El movimiento social y político Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) considera el juicio contra la cinco mujeres sindicalistas de Intersindical Canaria "un método de coerción social y la vulneración del derecho fundamental de huelga, expresión y manifestación". Por ello, y en la víspera del juicio que tendrá lugar este martes, día 29 de julio, exigen el sobreseimiento de la causa.
Los hechos, según exponen este lunes los asamblearios en nota de prensa remitida a Crónicas, transcurrieron el Día Internacional de la Mujer Trabajadora del año 2012, cuando las sindicalistas entraron en las dependencias de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas y desplegaron una pancarta con la leyenda de “Mujeres canarias contra la reforma laboral”. Para Alternativa Ciudadana, "la alevosía en la detención es tan evidente que, un periodista que cubría la información del acto de protesta, fue también inicialmente procesado, viéndose obligados con posterioridad a rectificar y a retirar los cargos ante el escándalo montado." asegura la organización.
Alternativa explica que el procesamiento está promovido por la Fiscalía, cuyo titular es Miguel Pallarés y por el Juzgado nº 8 de Las Palmas, siendo magistrada titular la jueza María Victoria Rosell, miembro destacada a su vez de "Jueces para la Democracia".
Desde la formación asamblearia insisten en que "esto se debe a un proceso articulado premeditadamente por el Partido Popular, la Delegación del Gobierno en las Islas Canarias, y la connivencia del Gobierno Autonómico de CC-PSOE. De esta forma tratan de criminalizar la protesta social de tal manera que se acallen las voces críticas a la política de recortes y la dictadura de los mercados que practica el Gobierno.
Es un aviso a la ciudadanía, dándoles a entender que el aparto represivo del Estado funciona perfectamente contra los que protestan"
Moción en el Cabildo
Desde Alternativa Ciudadana 25 de mayo consideran que recogen el llamamiento del Secretariado Nacional Confederal de Intersindical Canaria, y de las propias implicadas entendiendo desproporcionada e infundada la petición de un año de prisión con suspensión del derecho a votar para las sindicalistas Luci Rodríguez, Asunción García, Guacimara Vera, Pino Monzón y Aisha Hernández. Por ello, van a presentar una moción institucional al Cabildo insular, esperando que lo apruebe el Pleno de la Corporación, y dé traslado a las instituciones y órganos implicados.
"Como representantes políticos de la ciudadanía, nos inquieta que se judicialicen las protestas ciudadanas no violentas, y exigimos el sobreseimiento total de la causa, y así lo haremos presente en las instituciones. Debemos hacer frente al proceso de represión sistemática del derecho fundamental de expresión, huelga y manifestación", expone Alternativa Ciudadana.
