A veces se necesita que los periodistas buceemos en las informaciones aparentemente más obvias para que nos enteremos de las cuestiones más sorprendentes. Eso al menos me ocurrió cuando me enteré de que los extranjeros no comunitarios, los extranjeros que no proceden de ningún país de la Unión Europea (UE), no tienen derecho al descuento del 38 por ciento para volar en avión o para viajar en barco. Estos días lo he vuelto a comentar en la redacción, y ciertamente me sigue pareciendo extraño, raro. Muchas veces nos preocupamos tanto de cuestiones sin importancia que abarcan el mayor tramo de la actualidad informativa que se nos olvida lo más importante. Y este tema lo es.
Resulta increíble que ciudadanos del mundo que llevan veinte o treinta o seis años viviendo en Canarias de forma legal, gente que paga sus impuestos y que contribuye a enriquecer las necesitadas arcas de la Seguridad Social, no tenga acceso a los mismos derechos. Como diría mi abuela, uno no es de donde nace sino de donde pace. Y por tanto, estos pacedores, esta gente que ha venido de otros países para encontrar la oportunidad que allí no se les brinda, debe compartir los derechos de los españoles en el momento en el que adquieren todas sus obligaciones.
Por eso no está mal que en los medios de comunicación, que para algo tenemos que servir de vez en cuando, incidamos en este asunto. Parece de justicia el “obligar” a nuestros políticos a que se muevan también en la defensa de estos extranjeros no comunitarios. No basta con que luego les pidan el voto con promesas a aquellos que les podrán votar en 2007, basta con que al menos intenten resolver una cuestión que parece de cajón.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de interrumpir otro año más sus vacaciones para estar presente en la Galicia arrasada por el fuego, cuenta ya con una carta remitida hace tiempo por un ciudadano argentino que se llama Raúl Castro. Él sólo es un ejemplo de miles de personas que se encuentran en la misma situación. Esa carta no tendría que haber sido leída como si la enviara una sola persona, debería haber sido leída como si esa persona representara los intereses de miles de ciudadanos. Creo que todavía no hay respuesta.
Por otro lado, y hablando del descuento a los residentes para viajar en avión y en barco, me gustaría significar lo que para mí resulta un fraude. Bueno, tal vez la palabra fraude es muy fuerte. La cambiaré por engaño, que es políticamente más correcta. Me refiero al cuento ese que nos cuentan sobre el descuento del 38 por ciento que se aplica a las tarifas que nos aplican cuando viajamos en barco o en avión. En realidad, y reto a cualquier representante de una compañía a que me demuestre lo contrario, el 38 por ciento de descuento se suele aplicar sobre precios que están un 38 por ciento por encima de su valor real. Es decir, al final lo que pagamos los residentes canarios no es más que el precio que las compañías estiman rentable para trasladar su pasaje.
Si esto no fuera así, no se explicaría que cueste más barato a un peninsular viajar a Canarias con una semana de hotel a media pensión que a un canario trasladarse a la Península. No se explicaría que para viajar de Lanzarote a Tenerife o de La Palma a Gran Canaria se pague mucho más caro de lo que paga un ejecutivo de Madrid que coge el puente aéreo que le lleva a Barcelona en el mismo tiempo.
Está bien que los políticos se ocupen del problema de los extranjeros no comunitarios, que atiendan su justa reivindicación e intenten que en Madrid se modifique lo que haya que modificar para que accedan al descuento para realizar los viajes en barco y en avión. Ahora, tampoco estaría mal que esos mismos políticos trataran de convencer a los dirigentes de la nación de que exijan a las compañías aéreas -del transporte en barco no hablo porque su uso es mucho más limitado- que nos dejen de tomar el pelo. Únicamente se aplica el 38 por ciento de descuento cuando aparecen las ofertas, ofertas que curiosamente también tienen los residentes en la Península y los habitantes de Hawai. Está guay tener un paraíso como Canarias para descansar, que todos los europeos puedan venir aquí a desestresarse, pero también está guay que los que vivimos aquí podamos tener una calidad de vida que se parezca al menos en algo a la que tienen los habitantes del continente, y que los extranjeros legales que viven con nosotros accedan a los mismos derechos.