Fotos: José Curbelo.
Todos los partidos políticos representados en el pleno del Cabildo, a excepción de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, aprobaron durante la sesión celebrada ayer la puesta en marcha de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A., entidad que persigue la difusión conjunta de la Isla en aquellos lugares en los que esté presente.
Con este trámite se dio luz verde a los estatutos de este nuevo órgano que pretende promocionar la Isla en colaboración con todas las instituciones y organizaciones dedicadas al turismo. Se trata, según explicó el consejero de Turismo, Miguel Ángel Leal, de aunar esfuerzos en la difusión de la imagen de Lanzarote así como en la realización de eventos en los que participe.Durante la sesión plenaria se recordó también que el Consejo de Administración de esta Sociedad quedará compuesto por miembros de todos los partidos políticos con representación en el Cabildo, los concejales de Turismo de los siete ayuntamientos isleños y un representante de las cuatro entidades comerciales y turísticas más representativas del sector como son las patronales turísticas Asolan y Aetur, Felapyme y la Cámara de Comercio.
Una vez superado este trámite la Sociedad de Promoción de Lanzarote podrá ser registrada en las fechas ya anunciadas por Leal, quién señaló como fecha máxima el 20 de octubre.
Reorientación de la política agraria
El Cabildo de Lanzarote aprobó asimismo solicitar al Gobierno de Canarias la ejecución de una Planta Potabilizadora y Red de Impulsión para la zona de La Santa, e Tinajo. Según explicó el consejero del área de Agricultura, Higinio Hernández, la medida requiere un cambio en el Programa de Infraestructura Rural y Agraria en materia de regadío, ideado por la Consejería del Ejecutivo regional, de cara a mejorar la distribución de aguas reutilizada en las fincas del norte de Lanzarote. Aunque la propuesta contó con el respaldo de todo el grupo de gobierno, fue duramente criticada por los grupos de la oposición que consideran innecesaria la ejecución. Hernández, por su parte, defendió la iniciativa y aseguró que la demanda de agua desalada para uso agrícola “ha aumentado”, sobre todo, en la parte norte de la Isla, concretamente en pueblos como Arrieta, Órzola o Punta Mujeres, donde la distribución de agua “no es suficiente” para el suministro.
Otra de las propuestas del área de Agricultura y Ganadería más contestadas por la oposición, aunque aprobada, fue la de cambiar la inversión del Programa de Infraestructuras Ganaderas 2002-2006, unos 53.000 euros, destinados a priori a la fábrica de pienso por mejoras en el matadero insular. La oposición condenó la actuación y Alternativa Ciudadana pidió incluso la dimisión del consejero.
Según la oposición, esta propuesta resulta “demasiado arriesgada” y Lanzarote “corre el riesgo de perder la subvención”. “No es posible que después de tres años desde que fue adjudicada la cantidad no se haya invertido”, se quejó la consejera popular, Astrid Pérez y añadió que el Cabildo tendrá ahora “que suplicar” al Ejecutivo regional un cambio en la inversión por “una nefasta gestión”.
Crispación política
La sesión plenaria celebrada en el Cabildo de Lanzarote estuvo, una vez más, marcada por la crispación. La mala o más bien nula relación que existe entre el grupo de gobierno (CC-PSOE) y los partidos en la oposición (PP-AC25-M y PIL) no sólo dejó ver la disconformidad de los grupos fiscalizadores respecto a las acciones del equipo gestor sino que además dilató más de lo estimado la duración del pleno.
La oposición no dudó a la hora de acusar de “sometidos” a los miembros del Partido Socialista, a su juicio, “obligados a secundar las acciones de los miembros de Coalición Canaria por mantener el pacto”, tal como apuntó la consejera popular, María Dolores Luzardo, durante el debate sobre la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del entorno del Castillo de San José, en Arrecife. Un asunto que caldeó el ambiente.
En este sentido, el consejero de Alternativa Ciudadana, Pedro Hernández, culpó a la presidenta de “estar vendida a los intereses de la Autoridad Portuaria” y exigió al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Carlos Espino, un cambio en la actitud de su grupo: “Carlos, por favor, llama a Manolo (en referencia al vicepresidente del Cabildo, Manuel Fajardo) y dile que vote en contra”, requirió el representante de Alternativa en su afán de alterar la votación del Cabildo en la reunión de la Autoridad Portuaria, cuya celebración en Las Palmas fue paralela a del pleno.
Por su parte las consejeras del PIL apuntaron sobre este asunto que se trata de “una argucia de la presidenta” a quien señalaron como “cómplice de la Autoridad Portuaria”.
Las críticas lanzadas contra la gestión del consejero de Agricultura, Ganadería y Caza, Higinio Hernández, cuyo cese se solicitó en una de las mociones discutidas, también evidenciaron las fuertes discrepancias que existen entre los partidos representados en el Cabildo. “Tránsfuga”, “incompetente” o “manipulador” fueron otros de los piropos que se lanzaron mutuamente los miembros de la Corporación insular, aunque en su mayoría estos adjetivos fueron pronunciados por los grupos de la oposición.
Otros puntos de interés
El pleno del Cabildo sirvió para aprobar otros asuntos de interés. Unos consiguieron la unanimidad de los partidos políticos y otros se ejecutarán con los votos del grupo de gobierno, mayoría suficiente para llevarlos a la práctica. En este sentido destacan:
-La petición a Retevisión, a instancias del PIL, de que subsanen las deficiencias en las emisiones de los canales públicos en la zona norte de la Isla.
-La retirada de la señalización y los carteles informativos colocados en la carretera de acceso a la zona de La Geria por su gran impacto visual en la zona.
-El inicio del expediente de expropiación de picón en la Capellanía de Haría para la recuperación de los enarenados deteriorados por la tormenta tropical Delta.
-La firma de un convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en la Isla.
-La cesión de terrenos, de 9.000 metros cuadrados, al Estado para la ampliación de la cárcel de Tahíche, cuyas instalaciones se han visto desbordadas por la cantidad de internos.
