José Hilaro Martín, a la izquierda de la imagen.
Los clientes afectados por la presunta estafa de la empresa filatélica Afinsa podrían recuperar el 50% de su inversión en un periodo de 5 años si aprueban un convenio presentado por la empresa que ha sido admitido a trámite por el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid.
La empresa filatélica fue intervenida el 9 de mayo de 2006 tras una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en documento privado. La decisión de la Fiscalía fue tomada en base a la consideración de la empresa como entidad financiera y no mercantil como hasta entonces, aplicándose otra contabilidad.
José Hilario Martín, representante de la Asociación de Clientes de Afinsa en Las Palmas, ha denunciado a este periódico que un año antes de la intervención, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó un documento que incluía la filatelia como actividad mercantil, por lo que la empresa “no incurriría en ningún delito y podría seguir su curso habitual”.
En este sentido, el acreedor grancanario ha lamentado la “incongruencia” que, a su juicio, representa la postura de la Fiscalía Anticorrupción declarando la filatelia como actividad financiera, cuando el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la categorizan como mercantil.
El plazo para adheririse al convenio expira el 28 de agosto
La solución para José Hilario Martín pasa por la aprobación del convenio presentado por la empresa por el cual los acreedores podrían recuperar el 50% de su inversión en 5 años y, además, “no renunciarían a la Responsabilidad Patrimonial del Estado”, que prevé unas indemnizaciones `por los daños ocasionados. Los acreedores pueden adherirse al Convenio hasta el próximo 28 de agosto.
La otra opción, la liquidación de la empresa, dibujaría, según el representante de la Asociación de Clientes de Afinsa en Las Palmas, “el peor escenario posible”, ya que los acreedores podrían recuperar a lo sumo “un 20% de su inversión”.
José Hilario Martín ha denunciado la falta de información a los acreedores sobre el Convenio y los trámites administrativos a seguir para adherirse a él, así como el nulo interés que, en su opinión, ha mostrado la clase política ante la situación de los 190.000 afectados por la intervención de la empresa.
