La discutida Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en uno de sus artículos se refiere a la presunción de veracidad del profesorado, que se tiene que cumplir por parte de la Administración educativa.
Observamos un incremento de expedientes a profesores por conflictos con alumnos y familias y sospechamos que existen bastantes casos en cuya instrucción se han saltado a la torera la presunción de veracidad que se contempla en la citada ley.
Es intolerable que en muchas ocasiones la propia Inspección educativa y directores de centros sean cómplices del incumplimiento de la propia ley, ya que, ante un altercado entre un profesor y un alumno, sigue creyendo antes a este que al docente. Se sigue haciendo más caso a la versión del alumnado o de las familias y se opta por expedientar con la mayor arbitrariedad al profesor. Estaríamos en estos casos ante actos ilegales e impugnables por no contemplar la normativa vigente en materia de presunción de veracidad.
Ya va siendo hora de que la propia Administración educativa, con su 'ejército' de inspectores y directores a la cabeza, cumpla la Ley y no olvide que la palabra del profesor prevalece sobre la palabra de un alumno o familia, en caso de conflicto relacionado con la funciones de aquel.
