El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Arrecife, Antonio Hernández, acercó posturas la semana pasada con los redactores del Plan General al mismo tiempo que espera el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC). Así lo dijo este martes en el programa “El Despertador” de la 95.8, donde añadió además que el motivo del encuentro no era otro que trasladarles a los redactores la necesidad de “finiquitar” el contrato para dárselo a otro equipo redactor y pedir la “máxima colaboración” para el futuro, en el sentido de que, explicó, “son ellos los que han estudiado y conocen perfectamente la ciudad de Arrecife”.
La colaboración, dijo, pasaría por ayudar al otro equipo redactor “pues entiendo que podríamos adelantar muchísimo en el tiempo”. El edil defendió el trabajo de este equipo. “Tenemos que darnos cuenta que son empresas que hicieron lo que el equipo de gobierno del momento les mandó a hacer y que, por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de hablar”, aclaró.
Por otro lado, y en referencia a la firma el pasado viernes del decreto de ruina inminente de las naves de la Rocar, Hernández sostuvo que la Concejalía de Asuntos Sociales que preside Emilia Perdomo cuenta con un censo completísimo de sus moradores.
En relación al destino de estas personas cuando se produzca el derribo, adelantó que el Consistorio ya ha mantenido los contactos pertinentes con los ayuntamientos de origen de los moradores de la Rocar ante la posibilidad de retornarlos.
Por otra parte y siguiendo con la Rocar, Hernández explicó que la primera parte de las naves se derribarían en quince días y “si la propiedad no quisiera actuar luego actuaría el propio ayuntamiento con cargo a la propiedad”. No obstante, los plazos son de 15, 55 y 72 días, dependiendo del techo y del volumen que tienen. Además, explica que el retraso se debe a que hubo que pedir presupuesto a empresas especializadas en derribo de estos techos de amianto y la más barata que se encontró fue una empresa de Valencia.
La empresa se encargaría no solo de retirar esas planchas sino de transportarlas a un vertedero especializado que también tienen. “Hay que contar con el transporte de dichas planchas y demás, que es por lo que se encarece tanto esa forma de derribar las naves”, dijo. Por otro lado, y sobre la pretensión de derribar la nave, Hernández fue tajante, “no se puede rehabilitar una cosa que está totalmente en ruinas como así lo dicen los informes; creo que tenía que haberlo rehabilitado o no dejarlo de haber llegado al estado en el que llegó de ruinas pero, en fin, eso es una cosa”.
Además, añadió que “entendemos que en el centro de la ciudad no se puede permitir el que existan unas naves, un punto negro, un punto de contaminación como el que existe ahora mismo y, sobre todo, con ese riesgo que hay de que algún día ocurra cualquier desgracia en el sentido de que esas naves están en el estado de ruina y que cualquier techo o pared que se pueda derrumbar”. En este sentido, argumento que “sabe que hay ciudadanos que viven dentro y que por lo tanto, lo único que pretendemos es evitar el que ocurra una desgracia y por lo tanto yo no estoy hablando de comprar el suelo, ni que el Ayuntamiento se quede el suelo ni mucho menos de hacer nada, yo de lo único que estoy hablando es de evitar y de eliminar, digamos, ese foco negro de infección que existe en el centro de la ciudad”.
