Charco de San Ginés en Arrecife. / Fotos: Dory Hernández.
El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife decidió este lunes rechazar por unanimidad la declaración del Charco de San Ginés como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Sitio Etnográfico, en los términos propuestos por el Cabildo insular al considerar el expediente incompleto y carente de rigor científico y técnico. Además, la Oficina Técnica municipal entiende que el entorno de protección es excesivo y propone presentar las correspondientes alegaciones a la apertura del procedimiento e instar al Cabildo, así como demás administraciones competentes, a ejercer el deber de cooperación administrativa. El Área de Patrimonio Histórico remitió al Ayuntamiento en enero de este año la propuesta para incoar BIC el Charco, pero el Cabildo omitió la audiencia a los interesados, trámite esencial en este tipo de procedimientos. Coalición Canaria recriminó al alcalde por no contestar desde el mismísimo mes de enero la propuesta hecha por la Corporación que preside Manuela Armas, mientras que el PP recordó que es la Comunidad Autónoma la administración competente para efectuar en primer término declaraciones BIC. Por su parte, Alternativa Ciudadana dijo no compartir que el Cabildo pretenda restringir la intervención sobre viviendas cercanas al Charco de gente de pocos recursos y sí proponga libertad sobre otras propiedades del entorno casualmente de personas pudientes.
Sin plazo concreto para alegaciones
El pasado 8 de agosto se hizo público en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el acuerdo de incoación del expediente en mención abriéndose un periodo de información pública a fin de que las personas interesadas pudieran presentar alegaciones a partir de la fecha de publicación. No obstante, la Oficina Técnica tacha de “alarmante” que el anuncio no determinase el plazo para formular las alegaciones, “lo que coloca a toda aquella persona física o jurídica que pretenda participar en el procedimiento, en la tesitura de adivinar el período de alegaciones que en la voluntad del órgano instructor obra”. El Ayuntamiento no pone en duda la singularidad del emblemático espacio pero reclama que en la declaración BIC deben suscribirse claramente el bien y su entorno, sus partes integrantes, pertenencias y, en su caso, bienes vinculados. Así, el informe técnico expone que el texto de la resolución no describe los bienes muebles o inmuebles poseedores de valores propios de la cultura tradicional o popular, sino que se realiza una descripción genérica de la zona y de sus valores históricos omitiéndose los elementos descriptivos del inmueble y del entorno que pudiera ser alterado. Enrique Pérez Parrilla subrayó que por encima de la procedencia de la propuesta su deber como máximo responsable de la ciudad es defender sus intereses y los de sus ciudadanos, en referencia a una intervención del PP que le restregaba el claro desacuerdo con el proceder de su compañera de partido Manuela Armas.
Nuevo varapalo a la famosa “corrección de errores”
La sesión plenaria tenía en agenda un punto relacionado con la aclaración de la naturaleza jurídica del acuerdo adoptado durante el mandato de María Isabel Déniz, el 19 de marzo de 2007, sobre la tan debatida corrección de errores del documento de Adaptación Básica del Plan General de Arrecife a las leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. El Ejecutivo regional denunció al Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en octubre de 2007, argumentando que no es su competencia aprobar la corrección y advirtiendo que la vía de la corrección de errores materiales o de hecho podría constituir una revisión encubierta del documento o la modificación del planeamiento, hecho que Alternativa Ciudadana se ha cansado de denunciar. Pues bien, hay una decisión judicial, que los grupos de la oposición dijeron no tener, que confirma que el Ayuntamiento no debió aprobar el documento de corrección. El alcalde sugirió, y así se hizo, dejar sobre la mesa el asunto para que todos pudiesen estudiar la sentencia o el auto y pronunciarse en consecuencia.
Sanciones ejemplares
A pesar de que los propietarios de una nave de almacenaje de productos y los de un taller de chapa y pintura han pedido prórrogas para normalizar su funcionamiento, el grupo de gobierno de la capital ha decidido continuar con los expedientes sancionadores por infringir la Ley de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas y prevé una multa de 30.000 euros para cada negocio. La oposición se mostró extrañada por la celeridad en la resolución de estas sanciones y particularmente Alternativa preguntó por qué, por ejemplo, no se mide con la misma vara las naves ilegales de Tenorio. “No hemos visto sanciones y hay que castigar por igual a todos los que violan la Ley”, argumentó Ginés Quintana. En esta misma dirección se pronunciaron los otros grupos políticos que hacen oposición y optaron por abstenerse en la votación. Alternativa propuso un censo de actividades ilegales y de inmediato emprender todas las acciones oportunas.
La nave objeto de la sanción funciona en el polígono industrial Lloret y Llinares y tramita la licencia de apertura. Sus propietarios trabajaban en Playa Honda pero un incendio obligó el traslado de urgencia a Arrecife y piden una prórroga temporal para poder hacer modificaciones del proyecto industrial. En caso de cerrarse, 19 puestos de trabajo estarían en peligro. El otro caso es el de un taller localizado en la calle Víctor Hugo cuyo dueño también está dispuesto a cumplir con la normativa.
Acuerdo con AETUR
La Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (AETUR) explotará y gestionará el puesto de información turística de Arrecife del kiosco de la música. La patronal se compromete como mínimo a abrir el puesto de información de 10:00 a 13:00 horas pero según se apunta desde el grupo de gobierno los horarios serán mucho más flexibles, sobre todo los días en que se prevea la llegada de cruceros.
