Que nadie se quede en la calle o sin comer. En esto estamos los progresistas frente al griterío de la España negra y reaccionaria, que no soporta que un gobierno de progreso implante medidas de justicia social e igualdad, como es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se aprobará en Consejo de Ministros este viernes. No vamos a caer en la provocación de las caceroladas y las amenazas, y tampoco debemos perder ni un minuto de nuestro tiempo en rebatir sus disparatados exabruptos, así que prosigamos con nuestra hoja de ruta.
Nuestro compromiso es con la gente. PSOE y Unidas Podemos sellamos el acuerdo de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital estatal que asegure a las personas un nivel básico de renta ante posibles contingencias, con el fin de evitar que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección. No es una paguita y tampoco un acto de caridad por parte del Estado, sino un derecho fundamental recogido en la Constitución y una medida homologada en nuestro entorno político y cultural que persigue favorecer la reincorporación de las personas vulnerables a la vida normalizada.
Que el ruido no nos distraiga. Unos 850.000 hogares, la mayoría de los que sufren pobreza severa en España, se van a beneficiar del Ingreso Mínimo Vital. Así que más ruido habrá cuando abordemos otras medidas de redistribución de la renta y la riqueza mediante una reforma fiscal que corrija los grandes desequilibrios existentes hoy día. No hay que dejar de repetirlo: el modelo que tenemos beneficia más a quienes disponen de mayor renta frente a quienes tienen menos renta o directamente carecen de ingresos. Y esto no puede seguir así.
No es casual que esta medida goce del respaldo mayoritario de la población, ya que nace con la vocación de constituir la última red de protección ante la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado. Por eso, no puede generar rechazo que el estado proteja a las personas que sufren un revés con medidas que amortiguen las situaciones de penuria económica, y más cuando la víctima es la infancia. Cuando se apruebe el Ingreso Mínimo Vital, nos pareceremos un poco más a la Europa que queremos construir entre todos.
Por tanto, nadie puede quedar desprotegido. Por eso, se estima que la ayuda comenzará a abonarse a unos 100.000 hogares a los que se les concederá de oficio, mientras el resto de los potenciales beneficiaros deberán pedirla expresamente. ¿Y será para siempre? El Gobierno de coalición no se cansa de repetir, pese a las maniobras de distracción de los privilegiados, que los beneficiarios podrán percibir la nueva prestación durante un tiempo indefinido mientras cumplan los requisitos de acceso.
Pero el objetivo es mucho más ambicioso y conecta con el sentido mismo de un Estado Social y Democrático de Derecho contemporáneo, que consiste en desarrollar políticas públicas tendentes a conseguir la integración social y laboral completa de toda la ciudadanía afectada, y sin dejar de prevenir y luchar contra la pobreza. Esa es nuestra obligación, aunque chillen aquellos que confunden derechos con caridad, señoritos que creen que la dignidad se gana estirando el brazo, a toque de claxon y con el himno de fondo.