La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado este viernes al que fuera interventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz a una pena de un año de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
La Audiencia asegura que Sáenz fue “cooperador necesario criminalmente responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP y un delito continuado de fraude a la administración del artícuo 436 del CP con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de confesión tardía del artículo 21-7 y dilaciones indebidas del artículo 21-6”.
Según la información aportada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el resto de acusados han sido finalmente absueltos en la a sexta y última pieza del conocido ‘caso Montecarlo’ que empezó a juzgarse el 7 de octubre de 2025. En esta pieza se estudia el abono presuntamente arbitrario de 3,2 millones a la empresa Tunera Producciones, especializada en organización de eventos, por parte del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2012. De esta cantidad, 121.182 euros habrían sido por servicios que no llegaron a realizarse, según se determina en la acusación, algo similar a lo que pasó con la pieza anterior por la que finalmente se absolvió a todos los acusados y a las empresas que se creía que no habían prestado servicios que finalmente se demostró que sí que prestaron.
En el banquillo de los acusados por esta causa se encuentraban el ex alcalde de Arrecife José Montelongo, el ex interventor del Ayuntamiento Carlos Sáenz, el administrador de la empresa Eduardo Ferrer, y varios concejales como Víctor San Ginés, Eduardo Lasso o Lorenzo Lemaur. Además, también estaban entre los acusados antiguos asesores o trabajadores municipales como José Nieves, Miguel Ángel Leal, Francisco Hernández o Blas Cedrés.
