Carlos Espino, que “tenemos todos los elementos objetivos necesarios para conocer bien qué pasó con la planta de Janubio”, con lo que se negó a reabrir la Comisión de Investigación.
CIE
De otra parte, en una de sus mociones, CC pidió la revocación del acuerdo de cesión de una parcela de terreno de 10.062 metros cuadrados en el núcleo de Tahíche al Ministerio del Interior con destino a la construcción del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
A pesar de que el consejero Marciano Acuña expuso la necesidad de que se consultara la ubicación del centro con todos los alcaldes y puso sobre la mesa razones por las que los nacionalistas se oponen a que el CIE se edifique en Tahíche (nueva normativa europea sobre inmigración, colisión de varios sistemas generales en el mismo núcleo, 2.500 firmas de vecinos en contra, etcétera), Manuela Armas cuestionó el porqué de ese rechazo al CIE en Tachíche, con lo que el representante de CC pidió a la presidenta del Cabildo que cuestionara esas mismas razones al alcalde de San Bartolomé, al socialista Marcial Martín, que también en su momento se opuso a que el CIE estuviera en El Polvorín.
Finalmente, el grupo de gobierno echó abajo la moción nacionalista, pero la presidenta del Cabildo no dejó de reconocer que el alcalde de Teguise, José Dimas Martín, no conocía el proyecto del CIE durante el Pleno municipal en que se aprobó su ubicación, sino justo después. Según Armas, Teguise no recibirá ningún tipo de compensación por su compromiso, “simplemente la solidaridad que ha aportado como municipio, a diferencia del resto.
Endocrino
A petición de PNL-NC, los grupos del Pleno acordaron dirigirse al Gobierno de Canarias para que redistribuya los especialistas médicos existentes en el Archipiélago de manera que Lanzarote cuente con un nuevo endocrino, una demanda que viene de lejos después de que existan pacientes que padecen más de un año de espera para asistir a la consulta de este especialista.
