Tras la aprobación del ansiado Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Archipiélago Chinijo (L-2) en los términos municipales de Teguise y Haría, se empiezan a escuchar las primeras voces en contra.
El presidente de la Cofradía de pescadores de La Graciosa, Marcos Páez, ha sido uno de los primeros en mostrar su desacuerdo con la nueva normativa, ya que no cree que este documento que “llevan esperando más de veinte años responda a las expectativas de los gracioseros”. Por su parte, el consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio del Cabildo, Carlos Espino, valora como “satisfactoria” la firma del Plan Rector, pero reclama la implicación del Ministerio de Medio Ambiente ya que “el Organismo Autónomo de Parques Nacionales es propietario de la mayor parte de La Graciosa”.
En definitiva no parece que la aprobación de este documento acabe de convencer a los implicados, por lo que el representante de la Cofradía ya ha anunciado que “piensan recurrir los aspectos que perjudiquen a la población de La Graciosa, sobre todo en lo que se refiere a la pesca”.
Una normativa polémica
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) pretende definir la ordenación pormenorizada completa del espacio que incluye el Archipiélago Chinijo, pero no cuenta con el apoyo de la Cofradía de pescadores de la Graciosa, cuyo representante ha valorado como "un trámite que simplemente va a legalizar las prohibiciones que hasta ahora se estaban imponiendo sin una ley que las respaldase”.
Páez denuncia que hasta el momento “se estaba aplicando el Plan Rector sin estar aprobado y ahora no va a cambiar nada si no se modifican muchos aspectos del texto”, aspectos entre otros, como el de asignar una partida presupuestaria específica que respalde la normativa, una de las cuestiones que más preocupa al presidente de la Cofradía.
Básicamente quiere que se cuente con el criterio de los “verdaderos afectados”, los gracioseros, que son los que están “sufriendo las prohibiciones que les niegan hasta un puñado de arena para arreglar sus casas”.
El Plan Rector dilatará otros ordenamientos territoriales
Por otra parte, Carlos Espino ha mostrado su preocupación por la “dilatación de los procesos de aprobación” que parece que vana a sufrir el resto de ordenamientos territoriales pendientes, tras la entrada en vigor de la Ley de Efectos de Planes y Programas en el Medio Ambiente. Entre otros, esta ley afectará a los proceso de ratificación de La reserva Natural de los Islotes, el Paisaje Protegido de la Geria o el Sitio de Interés Científico de Los Jameos.
