El Ayuntamiento de Arrecife rechaza que el Gobierno central y el canario desvíen la atención sobre el problema de la inmigración en instituciones que no tienen competencias
Los partidos que conforman el grupo de gobierno de Arrecife han instado al Gobierno de España, a través de una moción aprobada en el pleno ordinario celebrado este viernes, a dotar de los efectivos necesarios para hacer frente a la crisis migratoria, como han hecho en otros territorios del Estado con crisis de este tipo; y a que cumpla con la Carta de Derechos Humanos y dispense a las personas migrantes un trato digno y adecuado a su situación “en lugar de hacinarlos en espacios reducidos sin las más mínimas condiciones higiénicas o sanitarias como ha venido haciendo hasta ahora”, tal como ha manifestado la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez.
Según recuerda el Gobierno municipal en nota de prensa, el PSOE votó en contra de la urgencia de la moción presentada para hablar del drama de la inmigración. A este respecto, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, aseguró que “me parece indecente que el partido socialista que apoya al gobierno español y al gobierno canario que tienen competencias exclusivas en materia migratoria, intenten desviar la responsabilidad a terceros que no tenemos ninguna competencia al respecto”.
Astrid Pérez abundó a este respecto denunciando como “absolutamente vergonzoso que incluso haya partidos políticos que están incitando a administraciones públicas a dictar resoluciones en contra de la ley”, en referencia a la tramitación de la licencia para la apertura del CATE. El pleno ha manifestado su rechazo a utilizar instalaciones para acogida de personas migrantes, como la construida en las inmediaciones de la Policía Nacional de Arrecife.
Hacinamiento de inmigrantes
Además, la alcaldesa ha acusado al Gobierno de España de “seguir permitiendo que personas migrantes se sigan hacinando en dos naves industriales y planteando como solución un campamento en un solar cercano a la Comisaría de Policía que se inunda de aguas fecales cuando llegan las lluvias”, cuando además la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, ha desistido de presentar la documentación requerida para legalizar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado en pleno centro de Arrecife, al no haber cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias requerido desde noviembre de 2021.
Al respecto de la denominada “nave de la vergüenza” Astrid Pérez aseguró que “llevo desde octubre de 2021 denunciando que se estaba cometiendo una ilegalidad por parte del gobierno español hacinando en una nave a personas migrantes y he mantenido reuniones, hasta en tres ocasiones, para intentar subsanar las ilegalidades cometidas por el Ministerio del Interior en Arrecife”.
Todavía no se ha instalado el SIVE
Pérez ha responsabilizado al Ministerio del Interior, dado que “hace tres años desde que pedí al ministro Marlaska que instalara el radar que había comprado el gobierno español bajo durante la presidencia de Mariano Rajoy y por culpa de no haber instalado ese radar ha muerto mucha gente en las costas de Lanzarote. Por ello, desde el Ayuntamiento de Arrecife requerimos con carácter urgente al gobierno español que instale el radar y que, de una vez, el gobierno español, el canario y el Cabildo de Lanzarote como únicos competentes en materia migratoria, cesen en su idea de mantener a todas esas personas migrantes en esas naves que no cumplen con los más mínimos criterios de dignidad como tampoco lo cumple el CATE ilegal que han implantado en Arrecife”.
Por todo ello, según también puso de manifiesto el portavoz nacionalista, Echedey Eugenio, “instamos al delegado del Gobierno en Canarias a dejar de lado la política partidista y a cumplir con sus obligaciones, que no son otras, en este caso, que buscar soluciones que permitan dignificar la estancia de estas personas en la isla en lugar de jugar a la guerra política como ha venido haciendo el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Canarias, responsabilizando a las instituciones que no son de su color político cuando, tras más de dos años, ninguna de ambas instituciones gubernamentales han hecho nada para garantizar la correcta atención de las personas llegadas a la isla”.
Por último, los partidos que conforman el gobierno municipal consideran que Lanzarote y el resto de Canarias necesitan de una política migratoria responsable que no se limite exclusivamente al despliegue de centros de acogidas sino que garantice los derechos de las personas y que, a su vez, contemple una mayor cooperación, más diálogo con las oenegés que trabajan en primera línea con los migrantes, más apoyo a las instituciones locales, más recursos para el control de las fronteras, más agentes para velar por la seguridad ciudadana, y acuerdos bilaterales con los países de origen de las pateras, entre otras medidas.
