Los concejales de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) del Ayuntamiento de Arrecife han solicitado al grupo de gobierno la retirada del Catalogo Municipal de protección de bienes, aprobado en el pleno celebrado el pasado día 19 de Mayo. Andrés Barreto Concepción y Ginés de Quintana Cabrera han manifestado su preocupación por el contenido del citado documento “por cuanto entendemos que posiblemente el catalogo se haya realizado, desde los despachos, con una mera visionada del avance, sin dirección profesional alguna y sin tener en cuenta las orientaciones condicionadas de valores arquitectónicos, históricos o etnográficos de cada bien protegido”, afirman.
El grupo en la oposición no entiende los cambios en la protección de muchos edificios. “Sorprende que, sin justificación ni directiva alguna, viviendas protegidas en su día con la catalogación de protección integral, se propongan hoy como protección parcial; asimismo, sorprende que la mayor parte de las casas catalogadas con protección parcial, hayan desaparecido del catalogo, y ello pese a que se argumentó con creces la protección en ambos casos.
Consejo de expertos
Alternativa reconoce que la totalidad de las edificaciones catalogadas en su día, posiblemente no reunieran los requisitos para ello, pero consideran imprescindible “que el catalogo se lleve a efecto con la rigurosidad profesional y técnica que ello conlleva, partiendo de los elementos objetivos que regulan la catalogación de nuestro patrimonio”, aseguran en las alegaciones.
Asimismo, consideran que el primer paso que deber dar el Ayuntamiento de Arrecife es la creación del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, “compuesto preferentemente por conocedores y licenciados en la materia, a los que habría que dotar del presupuesto necesario para que desarrollen el trabajo de catalogación, partiendo de bases históricas, etnográficas y arquitectónicas”, recomiendan.
Este Consejo Municipal de Patrimonio Histórico debe asumir, según los concejales de AC-25M, la dirección, asesoramiento y orientación a los ciudadanos propietarios de las futuras casas protegidas, con la finalidad de que la catalogación no implique una carga económica para los mismos. De esta forma, en las citadas casas podrían actuaciones de mejoras y acondicionamiento, perfilando su uso como vivienda particular, museo o comercial, así como la orientación de ayudas municipales, insulares, autonómicas, estatales o europeas sobre el bien protegido.
