El Comité Local del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en
Teguise asegura este martes en nota de prensa que acogido con gran sorpresa la noticia aparecida el día 21 del presente mes de marzo en la que se informa de que una investigación contra el que fuera secretario general del PSOE y exconsejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, afecta ahora también al actual presidente del PIL, Ramón Bermúdez.
No son nuevas la discrepancias de este Comité del PIL con el actual presidente del partido, con lo que el comunicado de prensa de los insularistas de Teguise contiene ciertos tintes de ironía y sarcasmo.
Respecto a las novedades aportadas por el Juzgado de Instrucción y Primera
Instancia nº 4 de Arrecife, desde el Comité Local del PIL en Teguise transmiten a la opinión pública su "extrañeza ante la investigación abierta contra Ramón Bermúdez Benazco al tratarse este de una persona "correcta, honesta, pulcra e inmaculada que ha velado siempre por el cumplimiento de la legalidad y el bien hac er de las cosas” según sus propias manifestaciones".
Los insularistas de Teguise exponen que "con el bagaje de rectitud y honestidad que el propio Ramón Bermúdez se reconoce públicamente, nos cuesta creer que haya cometido una ilegalidad tan manifiesta como es votar a favor de una calificación
territorial con los informes jurídicos negativos".
Además, desde el Comité Local de Teguise afirman que quieren "desear la mayor de las suertes a Ramón Bermúdez en esta nueva andadura judicial que le toca emprender".
En este sentido, conviene recordar que Carlos Espino, ex consejero de Política Territorial del Cabildo y ex secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote, ha sido citado a declarar el próximo 5 de abril a las 11:00 horas ante el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife para responder por un presunto delito de prevaricación continuada y cohecho.
Los hechos se remontan a diciembre del 2008, cuando el Cabildo lo presidía la también socialista Manuela Armas. En esa época, según declaró un 30 de julio a la jueza el empresario Luis Lleó, imputado por cohecho en el caso Unión por intento de soborno supuestamente a Carlos Espino, éste le pidió una contraprestación por una gasolinera en Playa Quemada, lo cual denunció a la Guardia Civil en 2010, denuncia que ahora deriva en juicio. En la denuncia de Lleó se acusa a Espino de conceder la licencia de dicha gasolinera a Honorio García Bravo, a pesar de que el proyecto contaba una calificación territorial con informe negativo de la jurista del Cabildo, que ratificó su informe negativo en los propios tribunales. Según esta denuncia, Espino otorgó al actual gestor de dicha gasolinera la licencia, mientras que presuntamente "demoró otra solicitud similar al empresario Luis Lleó".
En la denuncia de Luis Lleó contra Carlos Espino, a la que se ha sumado como acusación popular la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías Procesales Jiménez de Asúa, el representante socialista le insinuó que “le pagara 150.000 euros a cambio de acceder a la calificación territorial", tal y como destaca el citado rotativo.
La acusación popular además amplía la denuncia contra los integrantes del Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote de diciembre del 2008, etapa que fue presidida por la socialista Manuela Armas, afectando ahora también al presidente del PIL, Ramón Bermúdez.
