lunes. 12.05.2025
El Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, Alberto Palomar, es el encargado de impartir el curso

El Ayuntamiento de Tías organiza una jornada formativa sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común para sus empleados públicos

El alcalde de Tías, Pancho Hernández, explica que “empleados y cargos públicos profundizaremos en el conocimiento de esta nueva norma que redundará en la calidad del servicio y en la transparencia de la administración”

El Ayuntamiento de Tías, a través de su Concejalía de Recursos Humanos, ha organizado una jornada formativa, dirigida a sus empleados públicos y con carácter obligatorio, sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015 y 40/2015 de 1 de octubre).

Así, desde este pasado martes y hasta este miércoles, alrededor de un centenar de trabajadores pertenecientes a la plantilla del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Tías, así como los concejales de la corporación, conocen de primera mano los principales cambios y novedades que ha introducido la nueva ley y que afectan, fundamentalmente, a la tramitación de los expedientes administrativos.

El Consistorio explica en nota de prensa que el alcalde de Tías, Pancho Hernández fue el encargado de inaugurar esta jornada y dar la bienvenida a Alberto Palomar Olmedo, Magistrado de la Sala 23 del Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Madrid quien imparte el curso. “Gracias a esta jornada formativa”, explica el alcalde, “empleados y cargos públicos podremos profundizar en el conocimiento de estas normas que van a afectar en gran medida al desempeño del servicio público y que redundarán directamente en la calidad y en la atención al ciudadano, así como en la transparencia de las administraciones públicas”.

Entre los aspectos más destacados de la nueva ley se encuentra la implantación de los sistemas electrónicos de comunicación entre la administración y los ciudadanos o las empresas. Ello conlleva el empleo de firmas digitales en la presentación de escritos y tramites administrativos, la eliminación del papel y la agilización en las notificaciones. Asimismo, se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado.

En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. Por otra parte, también se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera para evitar el despilfarro de los recursos, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.

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