La vecina de Tahíche Rosario González informó este lunes a este medio que el Defensor del Pueblo Europeo ya ha recibido la reclamación que efectuaron denunciando la construcción de la nueva vía. Para ello mostró el acuse de recibo enviado hacia su persona por el jefe del Departamento Jurídico de dicha figura, Joao Santana, con fecha 04/02/2008.
El Defensor del Pueblo Europeo tiene como finalidad investigar las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Comunidad Europea.
En el escrito que le remiten le informan de que un jurista, Samir Mohamed Gharbaoui, será el responsable de la reclamación y le informan además que el Defensor del Pueblo sólo puede proceder a una investigación si se cumplen las condiciones de admisibilidad de las reclamaciones que establecen los tratados constitutivos de las comunidades europeas y el Estatuto del Pueblo Europeo.
La información relativa a la admisibilidad de su reclamación, añaden, le sería facilitada en el tiempo más breve posible. Por otro lado, sostienen que las reclamaciones dirigidas al Defensor del Pueblo Europeo, así como la documentación anexa, reciben un trato público a menos que el firmante de la reclamación solicite su confidencialidad.
Por otra parte, explican que las decisiones del Defensor del Pueblo sobre las reclamaciones se publican en el Informe Anual y en la página web del Defensor del Pueblo, sin que se dé a conocer el nombre del denunciante.
Según explicó Rosario González a este medio, los vecinos denunciaron ante esta institución por correo electrónico que el proyecto de carretera de Tahíche nunca estuvo a exposición pública ni en el Ayuntamiento de Teguise ni en el Cabildo, aunque fue tras el último e-mail enviado con fecha 25 de enero en el cual añadían que no se medía desde 1997 el nivel de decibelios en la zona cuando obtuvieron respuesta.
Según explicó González, los decibelios deben medirse en las carreteras que soporten 6 millones de coches anuales. En este sentido expuso que en Tahíche pasan una media de 8 millones de vehículos al año y que ya en 1997 se habían sobrepasado los límites establecidos.
