La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado este viernes al que fuera interventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz a una pena de un año de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
La Audiencia asegura que Sáenz fue “cooperador necesario criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y un delito continuado de fraude a la administración del artículo 436, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de confesión tardía del artículo 21-7 y dilaciones indebidas del artículo 21-6”.
Según la información adelantada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el resto de acusados de este proceso que lleva precisamente el nombre del ex interventor y del dueño de la empresa de recaudación y que ha durado varios lustros, han sido finalmente absueltos en la sexta y última pieza del conocido ‘caso Montecarlo’, que empezó a juzgarse el 7 de octubre de 2025.
En esta pieza se estudió el abono presuntamente arbitrario de 3,2 millones a la empresa Tunera Producciones, especializada en organización de eventos, por parte del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2012. De esta cantidad, 121.182 euros habrían sido por servicios que no llegaron a realizarse, según se determina en la acusación, algo similar a lo que pasó con la pieza anterior por la que finalmente se absolvió a todos los acusados y a las empresas que se creía que no habían prestado servicios que finalmente se demostró que sí que prestaron. Tras todos estos años de tensa espera ha quedado por tanto acreditada la inocencia de las personas participantes, entre ellos la conocida y prestigiosa empresa que organiza numerosos eventos en toda Canarias.
En el banquillo de los acusados por esta causa se encontraron además del único condenado el ex alcalde de Arrecife José Montelongo, el administrador de la empresa bajo investigación, Eduardo Ferrer, y varios concejales como Víctor San Ginés, Eduardo Lasso o Lorenzo Lemaur. Además, también estaban entre los acusados antiguos asesores o trabajadores municipales como José Nieves, Miguel Ángel Leal, Francisco Hernández o Blas Cedrés.
